Grupo de Puebla intenta abrir un espacio progresista en una América Latina convulsionada

Un grupo de políticos latinoamericanos denunció el golpe de Estado en Bolivia y apoyó las protestas en Chile durante su segundo encuentro este fin de semana en Buenos Aires.

El Grupo de Puebla que integran 32 líderes de doce países se reunió durante dos días en la capital argentina con el propósito de aunar las fuerzas progresistas de la región. La alegría inicial por la reciente excarcelación del expresidente Inácio Luis “Lula” Da Silva que mostraron durante el acto de apertura la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), o el presidente electo de Argentina y anfitrión del encuentro, Alberto Fernández, trocó en preocupación a medida que llegaban las noticias sobre lo que sucedía en Bolivia.

Este colectivo, entre quienes se encuentran el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) o el exmandatario de Paraguay, Fernando Lugo (2008-2012), destinó buena parte de sus sesiones el sábado por la tarde a seguir los acontecimientos en este país. Algunos políticos comentaban de manera reservada su inquietud con los amotinamientos policiales que empezaban a declararse en rebeldía en Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Oruro.

Llegó el domingo, y al término del encuentro, el Grupo de Puebla emitió un extenso comunicado en el que apoyaba la decisión del presidente Evo Morales de repetir las elecciones generales y de renovar las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. En su documento, esta instancia regional repasó la situación de buena parte de los países de la región.

 
El Grupo de Puebla manifestó, por ejemplo, su preocupación por el asesinato de más de 600 líderes sociales en Colombia. Condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU a Cuba. Alertó de que en Chile hay una "violenta represión de la movilización social por parte de las fuerzas policiales” con violaciones a los derechos humanos y pidió al presidente Sebastián Piñera que reconociera el reclamo popular y reformase la Constitución.

El colectivo también decidió enviar a Ecuador una delegación ante “la persecución política y judicial de los dirigentes de la oposición”. Abogó por una salida democrática y pacífica al conflicto en Venezuela. Y además puso el foco sobre Haití, donde protestas masivas desde hace más de dos meses muestran “un país destrozado económica, social y políticamente”, pese a que “la prensa y la política internacional no está poniendo atención sobre el estancamiento de las posibles salidas a ese conflicto”.

El Grupo de Puebla, que celebró su primera reunión en esa ciudad de México el pasado mes de julio, apostó como espacios de convergencia progresista la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercosur, la Unasur y la Alianza del Pacífico, y defendió entre sus principios “la promoción del comercio intrarregional, la protección del medioambiente, la igualdad de derechos y la inclusión en espacios de poder de las mujeres”.

Cuando horas después se consumó el golpe de Estado en Bolivia, el Grupo de Puebla volvió a sacar un comunicado en el que denunció que tanto la Constitución como el Estado de derecho habían sido “violados interrumpiendo un mandato constitucional”.

En el documento que también firmó el expresidente Lula, el Grupo de Puebla observó que “las fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de Estado”.

El segundo encuentro del Grupo de Puebla tiene lugar en un momento muy peligroso para América Latina. Sólo cinco países de la región, Cuba, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, han condenado el golpe de Estado en Bolivia. 

Mientras el Gobierno saliente de Mauricio Macri se resistía a reconocer el quebranto institucional en ese país, el próximo mandatario de Argentina, Alberto Fernández, no dudó en definirlo como tal. “Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado”, advirtió.

Aunque faltaron algunos de sus integrantes en la reunión de Buenos Aires, como el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica (2010-2015), o el de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), el Grupo de Puebla aspira a promover un polo progresista en la región con eje en los Gobiernos del mexicano Andrés Manuel López Obrador y en el próximo de Argentina.

Para ello deberán rescatarse organismos como la Celac, según adelantó el Grupo de Puebla en su comunicado. “La Celac es una especie de OEA sin EEUU, y en la medida que tengamos la capacidad de articular el trabajo conjunto con estos mecanismos de integración subregional, podremos tener tres campos de intervención: buscar la inclusión social, generar valor agregado en el comercio, y construir ciudadanía”, resumió en conversación con Público el expresidente colombiano Samper. “Mientras Europa trata de convertirse en nación cuando son 32, nosotros somos una sola nación que no hemos logrado ni siquiera convertirnos en región”.

* Artículo publicado en el diario Público de España.

Intento de golpe de Estado en Ecuador

Se ha declarado el estado de excepción por cinco días en Ecuador. Se ordena a las Fuerzas Armadas que asuman la seguridad del país.

Correa ha sido gaseado y golpeado por los policías. De ahí se trasladó al hospital Metropolitano de Quito, y ahora está retenido. Dice que volverá al palacio presidencial cuando "se den las condiciones".

La plaza frente al palacio presidencial (palacio de Carondelet) está abarrotada de gente.
El intento de golpe de Estado ha sido apoyado por un sector de la Fuerza Aérea al ocupar el aeropuerto internacional de Quito.
Florencio Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Policía, ha dicho que no están contra el presidente, sino que le apoyan, aunque pide que sean revisados ciertos aspectos del proyecto de Ley de Servicios Públicos, que vetó parcialmente Correa tras haber sido aprobada por la Asamblea Nacional.

El proyecto contemplaba el mantenimiento del privilegio de bonos extra laborales y de condecoraciones por tiempo de servicios y mérito. El presidente explicó el por qué de su oposición en el Regimiento Quito. "Se están eliminando todas las canonjías, canastas navideñas, bonos adicionales, seguros de salud privados. La política es tratar de maximizar los sueldos, y de esa forma todos puedan dignamente adquirir los servicios que necesitan", dijo.

Pero ante los gritos de los policías que lo escuchaban, exclamó: "Señores, si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo, pero seguiremos con una sola política de justicia, de equidad (…). Si quieren destruir la Patria, destrúyanla, aquí está, pero este presidente no dará ni un paso atrás".

El ministro de seguridad interna que el amotinamiento es sólo de algunos bloques.
Ha dicho Correa a la Radio Nacional Pública: Está rodeado el hospital, me dicen de que revisan las ambulancias a ver si yo salgo. Eso sí que sería el colmo de la traición a la Patria y al Presidente".

Momentos antes, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, había dicho desde un balcón de la Casa de Gobierno que había "personas" que estabann intentando ingresar por los techos del Hospital Policial "para agredir al presidente Rafael Correa", y por ello convocó a la gente a "ir juntos a rescatarlo".

Agradecimiento a la migración*

"Si estás pensado en regresar... infórmate". Así es como el Gobierno de España ha lanzado su campaña publicitaria del Plan de Retorno Voluntario. La crisis aprieta, los inmigrantes son los grandes perjudicados ante la falta de empleo en sectores clave como construcción o servicios, y, por eso, la Administración española ha pensado en ellos.

Podrán acogerse a esta medida todos aquellos inmigrantes que se encuentren sin trabajo y con cuyos países España haya establecido un convenio bilateral en materia de Seguridad Social. Entre ellos, y con especial protagonismo, Ecuador. Junto con los marroquíes, los ecuatorianos son uno de los grupos más afectados ante la escalada de las cifras del desempleo, que ya afecta a más de tres millones de personas (unas 380.000 personas son extranjeras).El decreto ley, en vigencia desde hace un mes, dictamina que aquel migrante que se acoja al Plan podrá recibir la prestación de desempleo si previamente renuncia a sus permisos de residencia y trabajo y si se compromete a no volver a España en el plazo de tres años. Pasado ese tiempo, podrá solicitar su reingreso. Que el gobierno español se lo conceda o no, es otra cosa.

A ello se le une el anteproyecto de reforma a la Ley de Extranjería que ha aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada. Para que entre en vigor se precisa todavía la aprobación del Senado y del Congreso, pero no se espera ningún contratiempo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el Gobierno, y con las coaliciones ya establecidas, puede conseguir mayoría en ambas cámaras.Lo que hace este proyecto, en resumen, es endurecer las condiciones de los extracomunitarios. Para empezar, se aumenta de 40 a 60 días el plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular, prorrogable por 10 más. Eso significa que se incrementa el período en el que una persona extranjera sin los documentos legales necesarios puede pasar detenida. El aumento se debe, según nuestro ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a que es el tiempo que se “considera necesario para poder cumplir con los trámites administrativos”. Por “administrativos” puede entenderse “de repatriación”.

Las agrupaciones familiares, por otro lado, se dificultan. Antes, los inmigrantes podían traer a su familia si llevaban dos años de residencia legal en España. Ahora deberán ser cinco. En cualquier caso, no podrán acceder a esto los padres que tengan menos de 65 años.No se escapan tampoco los empresarios que empleen sin contrato a inmigrantes que carezcan de papeles. Las infracciones se elevan a multas de hasta 100.000 euros, y los contratos simulados de trabajo o los matrimonios de conveniencia también serán sancionados con dureza.

Eso sí, se reconocen algunos derechos. Derechos que ya recoge la Constitución Española a cualquier persona por el hecho de serlo, y que además están garantizados por el Tribunal Constitucional. Pero ahí están: derecho a la sindicación, asociación, reunión y huelga. Y es que, aunque no se añadiera nada, había que incluir algo amable en un proyecto tan severo y que tan mal encaja en esta época navideña. Es la felicitación especial que ofrece el gobierno socialista de España en estas fiestas, tan especiales para todos.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador).

La batalla contra la BBC*

En febrero de este 2008, mientras trabajaba en Radio la Luna, recibí una llamada de un tal Fidel Narváez, ecuatoriano residente en Reino Unido. Dado que yo me dedicaba a la crítica de medios de comunicación, me dio a conocer un reportaje de la BBC en el que se afirmaba, entre otras cosas, que Chávez había entregado a Ecuador 250 millones de dólares “y las armas políticas para enfrentarse a George W. Bush”.

Fidel quería comprobar si era cierto lo que luego alegó la cadena para justificar esa cifra, esto es, que esa cantidad era deuda externa que en forma de bonos había comprado Venezuela a Ecuador. Y con la misma minuciosidad, investigó cada una de las afirmaciones que se sostenían en el reportaje realizado por Greg Palast. De este modo se ponía en juego no sólo la credibilidad de la BBC, sino también la de un periodista que gozaba de gran prestigio, entre otras cosas, por haber investigado el fraude electoral de Florida en el año 2000.

Así comenzó una pelea en la que parecía que el ganador sería aquel que fuera capaz de aguantar en medio de una vorágine de cartas e instancias que no acababan de resolver nada. Dado que la BBC garantiza al público un sistema de reclamación como garantía de los principios editoriales que defiende, Fidel Narváez decidió dirigir una carta a la sección de Quejas. Un año después, y tras haberse generado un expediente de más de 90 páginas, ha sido el jurado de última instancia de la cadena el que ha reconocido que la BBC infringió sus líneas de conducta sobre la veracidad.

El camino no fue fácil. Sólo cuando el proceso parecía inclinarse a favor de Fidel pudo éste conseguir el apoyo de algunas instituciones de Ecuador. Entre tanto, el periodista Greg Palast se desentendía de la denuncia del ecuatoriano: “Yo soy un experto. Tengo un título en finanzas internacionales y domino este tema que es a lo que me dedico”, dijo. “Realmente se trata del orgullo de Ecuador (...) Correa está preocupado de que no se lo vea como el gran juguete de Chávez”.

Aunque al final la BBC ha reconocido la desinformación del reportaje, no deja de resultar asombroso que la mayor corporación informativa del mundo haya tardado un año en admitir el fallo. Aún con eso, no habrá ningún mea culpa público y el veredicto quedará sólo reflejado en una edición mensual sobre reclamaciones editoriales que se publicará en la página web.

Y como si la cosa no fuera con ellos, casi ningún medio de comunicación ecuatoriano ha ofrecido ningún tipo de noticia sobre la acción que emprendía un conciudadano en solitario. Fidel se lamentaba, que de la misma manera, las autoridades de turno sólo tuvieran a bien unirse a su causa cuando ya estaba ganada.

Éste podría ser un ejemplo más sobre la autoridad que puede tener cualquier persona a la hora de exigir información de calidad. Otra cosa es que no haya muchos más casos a los que acudir, y que los que existan pasen de puntillas ante la opinión pública. Cabe recordarlo aquí, como tributo a los desafiantes que se atrevan a cuestionar cualquier medio de comunicación. Por muy grande que sea.

*Artículo escrito para El Telégrafo (Ecuador)