Uruguay decide juzgar los crímenes de la dictadura

El Senado uruguayo aprobó en la madrugada de ayer (hora española) un proyecto legislativo por el que se queda sin efecto la Ley de Caducidad de 1986, que protegía a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). La coalición gobernante Frente Amplio, que lidera el presidente José Mujica, consiguió imponerse con 16 votos frente a los 15 de la oposición, pero el debate previo dejó una herida abierta en el oficialismo.

La discusión sobre la conveniencia de inhabilitar una norma que durante 25 años ha servido para indultar a los represores de la dictadura se prolongó durante más de 12 horas en la Cámara Alta. El motivo: la congruencia política y moral que muchos se planteaban a la hora de anular una ley ya refrendada por el pueblo uruguayo en dos ocasiones, en 1989 y 2009.

Es por ello que un senador del Frente Amplio, el exguerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, dimitió de su cargo tras acatar contra su voluntad la iniciativa de su coalición. "La legitimidad depende de lo que digan las mayorías", explicó. "Este pueblo puede necesitar vitalmente el mismo instrumento que hoy estamos desacreditando. Mañana mismo", agregó.

No es esta la única baja que podría darse en filas oficialistas. El senador Jorge Saravia fue el único legislador del Frente Amplio que ignoró la disciplina partidaria y votó en contra del proyecto de ley, lo que le valió su expulsión del Espacio 607, un grupo de alianzas que dirige Mujica.

La reforma de la Ley de Caducidad ha superado, en cualquier caso, la principal dificultad que afrontaba tras ser aprobada en el Senado, aunque esta ha incluido algunas modificaciones a la norma. El proyecto tendrá entonces que volver el próximo 4 de mayo a la Cámara de Diputados, donde una sanción definitiva se da casi por descontada

Como en Argentina

Uno de los deseos más íntimos del Frente Amplio desde que accediera al poder en 2005 con el Gobierno de Tabaré Vázquez ha sido lograr la derogación de la Ley de Caducidad. En octubre de 2010 fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero luego quedó paralizada en el Senado.

En realidad, la Ley de Caducidad no será eliminada, sino que se impedirá su aplicación al derogarse tres de sus artículos por ser incompatibles con la Constitución. Ahora podrá comenzar en Uruguay un proceso similar al de Argentina, que ya ha juzgado y condenado a 200 de sus represores.

Se estima que durante la dictadura uruguaya desaparecieron unas 200 personas, pero hasta ahora el país sólo ha procesado a una veintena de militares, incluido al dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), quien encabezó el golpe de Estado que interrumpió la democracia.

La Ley de Caducidad, declarada inconstitucional en tres ocasiones por la Corte Suprema del país, ha sido además cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ordenó al Estado uruguayo el pasado 24 de marzo que dejara sin valor jurídico la que hasta ahora era patente de impunidad.

* Artículo publicado el 13 de abril de 2011 en el diario español Público.

Uruguay debate el fin de la impunidad

Uruguay está dividido ante la posibilidad de poner fin a casi 24 años de impunidad. La Cámara de Diputados decidió el pasado miércoles dejar sin efecto la Ley de Caducidad que hasta ahora protegía a los represores de la última dictadura (1973-1985), pero no es seguro que el proyecto pueda ser aprobado en la Cámara Alta, donde dos senadores del Gobierno de José Mujica han anunciado que votarán en contra.

Gracias al apoyo de los 50 diputados de la coalición oficialista Frente Amplio, era ya sabido que la iniciativa saldría adelante en la Cámara Baja muy a pesar de los otros 30 diputados presentes en el recinto, en su mayoría pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Colorado, que se opusieron a la derogación de la Ley de Caducidad.

Más incierto será lo que ocurra en el Senado. El Frente Amplio cuenta con 17 escaños en la Cámara Alta y necesita al menos 16 votos para poder anular la ley, pero dos de sus senadores, Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa, han manifestado que se opondrán al proyecto que impulsa su propia coalición. Ambos argumentan que no se puede votar en contra de una normativa que ha sido refrendada por el pueblo uruguayo en dos ocasiones.

"La disciplina partidaria no puede estar por encima de la voluntad del pueblo", sostuvo ayer Saravia. "Una cosa es votar una ley con la que uno no está de acuerdo(...). Pero esto es un tema de principios".

El primer plebiscito para dejar inaplicable la Ley de Caducidad se realizó en 1989, y el segundo se celebró en octubre de 2009 de forma paralela a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que finalmente fue elegido Mujica. Los detractores del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados alegan que se debe respetar la "doble legitimidad" que ha recibido la Ley de Caducidad por parte del pueblo.

El Frente Amplio intentará que todos sus senadores voten a favor de la iniciativa bajo pena de "aplicar mano dura a senadores disidentes", según el diario uruguayo El Observador. La coalición se siente avalada por la Corte Suprema, que en octubre de 2009 declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.

Esta norma, aprobada en 1986 durante el primer Gobierno democrático que sucedió a la dictadura un ejecutivo que presidió Julio María Sanguinetti asegura la amnistía a todos los militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el régimen de represión, que dejó, entre otras víctimas, a casi 200 uruguayos desaparecidos.

No obstante, la propia ley otorga al poder Ejecutivo la facultad de establecer excepciones para los casos que crea oportunos, y siempre que haya un proceso judicial en curso. A este resquicio se han aferrado el anterior Gobierno de Tabaré Vázquez y el actual de Mujica para permitir la investigación, hasta ahora, de casi una quincena de causas.

* Artículo aparecido el 22-10-2010 en el diario español Público.

Juicio inédito en Uruguay

A diferencia de Argentina, Uruguay prohíbe los juicios a militares acusados de cometer crímenes durante la dictadura (1973-1985). Pero por primera vez en su historia, la Justicia ha reconocido la existencia de grupos parapoliciales y militares que funcionaron en los años previos a aquella época. Lo ha hecho procesando al ex fotógrafo policial Nelson Bardesio, que ha sido acusado de integrar el “Escuadrón de la Muerte”, una organización que operó a finales de los 60 y comienzos de los 70.

Bardesio, ya enviado a prisión, puede pasar entre 20 y 30 años en la cárcel si le declaran culpable. El ex policía se enfrenta al delito de “homicidio muy especialmente agravado” por el secuestro y la desaparición en 1971 de Héctor Castagnetto, estudiante y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro. Junto a Bardesio, también ha sido procesado el ex policía Pedro Freitas.

La desaparición de Castagnetto se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la represión que precedió a la dictadura, durante el Gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco. Por eso este caso es especialmente importante, dado que permite investigar sobre los crímenes cometidos por las organizaciones paramilitares. No hay que olvidar que esto sucede en un país que hace menos de un mes rechazó en plebiscito la anulación de la Ley de Caducidad, que protege en la impunidad a los militares que por 12 años gobernaron con mano de hierro.

Bardesio, ex agente de la CIA

Aunque ya tiene 70 años, Bardesio podría pasar lo que le queda de vida en la cárcel. Ahora él niega por completo lo que al parecer explicó hace casi 30 años: cómo se desenvolvía el Escuadrón de la Muerte y quiénes formaban parte de él.
En 1972 Bardesio saltó a la fama cuando fue secuestrado por el movimiento guerrillero tupamaro y liberado dos meses después. Durante su cautiverio confesó su vinculación con los escuadrones parapoliciales, pero una vez fue liberado se rectificó de sus confesiones alegando que había sido torturado.

En tiempos de la dictadura, el ex policía trabajó para la CIA en servicios de espionaje. Su trabajo consistía en tomar fotografías en el aeropuerto internacional de Montevideo a todas las personas que resultaran sospechosas de ser de izquierdas. Esa información era entregada después en las oficinas de la Agencia en la capital uruguaya.

Bardesio fue detenido en Buenos Aires en julio de 2008, y extraditado el pasado jueves a petición de la justicia uruguaya. Ahora su caso podría levantar dudas en un sistema que hasta ahora ha garantizado la tranquilidad a los representantes de la dictadura. Ha comenzado con buen pie.