Un juez en Argentina se enfrenta a la ley de medios*

El Gobierno apelará la decisión judicial de suspender dos artículos

La Ley de Medios de Comunicación Audiovisual vuelve a ser un asunto de controversia en Argentina después de que un juez haya frenado la aplicación de dos de sus artículos. Esta disposición responde a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.

Uno de los artículos que ha sido declarado inconstitucional por el juez federal Edmundo Carbone es el 41, que sólo autoriza la transferencia de licencias con la supervisión de la Autoridad de Aplicación (el ente regulador).

El otro artículo dejado sin efecto es el 161, que otorga a las empresas el plazo de un año para desprenderse de las licencias que excedan la cantidad permitida por la ley. “Vencido dicho plazo improrrogable, serán aplicables las medidas que al incumplimiento en cada caso correspondiesen”, dice el texto.

Para el juez eso significa vulnerar la libertad de prensa. Carbone, en realidad, señala en el auto que los dos artículos contravienen lo dispuesto en el Código Civil, ya que “las leyes no tienen efecto retroactivo y “en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”. El juez, que ya ha enviado la resolución a la jefatura de Gabinete argentina, argumenta que los artículos “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.

Reducción de licencias

La nueva ley de medios, aprobada por el Senado el pasado 10 de octubre, reduce de 34 a 10 las licencias que pueden tener las compañías. El Grupo Clarín es uno de los más afectados al ser dueño de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, “la resolución dictada por el juez es sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior”.

El ministro considera “llamativo” que el juez, antes de intervenir en el recurso presentado por Clarín, haya propuesto la renuncia a su cargo fechada para el 31 de diciembre de este año. “Nadie en sus cabales [hace esto] faltando 15 días para retirarse”, añadió.

Alak ha señalado que la medida de Carbone no es una declaración de inconstitucionalidad, sino una medida “provisoria, un examen superficial de la cuestión” que además, “no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”. El Gobierno ya ha comunicado que apelará la resolución.

El jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, también ha levantado sospechas en torno al juez. Ayer declaraba que “la gente cercana” a Carbone “dice que la presión por parte del monopolio fue muy fuerte”.

*Artículo aparecido el 17-12-2009 en el diario español Público

La oposición deja sola a Fernández en el Congreso*

Después de doce horas de debate, el Congreso argentino aprobó este jueves el proyecto de ley de medios audiovisuales que tanta controversia ha causado en las últimas semanas. La victoria del Gobierno fue doble. En primer lugar, alcanzó durante la mañana del miércoles el quórum necesario para debatir la propuesta legislativa en la Cámara de diputados. Entrada la noche, cuando ya se había retirado del recinto una oposición que cuestionó "la legitimidad del proceso parlamentario", los diputados oficialistas conseguían el apoyo del centro-izquierda para votar a favor de una ley que ahora aguarda su ratificación en el Senado.

La oposición justificó su ausencia alegando la invalidez de la sesión dado que los apoyos que necesitaba el Ejecutivo fueron logrados media hora después de lo que establece el reglamento. También denunciaron que la sesión extraordinaria para debatir la ley se convocó un día después de que se incorporaran casi 200 modificaciones al paquete de 167 artículos. Tiempo insuficiente para leerlas en profundidad.

De este modo, y después de que la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO y el peronismo antikirchnerista presentaran todas las supuestas irregularidades en las que estaba incurriendo el Gobierno para sacar de manera precipitada la ley, sus diputados abandonaron la Cámara.

Los diputados oficialistas, con la sala medio vacía, discutieron con los más reticentes las últimas particularidades de un proyecto que obligará a los grandes grupos mediáticos a desprenderse de algunas de sus empresas en el plazo de un año, y que además impide que los operadores de cable entren en el negocio de la televisión en abierto.

Tres votos en contra

Los diputados de la coalición de los Kirchner, el Frente Para la Victoria, consiguieron finalmente la aprobación del proyecto con 147 votos a favor frente a tres abstenciones y tres votos en contra. Algunos diputados kirchneristas de cuyo apoyo se había dudado dieron su aprobación, y el Gobierno, además, consiguió la adhesión de los bloques de centro-izquierda y del socialismo, a excepción de un diputado.

A la una de la madrugada, el oficialismo celebró la aprobación del proyecto cantando la Marcha Peronista, el himno que rinde homenaje al ex presidente y símbolo argentino, Juan Domingo Perón. Pero al otro lado de la sala, los 104 asientos vacíos pertenecientes a la oposición respondieron con el silencio.

En los pasillos del Congreso, los líderes de la oposición dejaron claro que no se resignan. "Esta ley no sólo viola normas expresas de la Constitución, sino que es nula por procedimiento", señaló el diputado radical, Óscar Aguad. "Esperamos que en el Senado se abra una instancia de diálogo, de debate y de consenso, que permitan zanjar estos fallos", insistió.

Otras voces disidentes con el kirchnerismo confían en que la Justicia anule la normativa en el caso de que logre superar el debate en el Senado. Las anomalías que han denunciado algunos integrantes del Congreso hacen hincapié en el hecho de que la discusión de todo el proyecto de ley, que ha durado veinte días, ha desembocado en un desenlace apresurado e injustificado dada la importancia de esta normativa. Durante la jornada la vicepresidenta de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja, replicó a estas acusaciones asegurando que no se ha violado el reglamento.
A medio camino para que la ley de radiodifusión pueda entrar en vigor, el presidente del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, ha prometido "un debate serio" en la Cámara Alta. Pichetto espera asegurar 37 o 38 votos de los 42 senadores de la coalición oficialista, suficiente para la mayoría en la Cámara de 72 senadores.

Ante las dudas en sus propias filas, Pichetto tampoco descarta sumar aliados de otros partidos que han dado su respaldo a los planes del Gobierno en otras ocasiones. Con un oficialismo "abierto a discutir", según sus palabras, anunció que los plazos para tramitar el proyecto no se deberían extender más allá del 14 de octubre.

*Artículo para el diario español Público

Fernández se enreda en una guerra de medios politizada*

¿Qué pensar de un país que adelanta sus comicios legislativos al mes de mayo aún cuando el nuevo Parlamento sólo puede configurarse al final del año electoral? ¿Qué debe hacer ese Gobierno si, además, pierde la mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado? ¿Cómo juzgar el hecho de que, ante su descalabro en las urnas, el Ejecutivo acelere proyectos de ley que no podrá sacar adelante en las nuevas cámaras?

Ese país es Argentina. Y eso es lo que está sucediendo estas semanas con la reforma a la ley de radiodifusión que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pretendía aprobar antes de que los diputados y senadores que fueron elegidos en las elecciones del 28 de junio asuman su escaño el 10 de diciembre.

Y así ha pasado. El Parlamento argentino ha aprobado esta madrugada el polémico proyecto de ley por 146 votos -del oficialismo y grupos minoritarios afines-, 3 votos negativos y 3 abstenciones y que, como se preveía, ha provocado el rechazo frontal de opositores y grandes medios del sector audiovisual.

La jefa de Estado justificó el adelanto de los comicios, en los que se renovó la mitad del Congreso y un tercio del Senado, por la incertidumbre que podría causar la crisis económica. Era mejor, según explicó, superar una campaña electoral permanente y trabajar así "en un clima tranquilo, no electoral". Parte de la oposición lo entendió como una táctica para evitar una derrota aún más contundente en octubre, cuando debían haberse celebrado las votaciones.

En cualquier caso, el sistema político argentino está tan enredado que las alianzas se hacen y deshacen al compás de los decretos, de los proyectos legislativos o de las elecciones que se avistan en el horizonte. La pertenencia a un determinado partido no siempre significa asumir sus postulados a rajatabla.

La conmoción que causaron los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez en 2003 al impedir que Rafael Simancas fuera investido como presidente de la Comunidad de Madrid tuvo aquí su equivalencia en el vicepresidente Julio Cobos cuando el año pasado votó en contra de una resolución del Gobierno a favor de aumentar las retenciones a las exportaciones de granos.

La única diferencia es que Cobos no proviene de la coalición de los Kirchner sino del radicalismo, la otra gran fuerza política histórica que cobró vigor al mismo tiempo que el peronismo. Este reajuste de bancadas es constante en Argentina. Los partidos políticos se unen en extrañas alianzas electorales aun cuando sus programas sean casi antagónicos.

En el último pulso político, el de la ley de medios, la presidenta Cristina Fernández decidió sacrificar su relación con las empresas telefónicas con tal de garantizarse el voto de todos sus parlamentarios a favor de una nueva norma sobre medios audiovisuales. El debate era enorme y el pulso comenzaba a caer en contra de los postulados kirchneristas, más por el poder personalista de los gobernadores de las provincias que por la fuerza política del Partido Justicialista. Se espera, por ejemplo, que los cinco diputados y los dos senadores que obedecen al gobernador peronista Mario Das Neves, de la provincia de Chubut (al sur del país), voten en contra del proyecto aunque todos ellos pertenezcan al partido de los Kirchner.

El Gobierno vive en un permanente estado de ansiedad, calculando sus fuerzas en todos los ámbitos de poder pese a que ya tienen asumido que varios de sus legisladores rechazarán la reforma. Su objetivo es aglutinar apoyos de diputados radicales y de históricos opositores. Conocedora de que el nuevo Parlamento puede hacerle la vida política imposible a partir de diciembre, Cristina Fernández ha cedido en el caso de las telefónicas pero se ha asegurado parte de los votos del centro-izquierda que exigía la salida de las compañías de este sector en el proyecto de la ley sobre radiodifusión. Hoy, el Congreso ha dictado sentencia.

Los grupos opositores buscan un líder con carisma cara a las presidenciales de 2011
La presidenta logró reunir los votos suficientes tras un intenso debate que se prolongó durante más de 13 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación. Así, diversos funcionarios de su Gobierno seguirán aireando las bondades de una reforma que consideran crucial para acabar con los monopolios. En el texto que hoy fue debatido, el oficialismo reduce de 34 a 10 las licencias de radio y televisión que pueden tener las empresas y cede un tercio de los permisos a las organizaciones sin ánimo de lucro. El criterio inversionista reflejado es fijar el tope aportado por el capital extranjero en el 30%.

Parte de la oposición de centro-derecha se oponía al proyecto por considerar que el Gobierno utilizará para su beneficio propio el organismo público que estará encargado de aplicar la ley. Algunos diputados pedían que se elimine el artículo que establece la revisión de las licencias cada dos años, porque lo consideran una injerencia peligrosa en los medios de comunicación.

El caso de Buenos Aires

Volviendo la vista a las elecciones celebradas en mayo en la provincia de Buenos Aires, allí surgió como principal fuerza ganadora la Unión-Pro, una alianza que unió al empresario colombiano Francisco de Narváez con el también magnate, ex presidente del equipo de fútbol Boca Juniors y alcalde de la capital del país, Mauricio Macri; y a Felipe Solá, que hasta entonces era diputado provincial por el Frente Justicialista y que renunció a su escaño para presentarse como diputado nacional en una alianza que en principio parecía tener poco que ver con él.

De modo semejante, los comicios pasados vieron surgir otra coalición tan heterogénea como compleja de entender políticamente. Se denominó Acuerdo Cívico y Social (ACS) y el éxito fue inesperado, al convertirse en la segunda minoría del país en el nuevo arco parlamentario que se conformará en diciembre. El ACS unió en sus filas a socialistas, a radicales y a la Coalición Cívica, que a su vez es una confederación de partidos que preside Elisa Carrió, la misma que quedó segunda, aunque a gran distancia de Cristina Fernández, en las elecciones presidenciales de 2007.

Este tipo de alianzas han ido surgiendo para enfrentarse al liderazgo de los Kirchner, pero por ahora carece de una figura opositora con el suficiente carisma como para medirse a Cristina en las urnas. Los analistas aportan nombres con cuentagotas: Cobos, al frente del radicalismo, y Macri, como líder de Unión-Pro. Pero la falta de una dirección convincente, capaz de aglutinar a toda la oposición, dificulta el nacimiento de una figura lo bastante poderosa como para derrotar a los Kirchner en las elecciones presidenciales de 2011.

* Reportaje escrito para el diario español Público

El Gobierno argentino cede ante la ley de medios audiovisuales*

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció ayer en una conferencia de prensa que eliminará la distribución de señales de cable por las empresas telefónicas del proyecto de ley sobre radiodifusión que en estas semanas se discute en el Congreso. De este modo, el Gobierno da marcha atrás por primera vez ante una de las grandes pretensiones que la oposición exigía en relación a la ley de medios.

El presidente del bloque Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, ya había manifestado que era necesario modificar la legislación sobre radiodifusión, vigente desde la dictadura, y que por ello el partido oficialista apostaba por una norma en donde los monopolios quedaran "lo más restringidos posibles".

La presidenta confirmó al fin ayer que se eliminará del proyecto el artículo que permitía a las compañías telefónicas tener acceso a licencias del Estado. Las compañías de este sector, de aprobarse esta norma, habrían quedado excluidas del negocio de los medios audiovisuales y de la televisión por cable. "Hemos decidido retirar este escollo para lograr un consenso amplio", indicó Fernández.

Decenas de modificaciones

Durante la conferencia, la jefa de Estado resaltó que el proyecto de ley que ahora se discute en la Cámara de Diputados "transitó por 25 foros, 80 reuniones públicas y tuvo 138 modificaciones". También explicó que en un principio se admitió la inclusión de las telefónicas para proporcionar al país un instrumento legal que pudiera "permitir que se escucharan las voces de todos y se desmonopolizara el sector".

En el actual proyecto sólo podrían participar las cooperativas telefónicas. "Hemos admitido que hay un monopolio y que no se puede sustituir por otro", argumentó. Según Cristina Fernández, este proyecto de ley se impulsa desde el Gobierno para "apoyar a aquellos que se merecen tener una nueva ley de medios de la democracia". Los principales medios del país lo calificaron de "maniobra" para "lograr votos en el Congreso".

Durante el turno de preguntas, y ante el requerimiento de uno de los periodistas sobre la relación del ex presidente Kirchner con la telefónica Telecom Italia, la presidenta insistió en que es ella y no su marido, Néstor Kirchner, la que gobierna. "En Argentina la presidenta es Cristina, aunque esté casada", señaló.

* Artículo escrito para el diario español Público.