Análisis - Gobierno de Macri cambia el rumbo de la economía argentina

El rumbo económico de Argentina dio un giro abrupto en el primer año del Gobierno de Mauricio Macri respecto de las directrices dominantes en la última década, analizaron para Sputnik Nóvosti dos economistas. 

"El actual Ejecutivo vino a replantear el enfoque y la estrategia en materia económica de manera medular", dijo el economista Claudio Lozano, presidente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), en la víspera del primer aniversario de la gestión de Macri.

El nuevo rumbo hace que pierda sentido la discusión sobre la herencia de 12 años de kirchnerismo en el poder, a juicio de Lozano, exdiputado de la izquierdista Unidad Popular.

El Gobierno parte del supuesto de que el problema central es lo elevado que son los costos laborales, lo que deriva en "una batería de medidas dirigidas a reducirlo", dijo Lozano.

DEVALUACIÓN

La liberalización cambiaria, que consistió en equiparar el valor de la tasa de cambio oficial peso-dólar a la del mercado negro, buscaba corregir la distorsión que había dejado el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), según el economista Claudio Zuchovicki, quien sí observa el peso de la herencia.

Se buscó "transparentar el valor del dólar, que ya había variado de precio, aunque el Gobierno anterior no lo reconociera", indicó Zuchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

"Pensamos que no iba a ser tan inflacionario, pero como Argentina estaba trabajando con plena capacidad instalada, y dado que seguía sin lograr la confianza suficiente, mucha de esa devaluación se trasladó a los precios", añadió el analista en mercados.

Para Lozano, la devaluación de 50 por ciento de la moneda local y ese traslado a los precios, la quita o rebaja de impuestos a las exportaciones agropecuarias y los aumentos de tarifas hundieron el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

"El problema argentino tiene que ver con la baja cantidad y baja calidad que tiene la inversión", aseguró el investigador.

ECONOMÍA ABIERTA

El Gobierno decidió abrir la economía a las importaciones y los capitales financieros en busca de mejorar la competitividad.

Pero "esa mirada no toma en cuenta las características del mundo en que nos encontramos, en donde hay capitales disponibles para hacer ganancias financieras rápidas y de corto plazo en el lugar que se lo proponga, y donde existen unos niveles de sobreproducción que, a un precio mucho menor, pueden desplazar la producción local", sostuvo Lozano.

Se alentó la especulación financiera con tasas de interés "muy significativas en dólares, que permitieron a los principales capitales locales y extranjeros hacer grandes ganancias en pesos y volver a transformarlas en dólares", añadió.

Para frenar la inflación, consideró Zuchovicki, el Gobierno también aumentó inicialmente la tasa de interés en pesos en 25 por ciento, de modo que los inversores también se lucraron vendiendo dólares para comprar en pesos.

Así se originó un atraso bancario porque en vez de invertir se apostaba al mercado financiero.

Sin embargo, "los dólares no se han ido del país", de modo que si la tasa de interés sigue bajando como sucede en este momento, es probable que el inversor apueste por la economía real con la compra de propiedades u otro tipo de inversión, añadió.

ENDEUDAMIENTO

La administración de Macri se abocó a solucionar el litigio judicial abierto con los fondos buitre para conseguir financiamiento externo, iniciando una nueva etapa de endeudamiento.

A los 32.000 millones de dólares de deuda externa que tomó el Ejecutivo nacional, se suman otros 6.000 millones de dólares de las gobernaciones y 10.000 millones de dólares que tomaron las principales empresas privadas.

Argentina adquirió este año el doble de préstamos que el resto de los países latinoamericanos en su conjunto, observó Zuchovicki.

Mientras el presupuesto de 2017 prevé que el Estado tome casi 40.000 millones de dólares más de deuda.

"La deuda está en el 50 por ciento del producto interno bruto, pero no está afectada ni la capacidad de pago ni el costo del dinero, dado que cada vez que sale al mercado, el país consigue una tasa inferior de interés", explicó.

Lozano, por su parte, destacó la regularización de capitales no declarados por casi 21.000 millones de dólares.

INVERSIONES

Pese a que era una de las prioridades del Gobierno, la inversión este año se desplomó tres puntos con respecto al año anterior, y lo mismo sucedió con la producción económica.

"Esto se produce en el marco de un proceso de redistribución injusta de ingresos, donde pierden los sectores populares en favor de los sectores más concentrados con orientación exportadora", dijo Lozano.

Muchas inversiones esperadas no llegaron por la incertidumbre sobre las tarifas o el valor del tipo de cambio, distinguió Zuchovicki.

"El Gobierno se justifica diciendo que por la corrupción del Ejecutivo anterior no podían invertir en obra pública sin ver qué había contratado y qué era lícito", indicó el analista financiero.

Se espera que la tendencia cambie en 2017 y aumenten los proyectos viales en el interior del país, un reclamo de los gobernadores que Macri está dispuesto a atender.

POBREZA E INDIGENCIA

El Gobierno, sin votos en el Congreso para frenar el gasto, aumentó los subsidios y la cobertura de los planes sociales, mientras los ajustes salariales han crecido por encima de la inflación.

Sin embargo, "en los últimos seis meses 300.000 personas han caído en la pobreza, lo que supone la creación de 7.000 pobres por día, 290 por hora, o cinco pobres por minuto", mientras hay medio millón de indigentes más, "dos por minuto", sentenció Lozano.

La recuperación para el año próximo está focalizada en la inversión pública asociada a más endeudamiento, concluyó el presidente de IPPYP.

La esperanza del Gobierno es que el aumento de las obras públicas y la reactivación del consumo favorezcan la llegada de inversiones, pero esto es una expresión de deseos, finalizó Zuchovicki.

* Análisis publicado en la agencia internacional de noticias Sputnik Nóvosti el 9 de diciembre de 2016.

Argentina auditará su deuda externa

Cristina Fernández de Kirchner, hace unos días en Rusia (EFE)

 El Congreso argentino constituyó este martes una comisión bicameral permanente para estudiar la deuda externa contraída desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Estará compuesta por ocho senadores y ocho diputados, y tendrá que emitir una "opinión fundada" sobre las irregularidades que pudieran haber cometido los sucesivos Gobiernos ya en democracia.

El objetivo de la comisión es el de averiguar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior desde el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta militar dio el golpe de Estado. En 180 días deberán presentar su informe al Congreso.

Los diputados indagarán en los compromisos que ha contraído el país desde entonces, lo que implica examinar canjes, megacanjes, blindajes, negociaciones, refinanciaciones, pagos de comisiones, reestructuraciones y suspensión de pagos.
La comisión también supervisará la deuda que está en manos de los fondos buitre, un asunto sensible en Argentina después de que un juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, fallara en contra del país con la orden de que pagara 1.330 millones de dólares a los acreedores que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total de los bonos).

La delegación examinará los pagos que el país tiene acordados con sus acreedores, y además deberá pronunciarse sobre los plazos y las cantidades de dinero pactadas en cada caso, advirtiendo sobre las irregularidades que hallaran en el camino.

La mitad de los diputados y cinco de los ocho senadores que integran la comisión son del Frente para la Victoria (FPV), el partido de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue ella quien propuso la supervisión de la deuda externa a través de la ley de pago soberano de la deuda aprobada por el Congreso en 2014.La misma mandataria explicaba por entonces que con el golpe de Estado, el país comenzó "a transitar por una etapa de desindustrialización acelerada con exclusión social", y que "la contrapartida financiera de este modelo" conllevaba el sobreendeudamiento del país.

"La deuda externa ascendía en 1976 a 8.000 millones de dólares. Al término de la dictadura, era de más de 43.000 millones. El aumento de la deuda pública externa fue una constante en cada uno de los Gobiernos que siguieron a la dictadura", expresó la jefa de Estado.  A marzo de 2015, Argentina tenía una deuda externa de 137.810 millones de dólares. Si el Producto Interior Bruto argentino se calcula en 609.900 millones, la deuda externa representa el 22,59% del PIB.

"Estudiaremos la geneología de la deuda externa desde 1976 y cómo se constituyó como un elemento de poder", explicó a Público el diputado por el FPV Eric Calcagno, presidente de la comisión. "Analizaremos también el tema de los fondos buitre, en lo que hoy es un verdadero bloqueo financiero de la Argentina. Es una lucha para saber si la soberanía reside en el pueblo o en los tenedores de deuda".

La comisión trabajará con el precedente del informe Di Cola, llamado así por el exdiputado Eduardo Di Cola, "en el que se determinó quiénes eran los que fugaron capitales del país con la crisis de 2001", según Calcagno.

FMI, cómplice de la dictadura

Claudio Lozano, integrante de la comisión y diputado por Unidad Popular, quiere analizar también la resolución del juez Jorge Ballesteros, que en 2000 reconoció la ilegitimidad de la deuda externa tras estudiar una denuncia del historiador y político Alejandro Olmos. En 1982, aún bajo el gobierno militar, Olmos acusó al FMI de complicidad con la dictadura, certificando además que no estaban los registros contables de la deuda. El juez reconoció 477 irregularidades, pero la causa fue archivada por prescripción.

Lozano reclama además la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, dado que la mitad fue originada con el régimen militar, "y la participación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como una institución que operó con el tema del endeudamiento y que ha sido susceptible de operaciones de lavado y pérdida de fondos para el financiamiento del sistema provisional".

"Esto se produce en el marco de la discusión con los fondos buitres, por eso el Gobierno creó esta comisión frente al cuestionamiento que hacíamos de que el canje de 2010 era ilegal", razonó Lozano con este diario. "En estos quince años nunca se hizo nada. Esto es un punto de partida".

El diputado quiere retomar también todas las denuncias que se han realizado ante la Justicia sobre las reestructuraciones de la deuda en la década del 90. "Con todas las dudas que nos genera el oficialismo, vamos a garantizar que se investigue en serio, y si no, lo denunciaremos", afirmó.


* Artículo aparecido el 30 de abril de 2015 en el diario español Público.

El 'déjà vu' de Argentina con los fondos buitre

Con la atención de gran parte de los argentinos puesta en la final del Mundial que enfrentará este domingo a su país con Alemania, el Gobierno de Cristina Fernández mira de reojo el calendario ante otra disputa que tiene su desenlace el 30 de julio: antes de esa fecha, el Ejecutivo tendría que llegar a un acuerdo con algunos fondos especulativos que reclaman el pago íntegro de sus bonos de deuda, avalados por un fallo de la Corte Suprema estadounidense.

 

El juez Thomas Griesa es el nombre que ahora está en boca de todos. En noviembre de 2012, el magistrado sentenció que Argentina tenía que pagar 1.330 millones de dólares a tres fondos buitre que no entraron en los canjes de quita de deuda propuestos en 2005 y 2010 por el Gobierno argentino. La resolución fue apelada por el Ejecutivo. Pocos esperaban que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara, el pasado 16 de junio, la decisión de Griesa.

Argentina tiene ahora hasta finales de mes para llegar a un acuerdo con litigantes, pues para entonces vence el plazo de gracia que tiene Argentina para pagar en Estados Unidos 539 millones de dólares de vencimiento de deuda a varios acreedores que sí ingresaron en los canjes.

El fantasma de 2001

Pero el Gobierno argentino ya depositó este monto a finales de junio en el Banco de Nueva York, su agente de pago en Estados Unidos, el cual ha inmovilizado el dinero para no desobedecer a Griesa. La sentencia del magistrado advierte de que "en caso de no cumplirse el fallo, se embargarían los pagos de Argentina a los deudores con títulos reestructurados y consideraría aquellos bancos que incumplieran sus órdenes cómplices de desacato".

"Griesa va a tratar de armar el fantasma de la suspensión de pagos, pero es complicado justificarla porque Argentina ya giró el dinero, y por más que se haya bloqueado, es el juez quien impide que lo reciban los bonistas", explica a Público el doctor en Sociología Gabriel Merino, miembro del Centro de Estudios Formación e Investigación en Política Economía y Sociedad (CEFIPES).

"Lo que intenta Griesa es producir un golpe en la estrategia argentina de acercarse a los mercados en un contexto de problemas económicos que se han generado tras la devaluación de los últimos meses", presume Merino.

Cristina Fernández llegó a tildar de extorsiva la resolución judicial, que es favorable al 1% de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar íntegramente la deuda pública en mora tras la crisis de 2001, mientras que los bonistas que sí aceptaron la reestructuración del valor de sus bonos son el 92,4%.

"Hay una guerra entre gigantes, que llega a Estados Unidos y Europa", valora el investigador. "Se están enfrentando no sólo con Argentina, sino con otros sectores más poderosos. Los neoconservadores, que tienen menos poder, tratan de dinamitar todo canje de deuda. Ellos quieren que cualquier reestructuración, norma o legislación, se haga dentro de su país y así evitar instituciones internacionales. Al frente, Argentina intenta negociar con el apoyo de FMI, de la OEA, del G-77 y de otros grandes jugadores que no quieren  venir amenazado el tablero financiero internacional".

Pero puesto ya en crisis, los más atentos al devenir de este conflicto son los bancos que entraron en la reestructuración de la deuda argentina, como Barclays, Citigroup o Deutsche Bank. Argentina no sólo tiene que sobrevivir al 30 de julio. El 31 de diciembre vence la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a los bonistas que aceptaron los canjes reclamar las mismas condiciones que reciba hasta entonces cualquier otro acreedor.

Si Argentina accediera al reclamo de los fondos buitre, el resto de los acreedores que aceptó el canje podría disparar demandas para cobrar también ellos la deuda íntegra, lo que equivaldría para el Estado un desembolso de 120.000 millones de dólares que el país no tiene.

A corto plazo, la sentencia también puede habilitar las querellas de otros acreedores de deuda que no entraron al canje y que podrían reclamar 15.000 millones más.

De no ceder Griesa, según Merino, los bonistas podrían demandar al magistrado y a los agentes de pago que no giren el dinero de Argentina.

Deuda odiosa y soberanía

"El efecto del fallo de Griesa puede tener dos resultados", observa el economista y político Claudio Lozano, diputado nacional del partido de izquierdas Unidad Popular. "Acelerar la crisis de endeudamiento aumentando la deuda pública, o aprovechar la oportunidad para replantear la estrategia de la deuda y recuperar mayor margen de soberanía para nuestra política económica".

Lozano no duda en calificar el fallo de Griesa como inaceptable. "El conjunto de efectos del fallo Griesa es de tal magnitud que resulta imposible aceptarlo en esos términos. La sentencia está siendo cuestionada no sólo por los Gobiernos de América Latina, sino también los europeos, la ONU, el FMI y la OEA", reivindica. Este apoyo le daría a Argentina cierta maniobra de acción.

"Pueden pasar dos cosas: una, que el Gobierno se avenga a una suerte de negociación en donde acepte pagar con nueva deuda, volviendo a la vieja calesita del endeudamiento que tuvimos en los años 90", advierte el diputado. "Otra, que reemplace el Banco de Nueva York por el Banco de la Nación de Argentina como agente de pago y convoque a los acreedores actuales para cambiarles sus bonos por unos que tengan legislación local, de manera de no seguir emitiendo bonos que reconozcan tribunales y leyes extranjeras, una barbaridad de la reestructuración de deuda que sigue manteniendo lo que inauguró la última dictadura militar (1976-1983)".

A esto último se lo conoce bajo el término técnico de "prórroga de jurisdicción", lo que habilita a cualquier tribunal tratar a Argentina como deudor comercial y no como Estado soberano.

El contrato de canje que estableció con sus acreedores le permite a Argentina tomar el segundo camino planteado. Sólo bajo este escenario podría realizarse un proceso de auditoría integral de la deuda pública, como ha llevado a la práctica Ecuador con el Gobierno de Rafael Correa.

Este país pagó al final el 30% de su deuda sin que hubiera reclamos que lo frenaran, porque la auditoría que realizó puso sobre la mesa todas las ilegalidades e ilegitimidades que se habían realizado en los distintos procesos de endeudamiento.

"Desde 2001 en adelante, Argentina ha seguido emitiendo deuda pública violando nuestra propia Constitución y aceptando la emisión de bonos bajo ley y tribunal extranjero" critica Lozano. "Si nosotros hubiéramos realizado una investigación, tendríamos que haber declarado nulas todas esas emisiones de deuda. Si uno no cuestiona nada, termina siendo enjuiciado por un juez como Griesa".

Los dólares que no están

Argentina ha sido muy disciplinada durante la última década en el pago de su deuda. "Hemos pagado en ese tiempo 63.000 millones de deuda pública, tenemos 250.000 millones de deuda todavía (la mitad del PBI) y al mismo tiempo andamos embargados y enjuiciados por el mundo", añade el político.

Efectivamente, la presidenta Cristina se ve obligada a alquilar aviones en sus viajes internacionales para que no le embarguen la aeronave presidencial. Aun así, Lozano cree que el Gobierno se encamina a una negociación con los fondos buitre que acelerará la crisis de endeudamiento.

"Y no por casualidad", reflexiona el diputado. "Desde octubre de 2013, después de las elecciones legislativas, el Gobierno ha buscado endeudarse como demuestra la devaluación, la suba de las tasas de interés, el retraso de los salarios y las jubilaciones, y los acuerdos con Repsol y con el Club de París, que llevan implícita la idea de un acuerdo amigable con los fondos buitre y por esta vía, volver al mercado financiero internacional".

El partido que lidera Lozano cree que se negoció mal con Repsol porque Argentina tenía que haberle pasado la cuenta de un conjunto de facturas ambientales reconocida en juicios que tiene abiertos la multinacional no sólo en este país, sino también en América Latina y en Estados Unidos.
También reclama la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, visto que la mitad fue originada durante la dictadura, cuando no hay registro de todos los ingresos de dólares que supuestamente entraron. "Hubiera merecido una discusión este asunto de la deuda odiosa, que es la misma caracterización que hizo Estados Unidos con la deuda que tomó el dictador Saddam Hussein en Iraq y que luego fue condonada", alude el diputado.

Al no haberse discutido ninguno de estos parámetros, Lozano calcula que para finales de 2015 Argentina habrá incrementado sus vencimientos en dólares en 3.800 millones de dólares. "La política es: como no tengo divisas, incremento mi necesidad de divisas y por lo tanto incremento mi necesidad de deuda", resume el político. "La idea de que es necesario endeudarse para pagar los vencimientos de la deuda que reconocemos, cuando ésta merece ser discutida, nos devuelve al peor de los mundos en términos de estrategia de política".

Pero ¿acaso puede Argentina hacerse dueña y soberana de todas las decisiones económicas que le atañen, prescindiendo de amenazas y castigos que vengan de afuera? La falta de divisas en Argentina, uno de los problemas más graves que afronta el Gobierno, es lo que suele esgrimirse como motivo necesario para congraciarse con el sector financiero del exterior y así no quedar aislado como país.
Lozano evoca los 90.000 millones de dólares que en la última década se fugaron de Argentina, los depósitos que hay en el exterior por otros 200.000 millones, y recuerda que el saldo de las 50 principales empresas de Argentina triplica el resultado comercial del país.

"Debería haber algún tipo de discusión en la política pública para que los dólares argentinos estén en Argentina. Hay que buscar los dólares por ahí, y no sobre la base de allanarse a situaciones de limitación que propone el acuerdo con el sistema financiero internacional", expone el político. "Sin embargo, Argentina está hoy sin divisas como consecuencia de la privatización de las divisas que genera".


* Artìculo publicado el 12 de julio de 2014 en el diario español Público.