Argentina pedirá más extradiciones de franquistas pese al bloqueo de la Audiencia

"Jurídicamente la Audiencia Nacional está en las antípodas del reclamo de la Justicia argentina". El abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la causa sobre los delitos del franquismo desde Buenos Aires, ha cuestionado los alegatos  que ha esgrimido la Audiencia Nacional para negarse a la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas. "Se requirió una cosa y la Justicia española contestó otra", sostuvo.

 

"La Audiencia Nacional entiende que el caso de Muñecas es una denuncia de tortura aislada, sin conexión con el genocidio que se está investigando, y por lo tanto, aplica las reglas de prescripción para esos casos", explica el abogado. "Pero las pautas de prescripción no corren para los casos de delitos de lesa humanidad, que es lo que aquí se está investigando".

Castex denuncia que en la resolución ni siquiera se analiza el contexto histórico de los hechos denunciados, así fuera para descartarlo. "Las torturas por las que se reclama la extradición de Muñecas se realizaron en un contexto histórico determinado en el cual la tortura era sistemática, y eso es lo que le da el carácter de genocidio. No habrían ocurrido esas torturas de no haberse dado ese contexto", resalta.

El abogado hace énfasis en la diferencia de calificación jurídica que hace del caso la Justicia española y la argentina. "No hay conexión aparente, para la Audiencia Nacional, entre las torturas imputadas a Muñecas y el genocidio que llevó a cabo el franquismo", subraya. Castex además destaca que, de las siete carillas de la resolución, los argumentos jurídicos de la Audiencia están resueltos en apenas dos hojas. Las otras cinco se dedican a deambular sobre cómo llegó el pedido y de qué estuvo acompañado.

La querella argentina esperó a tener la resolución de la Audiencia Nacional para valorar  los alegatos presentados en unanimidad por los tres jueces de la sección tercera del tribunal. "Existe la posibilidad de recurrir si lo quiere la Fiscalía española, pero tal y como se ha expedido en la vista pública y en ocasiones anteriores, no lo va a hacer", Tampoco podrían recurrir las víctimas del franquismo, que no han sido parte del proceso, ni el Estado argentino, al no haberse personado como parte jurídica en la causa.
La semana que viene los abogados acudirán al juzgado a explicar la reacción de la Audiencia Nacional, aunque el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa, no emitirá ninguna decisión notificada hasta que no llegue la comunicación formal de la Audiencia Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La querella argentina da por descontado que seguirá con la causa. "Nosotros tendremos que reunirnos y tomar decisiones al respecto, por ejemplo con la resolución de imputaciones pendientes de la jueza, y con respecto a las medidas que dependen del juzgado, como retomar los viajes que se frustraron y ampliar las videoconferencias".

Los abogados también tienen puesta una mínima esperanza en que se realicen nuevos procesos de extradición con otros magistrados de la Audiencia Nacional, lo que abriría la posibilidad de que emitieran votos diferentes. Bastaría con que dos de los tres magistrados que deben decidir sobre una instrucción judicial accedieran a los pedidos de extradición de Argentina.

Nuevo fiscal en Argentina

La querella argentina también destaca el impulso que en Argentina podría tener la causa con la intervención de un nuevo fiscal, Ramiro González. "Nosotros pedimos, atentos a la nula actividad del fiscal Federico Delgado, la incorporación de una procuración especial sobre crímenes de lesa humanidad. Delgado se excusó de actuar, y la causa fue remitida por Servini, de modo que se realizó un nuevo sorteo", aclara Castex.

El nuevo fiscal, que tendrá una vista pública para definirse en el caso, podría acompañar a la querella en la causa contra los crímenes del franquismo. "González es el acusador público, a diferencia de nosotros, que somos el acusador privado. Podría pedir a la jueza medidas probatorias, indagatorias, y hasta extradiciones", añade el abogado.

Todavía quedan por ser resueltos 20 pedidos de extradición que ha elevado la querella argentina a la jueza desde el comienzo de la causa, en abril de 2010: cinco pendientes del el año pasado -de un primer listado de nueve personas  en el que estaban Jesús Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, además de otros dos fallecidos- y quince que se pidieron en abril.

Larga espera

España ha tardado siete meses en rechazar la orden de detención que pesaba sobre Muñecas, imputado por torturar a Andoni Arrizabalaga Basterrechea cuando estuvo detenido en el cuartel de la Guardia civil de Zarautz, en 1968. El juzgado de Servini de Cubría todavía espera a que la Audiencia Nacional resuelva el pedido de extradición de Billy el Niño, acusado de cometer torturas a 13 personas entre 1971 y 1975.

El abogado Carlos Slepoy, que lleva la causa desde España, ya informó en abril de que la magistrada, en cualquier caso, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino".


* Artículo aparecido el 26 de abril en el diario español Público.

La querella argentina desmiente el dictamen de la Fiscalía sobre la extradición de 'Billy el Niño'

El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional mediante el que se opone a la extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, llega a conocimiento de los abogados argentinos que impulsaron su pedido de captura internacional durante el último día de feria judicial en Argentina.

Máximo Castex, representante de las víctimas del franquismo en la causa que busca enjuiciar en Argentina a los responsables de la dictadura, ha asegurado a Público que la Fiscalía incurre en una contradicción. "Si el fiscal admite que los crímenes de los imputados son delitos de lesa humanidad, son por lo tanto imprescriptibles, y si hay una acusación, se tiene que llevar adelante el proceso", afirma. "No pueden dar prioridad a una norma interna frente a una del derecho penal internacional".

Aunque la Fiscalía admite la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales, hace suya la consideración del Tribunal Supremo español sobre este asunto, que considera que esta norma general no puede aplicarse de forma retroactiva.

"Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces", constataba en su dictamen, dado a conocer este viernes, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos."Si por un lado reconoce que se tratarían de delitos de lesa humanidad, estos son imprescriptibles, por lo que va de suyo que no tiene que meterse a analizar la retroactividad de la ley", rebate Máximo Castex.

El abogado argentino manifestó su extrañeza de que la Fiscalía haya anticipado por escrito su dictamen, cuando se esperaba que lo hiciera directamente en la vista pública que se celebrará ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el juez Pablo Ruz decidirá si autoriza la extradición de Billy el Niño y del ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados en Argentina del delito de torturas en el marco del genocidio que perpetró la dictadura franquista.
"La Fiscalía se descubrió sola cuando se precipitó en su postura de negar la extradición ante las órdenes de detención dictadas por Servini de Cubría en septiembre de 2013", constata Castex. "Todavía no tenían la resolución misma de la jueza porque al fiscal sólo le había llegado la orden de Interpol, que es telegráfica".

Por eso el abogado no se muestra sorprendido con la postura de la Fiscalía. "Sus argumentos siempre se basan en la prescripción, pero porque toman la tortura como un delito autónomo, como un crimen infringido en un hecho concreto, de tiempo, modo y lugar. Si le quito a la tortura el carácter de delito de lesa humanidad, como delito cometido en el desarrollo de un genocidio, puedo tomar las reglas generales de los delitos clásicos".

Pero esta argumentación se cae ante un proceso que juzga crímenes de lesa humanidad. "Esto no se puede aplicar a los delitos complejos como lo es el de genocidio: una de las conclusiones jurídicas que tienen es que no prescriben. Por lo tanto, se puede llevar a adelante el juicio aun mucho tiempo después de haberse cometido el hecho, como es nuestro caso", añade el letrado.

La otra justificación de la Fiscalía para negar la extradición consiste en defender el principio de territorialidad frente a la jurisdicción universal, reconocida en la Constitución argentina para juzgar crímenes de lesa humanidad. "Una vez más, invocan normas internas para desobedecer normas internacionales", arguye el abogado. "Un ejemplo de ello es la ley de Amnistía de 1977, que está en contraposición con las normas jurídicas de carácter internacional. Ellos lo que están haciendo es invocar esa normativa interna, en cualquier momento, para negar la extradición".

De cara "a la galería"

Máximo Castex, impulsor de la causa contra los crímenes franquistas desde su nacimiento en abril de 2010, interpreta como un gesto "para la galería" la decisión del Consejo de Ministros de permitir, en noviembre de 2013, que el pedido de extradición continuara en la Justicia española para decidir si cedían al reclamo de la jueza argentina María Servini de Cubría.

"Probablemente aquello fuera un guiño político a sabiendas de cuál iba a ser la respuesta jurídica", analiza Castex. "Políticamente quedaron bien porque ya saben cómo va a seguir. Tenemos el fallo del caso Garzón, con el que el Tribunal Supremo ya manifestó que los crímenes franquistas no pueden ser investigados en España".

En todo caso, el juez Pablo Ruz todavía tiene que decidir si accede al pedido de extradición. "Está en una encrucijada de la historia judicial española, porque podría convertirse en el juez que denegó la extradición de los dos franquistas", advierte Castex. "Pero reconocemos que tomó medidas cautelares contra los acusados al retirarles el pasaporte y al exigirles que se personaran semanalmente ante un juzgado o una comisaría. Veremos ahora cómo reacciona ante el dictamen de la Fiscalía".

La última palabra, no obstante, la tendrá el Consejo de Ministros, que será quien decida si accede a que Billy el Niño y Jesús Muñecas sean juzgados en Argentina.


* Artículo aparecido el 31 de enero de 2014 en el diario español Público.

La Justicia argentina cae sobre sus propios jueces para juzgar los crímenes de la dictadura

El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional mediante el que se opone a la extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, llega a conocimiento de los abogados argentinos que impulsaron su pedido de captura internacional durante el último día de feria judicial en Argentina.

Máximo Castex, representante de las víctimas del franquismo en la causa que busca enjuiciar en Argentina a los responsables de la dictadura, ha asegurado a Público que la Fiscalía incurre en una contradicción. "Si el fiscal admite que los crímenes de los imputados son delitos de lesa humanidad, son por lo tanto imprescriptibles, y si hay una acusación, se tiene que llevar adelante el proceso", afirma. "No pueden dar prioridad a una norma interna frente a una del derecho penal internacional".

Aunque la Fiscalía admite la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales, hace suya la consideración del Tribunal Supremo español sobre este asunto, que considera que esta norma general no puede aplicarse de forma retroactiva.

"Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces", constataba en su dictamen, dado a conocer este viernes, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos."Si por un lado reconoce que se tratarían de delitos de lesa humanidad, estos son imprescriptibles, por lo que va de suyo que no tiene que meterse a analizar la retroactividad de la ley", rebate Máximo Castex.

El abogado argentino manifestó su extrañeza de que la Fiscalía haya anticipado por escrito su dictamen, cuando se esperaba que lo hiciera directamente en la vista pública que se celebrará ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el juez Pablo Ruz decidirá si autoriza la extradición de Billy el Niño y del ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados en Argentina del delito de torturas en el marco del genocidio que perpetró la dictadura franquista.
"La Fiscalía se descubrió sola cuando se precipitó en su postura de negar la extradición ante las órdenes de detención dictadas por Servini de Cubría en septiembre de 2013", constata Castex.

"Todavía no tenían la resolución misma de la jueza porque al fiscal sólo le había llegado la orden de Interpol, que es telegráfica".

Por eso el abogado no se muestra sorprendido con la postura de la Fiscalía. "Sus argumentos siempre se basan en la prescripción, pero porque toman la tortura como un delito autónomo, como un crimen infringido en un hecho concreto, de tiempo, modo y lugar. Si le quito a la tortura el carácter de delito de lesa humanidad, como delito cometido en el desarrollo de un genocidio, puedo tomar las reglas generales de los delitos clásicos".

Pero esta argumentación se cae ante un proceso que juzga crímenes de lesa humanidad. "Esto no se puede aplicar a los delitos complejos como lo es el de genocidio: una de las conclusiones jurídicas que tienen es que no prescriben. Por lo tanto, se puede llevar a adelante el juicio aun mucho tiempo después de haberse cometido el hecho, como es nuestro caso", añade el letrado.

La otra justificación de la Fiscalía para negar la extradición consiste en defender el principio de territorialidad frente a la jurisdicción universal, reconocida en la Constitución argentina para juzgar crímenes de lesa humanidad. "Una vez más, invocan normas internas para desobedecer normas internacionales", arguye el abogado. "Un ejemplo de ello es la ley de Amnistía de 1977, que está en contraposición con las normas jurídicas de carácter internacional. Ellos lo que están haciendo es invocar esa normativa interna, en cualquier momento, para negar la extradición".

De cara "a la galería"

 

Máximo Castex, impulsor de la causa contra los crímenes franquistas desde su nacimiento en abril de 2010, interpreta como un gesto "para la galería" la decisión del Consejo de Ministros de permitir, en noviembre de 2013, que el pedido de extradición continuara en la Justicia española para decidir si cedían al reclamo de la jueza argentina María Servini de Cubría.

"Probablemente aquello fuera un guiño político a sabiendas de cuál iba a ser la respuesta jurídica", analiza Castex. "Políticamente quedaron bien porque ya saben cómo va a seguir. Tenemos el fallo del caso Garzón, con el que el Tribunal Supremo ya manifestó que los crímenes franquistas no pueden ser investigados en España".

En todo caso, el juez Pablo Ruz todavía tiene que decidir si accede al pedido de extradición. "Está en una encrucijada de la historia judicial española, porque podría convertirse en el juez que denegó la extradición de los dos franquistas", advierte Castex. "Pero reconocemos que tomó medidas cautelares contra los acusados al retirarles el pasaporte y al exigirles que se personaran semanalmente ante un juzgado o una comisaría. Veremos ahora cómo reacciona ante el dictamen de la Fiscalía".

La última palabra, no obstante, la tendrá el Consejo de Ministros, que será quien decida si accede a que Billy el Niño y Jesús Muñecas sean juzgados en Argentina.


* Artìculo aparecido el 31 de enero de 2014 en el diario español Público. 

Argentina se muestra cautelosa: "Vamos a esperar que lo confirmen"

En Argentina ha caído por sorpresa la noticia de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha autorizado las extradiciones del ex guardia civil Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, y Jesús Muñecas Aguilar, ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, acusados de torturas en la causa abierta en el país por los crímenes del franquismo.

Todavía hay que esperar a que el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, decida si entregará a los dos imputados a la Justicia argentina para que sean juzgados en este país. Dados las dificultades que lleva sufriendo la causa desde su origen, el abogado de las víctimas franquistas, Máxim Castex, se muestra cauteloso.

"Primero debemos esperar la confirmación de las extradiciones", cuenta a Público. "Y después ordenar y agilizar el pedido a los efectos de que presten declaración indagatoria aquí en Argentina. Para eso, España va a tener que notificarle de manera oficial a la jueza que los dos imputados están a su disposición y que se inician los trámites de extradición".

Las órdenes de pedido internacional, en ese caso, se verían reflejados en la causa. Pero antes de celebrar una victoria que podría no concretarse, el juez Pablo Ruz tiene que comunicarse formalmente con la jueza Servini de Cubría.

"Si los dos imputados llegan a ser extraditados, se formalizaría la audiencia indagatoria, es decir, se presentarían las acusaciones contra Jesús Muñecas Aguitar y contra Billy el Niño existentes en la causa sobre los tormentos que realizaron a las víctimas del franquismo que refleja la querella", explica el abogado argentino. "Una vez acá, los dos españoles serían asistidos por un abogado, que les asesoraría en el proceso. Pero primero hay que esperar la formalización de las extradiciones", insiste.

Aunque todavía debe pronunciarse la Audiencia Nacional sobre el destino de los dos imputados, Castex admite que la noticia es fabulosa. "Si se llegan a realizarse las extradiciones sería increíble, porque esperábamos la oposición total del Gobierno español. Esto viene a reforzar la lucha de estos tres años en los que hemos llevado adelante la causa", exclama.

El abogado de las víctimas del franquismo sabe, no obstante, que un nuevo obstáculo puede volver a sorprenderlos. "Soy incrédulo, hasta que no lo vea con mis propios ojos no lo creo", admite. "El Gobierno de Rajoy fue el mismo que dificultó las videoconferencias y el que respondió negativamente a los exhortos de la Justicia argentina", recuerda.

Apoyo a la causa

Escollos como la cancelación de las videoconferencias en abril de este año fueron la prueba de que la suma de apoyos era imprescindible para impulsar este proceso. Fue entonces cuando la dedicación a la causa de los querellantes y de sus abogados comenzó a dar resultados.

En junio de este año, llegó el respaldo institucional del Parlamento vasco. Dos meses después, la Cámara de Diputados argentina apoyaba una moción de respaldo a la querella. En septiembre, se creaba la plataforma argentina de apoyo a la causa, y a los pocos días, llegaba la resolución inédita de Servini de Cubría, que por primera vez llamaba a indagatoria a los primeros imputados españoles por delitos cometidos durante el franquismo.

La llamada de atención final vino de la ONU, cuando en septiembre rechazó un informe del Estado español, que se hasta ahora se escuda en la ley de amnistía y en  la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura para no investigar el franquismo. El comité de Desapariciones Forzadas desmintió que esos crímenes hubieran ya caducado, y conminó a España a crear una comisión de expertos independientes para "determinar de verdad"

La Constitución argentina reconoce, desde 1853, el principio de justicia universal por el que el juzgado de Servini de Cubría se ha declarado competente para investigar los crímenes franquistas. La causa fue promovida el 14 de abril de 2010 por dos familiares de víctimas españolas del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. Hasta hoy se han incorporado a la querella unos 170 querellantes particulares.


* Artículo aparecido el 30 de noviembre de 2013 en el diario español Público.