Fundador de Open Arms denuncia complot de la UE para impedir llegada de migrantes

El fundador de la ONG catalana Proactiva Open Arms, Òscar Camps, sostuvo durante una entrevista exclusiva con Sputnik que la Unión Europea (UE) opera a través de los países fronterizos para devolver a Libia a las personas que en su intento de alcanzar las costas europeas tratan de cruzar el Mar Mediterráneo.

Òscar Camps durante la entrevista en Buenos Aires.

"Hay un complot de la UE para que sean los libios los que intervengan y no digan nada", señaló el rescatista en diálogo con esta agencia durante una visita que realizó a la capital argentina para participar en un congreso.

La organización humanitaria que dirige ha salvado la vida de más de 60.000 personas en el Mar Egeo y en el Mediterráneo central en los últimos cuatro años, mientras los equipos de salvamento marítimo de los países europeos permanecen en sus aguas territoriales y la UE o naciones como España, Grecia, Italia, Malta o Francia obstaculizan las tareas de rescate.

"Hasta marzo de 2018, la guardia costera italiana recibía el aviso de una patera a la deriva y así lo transmitía a los barcos que estábamos allí, pero desde la llegada de Matteo Salvini (vicepresidente y ministro del Interior italiano hasta septiembre pasado) llama directamente a los libios", advirtió Camps.

Esta decisión política "de silenciar lo que pasa" tiene la connivencia de la UE, que expulsa a Libia a las personas que han llegado a pisar su territorio en lo que se conoce como devoluciones en caliente, una práctica ilegal que vulnera las normativas internacionales de derechos humanos.

Así lo reconocía en un informe a principios de año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al advertir que el 85 por ciento de los migrantes encontrados en aguas internacionales eran devueltos a Libia.

Después de que en julio fallecieran 150 personas frente a las costas de este país en lo que fue el peor naufragio que se conoce desde mayo de 2017, el portavoz de Acnur, Charlie Yaxley, reclamó a la UE que reanudase las operaciones de rescate marítimo y reconociese el papel crucial que desempeñan organizaciones como Proactiva Open Arms.

Insensible a estas llamadas, y "como la UE no tiene entidad jurídica para hacer un convenio que una a todo el bloque, hay acuerdos de varios países con Libia, que es un país en guerra, para que su guardia costera entre a sus aguas territoriales y se lleve a las personas", afirmó Camps.

Roma renovó este mes un memorándum con Libia vigente desde 2017 que ha financiado con más de 150 millones de euros a su guardia costera a fin de que intercepte en el mar a los migrantes y los haga regresar a su territorio, pese a "los horrendos abusos" y "las continuas denuncias de desapariciones y trata de seres humanos" de migrantes que son enviados a los centros de detención de este país, según ha denunciado Acnur.

BARCOS DE RESCATE

En junio de 2016, Proactiva Open Arms obtuvo en concesión un yate de lujo que transformó en buque de rescate, el Astral, y que desde entonces navega en las aguas del mar Egeo para asistir a los refugiados que intentan alcanzar desde Turquía las islas griegas, principalmente Lesbos, situada apenas a nueve kilómetros de distancia.

Tras el acuerdo que firmaron la UE y Turquía en 2016, las mafias utilizan otras vías más largas y peligrosas en el Mediterráneo central, con embarcaciones que hacen salir desde Libia rumbo a las lejanas islas italianas de Lampedusa, a 300 kilómetros, o Sicilia, a 500.

Desde julio de 2017, la ONG catalana sumó a los equipos de salvamento al buque Open Arms con el fin de que navegase este mar, al ser "uno de los corredores marítimos más importantes del mundo con el paso anual de 97.000 barcos mercantes que cruzan el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar y dan aviso de cuanta barca encuentran", contextualizó Camps.

Hasta doce barcos de rescate llegaron a monitorear el Mediterráneo central, que hoy sólo cuenta con la presencia del Open Arms, del buque Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras, y de un grupo de vascos que han salido al mar con un barco de pesca.

"El salvamento es obligatorio, pero Europa no sólo no impulsa ninguna operación de salvamento, sino que además el Parlamento europeo tumbó en octubre por sólo dos votos una resolución que instauraba las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo", recordó el director de Proactiva Open Arms.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Convención de la Prevención de la Tortura o el Derecho Internacional del Mar son instrumentos internacionales ratificados por los 28 Estados de la UE que se vulneran de manera sistemática "mientras financiamos grupos armados para que retengan por la fuerza a personas en países extranjeros que están en guerra o para que entren en aguas europeas y se las lleven", añadió.

COSTO PERSONAL

Lejos de colaborar o reconocer su labor, los países fronterizos bloquean la salida del Open Arms o impiden la entrada del barco a sus puertos bajo pretextos administrativos que pueden tener meses de recorrido burocrático.

En agosto de 2017, el Open Arms fue secuestrado durante unas horas por guardacostas libios que amenazaron con disparar si la tripulación no acataba sus órdenes, hasta que los pasajeros del navío, entre los que se encontraba un premio Pulitzer de fotografía y una diputada socialista española, consiguieron dar la voz de alarma.

El equipo de salvamento del Open Arms también ha sido hostigado a través de denuncias judiciales que los acusan de tráfico de personas "en un intento de criminalización que no prospera porque la justicia nos ha absuelto en todos los casos", acotó Camps.

Algunos medios de comunicación también intentan generar corrientes de opinión negativa con el propósito de minar la credibilidad de la organización humanitaria, que se financia a través de donaciones, la mayoría provenientes de mujeres.

Más allá de los peligros a los que se somete la tripulación, los trabajos de rescate también acarrean sacrificios personales y secuelas peligrosas para la salud mental, como el trastorno por estrés postraumático.

Un equipo de psicólogos especialista en situaciones de crisis ayuda a los equipos de salvamento antes, durante y después de las tareas, pero permanecen secuelas "que te convierten en alguien más introvertido o más intolerante", reconoció Camps.

La vida también adquiere otra perspectiva pues "no son nuestros hijos quienes tienen problemas, sino aquellos que rescatamos en el mar con frío, tiritando, con hipotermia, que acaban de perder un hermano, y que pese a todo muestran una capacidad de resiliencia increíble", valoró.

"Luego vuelves a situaciones que por lo que sea te dejan una huella de memoria, por cómo te abrazan los niños, por cómo puede una madre, sin entender tu idioma ni tú el suyo, transmitirte el agradecimiento con las facciones de la cara por haberte metido a su hijo helado dentro del traje para darle calor mientras ella no se puede mover y está a punto de morir", rememoró.

Proactiva Open Arms no tiene socios, sólo donantes recurrentes, con la esperanza de que la presión creciente a la que se ve sometida la UE y los Estados que la integran lleve a que tarde o temprano las administraciones se hagan responsables de las labores de rescate que de momento asumen esta institución y otras organizaciones humanitarias.


* Artículo publicado en la agencia Sputnik el 26 de noviembre de 2019.

Grecia y Argentina: dos corralitos en contraste

BUENOS AIRES.- Los argentinos siguen con mucha atención el corralito que ha establecido en Grecia el Gobierno de Syriza. Saben bien lo que significa la restricción de depósitos. Ellos mismos bautizaron y popularizaron la palabra que hoy pesa sobre Atenas como una condena.

En su origen, el término corralito se utilizaba en Argentina para referirse al parque infantil, cerrado y protegido, que sirve como recinto seguro para los niños pequeños. La palabra adquirió otra dimensión al trastocarla en una advertencia eufemística el periodista Antonio Laje, cuando en un programa televisivo se refirió a los bancos como prisiones que impedían la retirada masiva de dinero.

El corralito como medida económica que prohibió las transferencias al exterior (con excepción de las operaciones de comercio) y limitó las extracciones a 250 pesos semanales (250 dólares en ese momento) fue una idea pergeñada por el ministro de Economía Domingo Cavallo durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. Era el 3 de diciembre de 2001.

Pero la crisis no había nacido con el corralito. Venía incubándose desde 1991, cuando de nuevo Cavallo, durante el Ejecutivo de Carlos Menem, quiso combatir la hiperinflación con un plan de convertibilidad que restringió la emisión de moneda, vinculó el peso argentino al valor del dólar y lo sostuvo con independencia del desigual nivel de productividad entre Argentina y Estados Unidos.

“El régimen de convertibilidad en Argentina funcionó de manera similar a lo que implicaba la incorporación de Grecia a la Unión Europea (UE)”, explica a Público el economista Claudio Lozano, diputado por el partido Unidad Popular. “Esta política anula cualquier mecanismo de expansión de moneda o de política cambiaria, y supone que Grecia tiene una productividad similar a la del resto de países europeos, en concreto, a la de Alemania”.

El político afirma que “este tipo de situaciones en países de menor desarrollo hace que se agraven sus condiciones y que se generen fuertes déficits en el comercio exterior”. El endeudamiento es la única manera que tiene un país de sostener artificialmente el valor de su moneda cuando no condice con la evolución de su productividad. “Llega un punto en que esa deuda se convierte en insostenible y por lo tanto se cae a pedazos, que fue lo que pasó en Argentina con la convertibilidad y lo que está pasando en Grecia desde hace cinco años”.

Hay menos similitudes entre Argentina y Grecia en términos políticos, según el diputado. “El Gobierno de De la Rúa estaba en deterioro absoluto y con un grado de cuestionamiento popular muy alto. En Grecia hay un Gobierno electo como reacción a los que generaron la crisis, y está planteando una discusión diferente con un grado de poder político y presencia muy superior al que hubo aquí”.

Situaciones distintas

Antes de adoptar el corralito, el expresidente Fernando de la Rúa hizo suyas dos medidas que prepararon el caldo de cultivo para el estallido social. El FMI aprobó para Argentina un crédito conocido como el “blindaje financiero”, de 39.700 millones de dólares, en un acuerdo auspiciado por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además del Gobierno de España, a cambio de que el Ejecutivo argentino redujera la inversión pública e implantara una política de ajustes.

Esta medida vino unida al “megacanje” de bonos, por el que se postergaron los vencimientos de deuda a cambio de aumentar sus intereses. Siete grandes bancos se lucraron con el negocio. Entre tanto, los intereses se dispararon de 82.246 millones a 120.650 millones de dólares.

En noviembre de 2001, los grandes inversores empezaron a retirar sus depósitos de los bancos, y el FMI se desdijo del “megacanje” al negar el desembolso económico correspondiente a aquel mes.

La implementación del corralito fue el último puntapié del pánico bancario que estalló en las calles. Los cacerolazos fueron la advertencia sonora que anticipó las manifestaciones, los disturbios y los saqueos. En un manotazo de ahogado, De la Rúa decretó el estado de sitio el 19 de diciembre. La represión de sus Fuerzas Armadas terminó con la vida de 39 personas entre ese día y el 20 de diciembre, cuando el expresidente tuvo que escapar en helicóptero de la Casa Rosada (el palacio de Gobierno).

Cinco presidentes se sucedieron en apenas 12 días hasta que asumió Eduardo Duhalde como jefe de Estado el 2 de enero de 2002. Tardó cuatro días en derogar la convertibilidad en lo que fue conocido como el corralón, al pesificarse los depósitos devaluando la moneda nacional a 1,40 pesos por cada dólar. Con estas nuevas condiciones, el corralito se mantuvo durante todo un año, hasta once meses después.

“Tanto el blindaje como el 'megacanje' argentinos son similares a los 'rescates' de 2010 y 2012 de Grecia”, apunta Lozano. “Los rescates no fueron tales: en el caso argentino, estaban ligados a sostener la convertibilidad un tiempo más para permitir que los bancos y las empresas extranjeras que habían dominado la etapa con las privatizaciones pudieran sacar sus utilidades en dólares al exterior”.

“El FMI en Argentina y la Troika en Grecia habilitaron la puesta en marcha de mecanismos que sabían que no iban a tener resultados. El Fondo Monetario lo hacía violando sus propios estatutos, porque tiene prohibido prestar a países que se encuentran en situación de fuga de capitales”, añade el economista.

En el caso de Grecia, los dos rescates de la Troika estuvieron dirigidos a salvar a los bancos, en particular a los alemanes y franceses, para que pudieran traspasar al Banco Central Europeo y al Fondo de Estabilización (es decir, al conjunto de Estados de la UE) los créditos que tenían sobre Grecia que no iban a poder recuperar.

Así se sustituyeron los acreedores privados por los públicos. “Hay una confabulación de la UE contra Grecia, porque los rescates de 2010 y 2012 le impusieron a Grecia un conjunto de condiciones que destruyeron su capacidad económica y al mismo tiempo, los fondos de ese rescate no fueron a las arcas griegas, sino a los bancos”, sostiene el político.

Como integrante de la comisión que en su país investiga el origen de la deuda, Lozano fue invitado a escuchar hace dos semanas las conclusiones de la Comisión de la Verdad que en Grecia tenía el mismo objetivo. El comité declaró la deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta, recomendó su moratoria unilateral, y estableció la responsabilidad de la Troika en la crisis con la complicidad del anterior Gobierno griego.

“Si Syriza mantiene el respaldo político de la mayoría de la población, y la UE reincide en sus criterios de políticas de ajuste, Grecia se verá obligada a salir del bloque y a buscar una estrategia diferente con otros países. El socio más directo que tiene Grecia para algún tipo de alianza es Rusia”, indica el diputado.

En ese caso, Grecia tendría que generar una moneda propia para recuperar su capacidad de sostener el sistema financiero local y así evitar lo que sucedió en Argentina.

“Cuando los bancos quedaron expuestos tras el colapso económico y el estallido social de diciembre de 2001, se instrumentó un salvataje que lo terminó pagando el Estado argentino. Fue una transferencia de 18.000 millones de dólares hacia el conjunto del sistema financiero”, sentencia Lozano. “Para que el Gobierno de Alexis Tsipras no incurra en el mismo disparate, la lógica lo lleva a nacionalizar los bancos si tuviera que salvarlos. Así podrían recuperar un instrumento que les permitiera gobernar las finanzas de su país y terminar con la especulación”.

Porvenir griego

Hay una semejanza, de carácter social, que hermana los procesos de Grecia y Argentina. “Ninguna sociedad puede vivir en el ajuste y crisis permanente”, explica Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. “Están empujando a Grecia a la destrucción de la identidad nacional. Eso pasó con Argentina. Se sufrió, pero de ahí en adelante el país tuvo un horizonte en donde el futuro podía ser mejor con el esfuerzo del pueblo argentino”.

Al país heleno lo han dejado entre la espada y la pared sin opciones de negociación, a juicio del experto. “No hay muchas alternativas para Grecia porque hay una posición rígida por parte de la Troika como advertencia a otros pueblos para que no intenten un camino que se aparte de sus políticas”, resalta.

El economista cita como ejemplo el hecho de que la Troika rechazara en la última propuesta de Grecia su intención de cobrar un impuesto extraordinario a las grandes empresas, al mismo tiempo que exigía subir el IVA, recortar las pensiones, y acelerar el cambio de la edad jubilatoria a 67 años.

Grecia todavía tiene cierto margen de maniobra confiando en la decisión soberana que marque el plebiscito de este domingo sobre el apoyo a las políticas de la Troika. “Y en ese caso, las autoridades europeas deben saber que el tiro les puede salir por la culata, porque si Grecia inicia un camino con autonomía y logra salir adelante, el mensaje va a ser muy sugestivo para el resto de la Unión Europea que ahora sufre las políticas de ajuste”, finaliza Asiain.


* Artículo aparecido el 31 de mayo de 2015 en el diario español Público.

Qué implica un rescate de la UE a España

Ahora que el Eurogrupo ha decidido ayudar a los bancos del país, la troika (UE, FMI, BCE) impondrá en Madrid  duros recortes al Estado. Cuáles pueden ser algunas de las medidas que aplicará sin rechistar el Gobierno de Mariano Rajoy 

El presidente español aseguraba hace diez días que no se produciría un rescate. Este sábado se confirmó la intervención, así que delegados de lo que se conoce por la troika —la Unión Europea (UE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE)— viajarán a la capital española para supervisar el rumbo político del Gobierno. Es de esperar que entren en los ministerios directamente y controlen las cuentas del Estado. Establecerían cómo el Gobierno va a pagar la ayuda a los bancos privados, y con toda seguridad, la troika y Madrid firmarán un crédito para establecer las condiciones de refinanciación de la deuda pública española, que ahora se disparará con el rescate.

Impuestos por consumo indirecto. Con el rescate, una subida del IVA se da casi por descontada. El incremento de este impuesto regresivo –cuyo efecto lo sienten más las clases pobres-- podría llegar al 21% para cualquier tipo de producto, incluidos los de primera necesidad (hoy en el 8%) y para otros productos y servicios de uso habitual (en el 18%). En ese caso, el precio de la comida subiría de manera repentina en torno a un 17%. 

Es de esperar, por otra parte, impuestos especiales sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. Subiría además la tarifa por el consumo de luz y se impondrían más peajes en las carreteras.

Menos funcionarios y menos sueldo. Al igual que ha sucedido en los tres países intervenidos hasta ahora – Grecia, Irlanda y Portugal—el Gobierno reduciría el número de funcionarios y bajaría los sueldos de los que conservaran el trabajo. Esta iniciativa no es nueva, porque en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redujo el salarioun 5% de promedio a los trabajadores del Estad, y después mantuvo los salarios congelados para los dos años siguientes. 

Así ha sucedido en Grecia, que ya ha eliminado 200.000 puestos públicos , y Portugal, que en 2011 redujo en 20.000 el número de funcionarios en todo el país, además de aumentar en media hora la jornada laboral y de suprimir dos pagas extra que tenía la plantilla. Más drástico fue el recorte en Irlanda, donde ya se suprimieron 37.500 plazas y se prevé el tajo de 23.500 más antes de 2015.

Recorte en las pensiones. La troika exigiría más recortes, como le impuso previamente a Grecia, Irlanda y Portugal, en un sector ya tocado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, como lo es el de las pensiones. Nunca, desde el retorno de la democracia, se habían tocado las jubilaciones. Hasta que llegó 2011, cuando las partidas fueron congeladas. No hay que olvidar que el Gobierno aprobó una reforma a las pensiones que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, una iniciativa que se irá implantando de manera progresiva hasta 2027.

No sería éste el único cambio. No hay que descartar la privatización de empresas públicas –ya se hizo un intento con el canal II de Isabel, en Madrid, que gestiona el agua de toda la Comunidad.

Es probable también que se reduzca la prestación por desempleo, que en España puede cobrarse hasta por dos años, según el tiempo que se haya cotizado a la seguridad social. 

La reforma laboral que el Gobierno impuso por decreto en febrero pasado suavizaba las condiciones de despido,  abarataba los costes a las empresas, y debilitaba el poder de los sindicatos al flexibilizar la negociación colectiva, lo que fortalecía a la empresa para negociar directamente con el trabajador. Ello no impide que entre las condiciones impuestas por la troika esté ahora la de bajar aún más sueldos e indemnizaciones en caso de despido. 

Salud y educación. No se salvan sectores fundamentales en el Estado de bienestar como estos dos. Hace semanas, el Gobierno de Rajoy acometía un recorte de 10.000 millones de euros en ambos sectores. Esta medida podría reforzarse en estos días con otras iniciativas, como la supresión de becas o el copago sanitario, como ya funciona en Grecia y Portugal, y el cual establece un pago fijo por ir al médico o incluso a urgencias.

Viviendas. Difícil será suponer que las viviendas sean dejadas de lado. La Comisión Europea le tiene ganas desde hace tiempo a la desgravación fiscal por compra de vivienda que restableció el PP –había sido eliminada un año antes por Zapatero-, así que no sería raro que entre las exigencias a España se incluya la supresión de este incentivo, pues la UE considera que la desgravación alimentó la burbuja inmobiliaria y provocó el endeudamiento de las familias españolas.

Mientras las comunidades autónomas se someten entre tanto a un reajuste de su presupuesto, el Gobierno central firmaría el Memorándum de Entendimiento con la Comisión Europea, que establece las condiciones de pago para devolver el crédito. 

Ese  crédito, claro está, no será inyectado en la economía para tratar de reflotar una sociedad que arrastra más de 5 millones de parados. La ayuda de la troika a España, en realidad, es un rescate a la banca, aunque el que pondrá la cara en su nombre será el Estado español.

* Análisis publicado el 09 de junio de 2012 en el portal de noticias Infobae América