Uruguay encuentra los restos de un histórico torturado por la dictadura

"En los huesos de Julio Castro está el más certero retrato de la dictadura militar". Así recuerda el escritor uruguayo Eduardo Galeano al periodista y maestro desaparecido durante la dictadura (1973-1985), cuyos restos fueron encontrados el jueves en un cuartel militar a las afueras de Montevideo.

Recordado como uno de los creadores del semanario Marcha y fundador además del Frente Amplio, la coalición que hoy lidera desde el Gobierno el presidente José Mujica, Castro fue sobretodo uno de los docentes más brillantes de su época. Tenía 68 años cuando fue secuestrado en agosto de 1977.

El recinto militar en el que su esqueleto fue encontrado era explorado por antropólogos desde 2005. El pasado 21 de octubre fue el mismo Mujica el que anunció el descubrimiento de los restos humanos de lo que en principio era un hombre, por el tamaño del fémur. Anteayer, por fin, se les puso nombre: Julio Castro.

Detenido por los servicios de inteligencia, sufrió torturas durante los dos días que duró su secuestro, como se deduce de las lesiones encontradas en la región craneal y en las vértebras cervicales.
Según las primeras investigaciones, el profesor fue asesinado de un disparo en la cabeza. Castro fue enterrado después a 1,40 metros de profundidad. Los responsables de su muerte recurrieron a un método del que se valían las dictaduras del Plan Cóndor para intentar borrar los crímenes que perpetraban: tapar el cuerpo con capas y capas de cal viva.

El presidente Mujica, según dijeron sus allegados, recibió la noticia con una "profunda conmoción" y "tristeza". Para Ariel Castro, nieto de Julio, el hallazgo demuestra que las declaraciones de los militares a la Comisión de la Verdad que investigó el drama de los desaparecidos fueron "una gran mentira", ya que en su relato, el maestro murió desvanecido tras ser torturado y sus restos fueron quemados y esparcidos en el Río de la Plata.

Paradojas de la vida, Castro fue profesor del ex dictador Gregorio Álvarez (1981- 1985). Esto le quiso recordar al general la misma esposa del maestro en una carta que le envió en 1977 para que le ayudara a encontrar a su marido. Nunca recibió respuesta alguna.

Una excepción a la ley

En Uruguay todavía está vigente la ley de Caducidad, una normativa que amnistía los crímenes de la dictadura pero que permite también excluir los casos que considere el Ejecutivo.

Entre esas excepciones está la causa de Castro, gracias a Mujica. Ahora el proceso toma otro impulso, ya que se espera que la Justicia dicte nuevos procesamientos contra los militares responsables de la finca militar en la que Castro estuvo enterrado 34 años.


* Artículo aparecido el 3 de diciembre de 2011 en el diario español Público.

Uruguay anula la impunidad legal de la dictadura militar

Uruguay comienza a resolver una de las cuestiones de Estado más dolorosas y controvertidas que ha debido afrontar en los últimos años: conseguir que los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura (1973-1985) puedan ser juzgados. El martes por la noche el Senado aprobó contra reloj y por un solo voto una ley para que esos crímenes no prescriban el 1 de noviembre, y hoy de madrugada se dio la sanción final en la Cámara Baja.

El único partido que apoyó la iniciativa fue el Frente Amplio, la coalición en el poder liderada por el presidente uruguayo, José Mujica. El camino ha sido largo, desgastador y problemático, porque hubo que luchar contra la Ley de Caducidad, una norma promulgada en 1986 que hasta ahora amnistiaba a los militares involucrados en crímenes de la dictadura y que, por si fuera poco, fue refrendada en dos plebiscitos populares, celebrados en 1989 y 2009.

El primer paso para anular los efectos de esta normativa lo dio el Senado el martes, cuando los 16 parlamentarios de la coalición centroizquierdista lograron imponerse, con un único voto de ventaja, a favor de una ley que establece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado en estos crímenes, su imprescriptibilidad y su calificación como delitos de lesa humanidad.

En concreto, esta normativa no elimina la Ley de Caducidad, pero al menos la modifica. Además, alinea a Uruguay en la senda que marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo condenó este año por la desaparición de María Claudia García nuera del poeta argentino Juan Gelman y lo conminó a llevar ante la Justicia a los culpables de esos delitos.

La votación sobre la idoneidad de esta ley en la Cámara Alta fue precedida por una discusión de más de nueve horas entre los senadores del Frente Amplio y los de los partidos Blanco y Colorado, principales opositores al Gobierno, que argumentaban que esta normativa era "contraria a la Constitución y al pueblo".

"Nadie puede decir qué van a decir los jueces respecto a esta ley", defendió el legislador frenteamplista Rafael Michelini. Su padre, Zelmar Michelini, murió asesinado en 1976 tras exiliarse en Buenos Aires, adonde llegó para huir de la dictadura instalada en su país. "Lo que sí podemos hacer es mirar a la cara a los familiares y a las víctimas que todavía están vivos y decirles: hicimos todo lo que podíamos hacer, no nos quedamos con nada", sostuvo el senador.

Los dos plebiscitos que avalaron la Ley de Caducidad han sido hasta ahora, para el Frente Amplio, un lastre ético de gran magnitud y fuente de serias divisiones internas que han involucrado incluso a Mujica.
En mayo pasado, la coalición intentó derogar la normativa incluso en contra de la voluntad del mandatario, quien, bajo el peso de los referendos de la ciudadanía, decidió apartarse de la discusión. Tampoco estuvieron de acuerdo con aquel proyecto varios legisladores oficialistas. Aun así, el proyecto sobrevivió en el Senado, pero en la Cámara de Diputados el parlamentario del Frente Amplio Víctor Semproni alegó ser incapaz de contradecir la decisión popular de no anular la ley de caducidad y tumbó el proyecto de su coalición, al retirarse de la sala en el momento de votar.

Vuelta de tuerca

En esta ocasión, Mujica se ha limitado a delegar en las cámaras con un "lo debe arreglar el Parlamento" la decisión de aprobar la nueva ley. Semproni, por su parte, ha afirmado que iba a votar a favor, dado que esta normativa no toca la Ley de Caducidad. "[El proyecto] no legisla para atrás", ha explicado a la prensa uruguaya. "Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, ya que no se está anulando la Ley de Caducidad", ha indicado.

Queda por saber cómo interpretará este proyecto la Suprema Corte de Justicia directa responsable de que las torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la dictadura fueran a prescribir el 1 de noviembre tras un fallo, el pasado mayo, que pasaba a considerarlos "delitos comunes". Se estima que unos 200 uruguayos perdieron la vida durante la dictadura.

* Artículo aparecido el 27-11-2011 en el diario español Público.

Mujica reactivará 88 juicios contra la dictadura uruguaya

El Gobierno de Uruguay revocó ayer con un decreto todos los actos administrativos de gestiones anteriores que paralizaron unos 88 juicios de la última dictadura (1973-1985). Esta decisión, tomada por "razones de legitimidad", fue anunciada esta semana en coincidencia con el aniversario de los 38 años del golpe de Estado.

Así quedan sin efecto todas las resoluciones de gobiernos anteriores que, para bloquear posibles juicios, incluyeron las denuncias de delitos cometidos durante la dictadura en la Ley de Caducidad, una normativa vigente desde 1986 que hasta ahora concede impunidad a los militares de los crímenes de lesa humanidad.

Medios castrenses ya han anunciado que pretenden revocar el decreto. "Intentaremos por todos los medios jurídicos, con todo lo que esté a nuestro alcance, rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad", dijo Emilio Micolick, abogado de uno de los procesados.

Pero la fiscal Mirtha Guianza considera improbable que pueda prosperar una iniciativa de este tipo. "No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad", explicó. "A lo sumo podrán recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional".

Los presidentes que consiguieron frenar procesos judiciales contra represores de la dictadura fueron Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005). Todos ellos pertenecen a los dos partidos tradicionales (el Colorado y el Nacional) que estuvieron en el poder desde la creación del Estado uruguayo hasta 2005, cuando por primera vez llegó la coalición Frente Amplio al Ejecutivo de la mano de Tabaré Vázquez.

El precedente de Vázquez

La Ley de Caducidad, promulgada durante el primer Gobierno de Sanguinetti, fue sometida a referéndum en 1989 y en 2009, y en ambas ocasiones fue ratificada por la ciudadanía. El mes pasado la normativa volvió a estar en el centro de la polémica, cuando los legisladores del gobernante Frente Amplio trataron de dejar sin efecto la ley por vía parlamentaria. El proyecto fracasó en la Cámara de Diputados, a falta del voto de un legislador oficialista que no quiso respaldar a su coalición.

La Ley de Caducidad, sin embargo, reconoce al Ejecutivo la potestad de excluir determinados casos dentro la misma norma. Los únicos que han hecho uso de esta facultad han sido el presidente, José Mujica, y Vázquez, quienes hasta ahora han reactivado a base de resoluciones 16 casos para que puedan ser investigados por la Justicia.

Por primera vez, en mayor, el presidente también revirtió un acto administrativo amparado por el Gobierno deSanguinetti, paso previo para que la Justicia pudiese indagar sobre el asesinato del comunista Álvaro Balbi, que murió bajo tortura en 1975.

* Artículo aparecido el 01-07-2011 en el diario español Público.

A por el tercero

La crisis dentro de la coalición uruguaya del Frente Amplio por la derogación de la ley de Caducidad, que protegía a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1986) y que había sido ratificada en dos referéndums, ha encontrado una vía de escape. El oficialismo ha decidido convocar la tercera consulta popular para no arriesgarse a validar en la Cámara de Diputados un proyecto que no cuente con el beneplácito de la ciudadanía.

El próximo jueves 19, entonces, se mantiene la votación en la Cámara Baja para anular la ley que amnistía a los militares. Se espera que la bancada del Frente Amplio apoye la iniciativa a pesar de la oposición que ha mostrado hasta ahora el presidente José Mujica sobre la idea de ir en contra de los plebiscitos celebrados en 1989 y en 2009 sobre la ley de Caducidad.

Si el proyecto es aprobado en el Congreso (el Frente Amplio cuenta con 50 legisladores de los 99), se convocará el referéndum definitivo para que el pueblo pueda desestimar o ratificar esa decisión.

La ley de Caducidad de 1986 garantiza la impunidad a todos los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El máximo órgano de conducción del Frente Amplio, el plenario, se reúne hoy para acordar este asunto.