La Justicia argentina procesa por espionaje al jefe de la Armada

La Justicia argentina ha procesado al jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy, y a quien fuera el subjefe de este cuerpo, Benito Rótolo, por el espionaje ilegal a políticos, a dirigentes sociales, y a integrantes de organismos de derechos humanos. Esta causa judicial demuestra que, aun en esta nación, donde es política de Estado la investigación de los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1976-1983), hay sectores de las Fuerzas Armadas que incurren en prácticas propias del régimen de represión que por aquel entonces instauraron en el país durante casi ocho años.

El desarrollo del proceso que dirige el juez federal Daniel Rafecas ha dado pasos de gigante a casi seis años de su comienzo, pues involucra de manera directa a uno los más altos cargos de las Fuerzas Armadas en un delito que era práctica habitual entre los militares de la dictadura, quienes en aquella época hicieron desaparecer a unas 30.000 personas.

Rafecas da por acreditado que tanto el jefe de la Marina como su ex subalterno dirigían el aparato de inteligencia de la Armada, el cual vigilaba, incluso antes de que ambos asumieran su cargo, a “personalidades del ámbito público o privado y agrupaciones políticas, sociales, sindicales y culturales”, según puede leerse en el fallo judicial.

Al menos de 2003 y hasta 2006, “la clasificación de las personas se realizaba de acuerdo a sus ideas políticas, haciendo hincapié –básicamente- en su adscripción a modos de pensamiento catalogados como de 'izquierda'”, añade la resolución. Esta información, a veces codificada, era después “remitida a los escalones superiodes de la Armada”.

En una variante más de espionaje, la Marina también se infiltraba en actos que organizaban víctimas de la dictadura, como los del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria (instaurado por Néstor Kirchner en 2006, al cumplirse 30 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón. “La actividad de inteligencia interna”, concluye el juez Rafecas, “fue habitual, prolongada y reiterada”.

Godoy, que fue designado por el difunto ex presidente Néstor Kirchner en junio de 2003, y el exsubjefe de la Armada, han sido acusados del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Lo más probable es que ambos sean ahora apartados de sus cargos.

Este caso fue impulsado en 2006 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo ante el que se presentó el cabo Carlos Alegre para denunciar que en la base aeronaval de Trelew, localidad de la provincia de Chubut (sur), había recibido la orden de realizar tareas de inteligencia política. Ante la oposición del marino, los superiores le respondieron: “Sos muy joven. Esto se hace desde siempre”. Como aun así se negó a acatar el mandato, fue sometido a maltratos.

Alegre fue quien contó, por ejemplo, de una reunión en 2005 en la que “se preparaba un plan de acción psicológica para contrarrestar (…) la propaganda de 'izquierda'”. Tras su denuncia, la base de Trelew fue allanada y así se comprobó que la cúpula de la Marina pedía información a todas las bases. El director de inteligencia de la base y otros ocho marinos fueron entonces destituidos y procesados. En 2008, la denuncia se amplió al jefe y al subjefe de la Armada.

Prácticas de la dictadura

Para uno de los abogados del CELS querellantes en la causa, Rodrigo Borda, este proceso es de una relevancia excepcional porque, explicó a Público, “corrobora la hipótesis de que maniobras de inteligencia ilícita eran parte de una práctica sistemática de la Marina”. La causa también desvela “la autonomía de las Fuerzas Armadas, que tienen sus propios planes de inteligencia al margen de la política institucional”.

Aunque por ahora sólo la Marina está involucrada, lo revelado durante las investigaciones “no es novedoso porque tiene que ver con prácticas de los militares que pertenecían a la Doctrina de Seguridad Nacional de la dictadura”, enfatiza Borda, quien reconoce que algunos de sus compañeros del CELS han sido víctimas del espionaje.

Aunque estas actividades ya están prohibidas en Argentina por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, la presidenta Cristina Fernández reglamentó a raíz de esta causa una reforma en el sistema de inteligencia argentina, a la vez que la por entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, también espiada por la Marina, estableció una serie de medidas para fortalecer el poder civil respecto a todas las Fuerzas Armadas.

“No es fácil cortar con la inercia tan fuerte de las Fuerzas Armadas con respecto a estas prácticas que arrastran de la dictadura”, admite Borda. “Éste es un trabajo arduo que debe ser política no sólo de Gobierno, sino de Estado”, sentencia.


* Artículo aparecido el 21-12-2011 en el diario español Público.

“Si un juez comprueba que el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad, el Estado está en la obligación de investigar” *

El juez federal Daniel Rafecas tiene a su cargo una de las causas más importantes que investiga sobre el terrorismo de Estado cometido durante la última dictadura argentina (1976-1983). La causa es conocida como “Primer Cuerpo” del Ejército, que se refiere así a la jurisdicción militar más grande que funcionó durante la represión. Desde hace seis años Rafecas trabaja en esta instrucción que tiene miles de víctimas y en la que centenares de represores han sido procesados. Desde Buenos Aires contesta sobre la situación que atraviesa el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

• ¿Qué opinión tiene de las dos causas abiertas en el Tribunal Supremo de España contra Garzón?

• Nosotros llevamos adelante el tipo de investigaciones que realiza nuestro colega de la Audiencia Nacional, y vemos con cierta perplejidad lo que está sucediendo con Garzón. De él tenemos un gran respeto por su labor durante estas dos décadas, dado que ha consolidado un camino de lucha por la verdad y la justicia en nuestros países.

• ¿Por ejemplo?

• El aporte que hizo en 1998 sobre el terrorismo de Estado en Argentina fue un eslabón importante en la cadena de sucesos que permitieron remover todos los obstáculos para llevar adelante el proceso que se vive en Argentina en estos momentos.

• ¿Puede ser considerada como prevaricadora la actuación deGarzón en el caso actual, tal como opina el Tribunal Supremo (TS)?

• Lo que ha hecho es decir que no pueden oponerse obstáculos jurídicos frente a crímenes de lesa humanidad. Por eso es muy endeble formular una acusación contra un juez que lo que ha hecho es explicar el derecho internacional como fuente inobjetable de su actuación.

• ¿A qué responde entonces la acusación del Tribunal Supremo contra el juez?

• Desde luego, esa acusación dista de ser encuadrada en una figura o en una infracción. Y mucho menos en un delito penal.

• ¿Por qué querrían entonces inhabilitarlo?

• Quienes lo acusan están perdiendo de vista que la vigencia de ciertas normas de derecho internacional está por encima a la legislación interna de cada uno de nuestros países. En todo caso, existen diversas instancias y un Tribunal Supremo que revisan lo que hacen jueces interiores. Pero otra cosa es entrar en el terreno de las acusaciones y de la posible comisión de un delito por lo que ha decidido un juez aplicando las convenciones y el derecho internacional, al cual, por cierto, todos nuestros países son tributarios.

• ¿Cómo se interpreta el auto del Tribunal Supremo desde Argentina?

• Se trata de un reproche basado en que el juez habría pasado por encima de la legislación vigente de los últimos 60 años en España respecto al sistema. Pero leyes de este tipo son incompatibles con normas de carácter internacional que obligan a nuestros países a remover todos los obstáculos allí cuando se trate de crímenes de lesa humanidad. Si un juez decide, por prueba que tiene en sus investigaciones, que el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad, el Estado está en la obligación de investigar.

• El Tribunal Supremo no habla de crímenes de lesa humanidad, sino de delitos políticos.

• Ahí está la discusión. Pero lo que está en tela de juicio es que la decisión que ha tomado el juez Garzón de considerar los crímenes de lesa humanidad es difícilmente atacable.

• ¿Cómo se puede abrir entonces una causa para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en España?

• Uno se persona ante Poder judicial, invoca las convenciones internacionales y el derecho internacional que consagra la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes, y prueba las características de los crímenes de lesa humanidad, que son cometidos desde el Estado,en forma masiva y sistemática contra un sector de la población.

• ¿Y cuando se dan estas características?

• Estamos ante crímenes de lesa humanidad que no pueden ser amnistiados.

• ¿Cuál ha sido su experiencia en Argentina?

• Yo pertenezco a una generación de jueces que estamos participando en una política de Estado con investigaciones, detenciones y juicios contra los represores que actuaron en la última dictadura militar. En Argentina hay plena coincidencia entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de impulsar este proceso. Aquí también hubo leyes de impunidad y también indultos, pero después fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.

• ¿Por qué Argentina ha sido capaz de llevar ante la Justicia a los responsables del terrorismo de Estado y en España no lo ha hecho?

• Aquí nos ha costado mucho llegar a este momento. El caso de Argentina es muy sangriento, con desapariciones forzadas de a miles, técnicas muy siniestras de exterminio y con muchos represores vivos cruzándose en la calle con las víctimas. Estaba en juego la consolidación democrática. Para nosotros es una cosa de vida o muerte.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 14-02-2010.