Abogados argentinos se suman a la causa contra el franquismo

La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ha hecho llegar a la jueza que investiga los crímenes del franquismo un escrito en el que pide ser reconocida en la causa como Amicus Curiae, expresión latina que literalmente significa "amigos del tribunal", y que consiste en una presentación de una tercera parte en torno a un proceso a fin de expresar su opinión y realizar aportes de trascendencia.

Matilde Scaletzky escucha al abogado Máximo Castex, con el querellante Darío Rivas en primera fila (A.D)

"Se trata de apoyar la actividad que está desarrollando el juzgado", ha explicado Matilde Scaletzky, una de las dos delegadas nombradas por la AABA para seguir el curso de la causa. "Este proceso es importante porque se debate la violación de derechos humanos durante 40 años en España, el cual no ha tenido ninguna parte de crítica por parte de los sectores que detentan el poder en ese país".

Scaletzky ha recordado cómo las víctimas del franquismo han tenido que querellarse en Argentina para obtener justicia, "del mismo modo que nosotros fuimos a España para que se juzgara la dictadura argentina", resaltó. "Desde su origen en 1934, la AABA nunca ha dejado de defender las libertades públicas, y así seguiremos haciéndolo".

La Asociación ha presentado su escrito este martes ante la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa. "Las políticas del franquismo y su metodología dieron como resultado la desaparición de alrededor de 300.000 personas, la existencia de 140.000 tumbas sin identificación [y] la existencia de alrededor de 30.000 niños robados a sus madres", manifiesta el texto.

Los abogados critican a l Gobierno del PP por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales"La AABA destaca cómo "la conducta del franquismo se mantuvo, con escasas modificaciones durante todo su Gobierno", pero cuyas consecuencias "duelen todavía hoy, porque no ha habido nada que reparara lo acontecido: no se buscó la verdad, por lo tanto no hubo justicia, y en consecuencia no hubo, tampoco, reparación".

Los abogados no dudan en criticar al actual Gobierno español por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales" y "por el incumplimiento de los pactos suscriptos por el país". Recuerdan que las peticiones de extradición por parte de Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas, fueron rechazadas por la Audiencia Nacional al considerarse crímenes prescritos por aplicación de la Ley de Amnistía.

Desde el origen de la causa en 2010, "son escasas las manifestaciones de la Judicatura [española] que indiquen algún cambio", subrayan en su escrito. "Para el sector político que detenta el poder no ha pasado nada, 'de eso no se habla', y eso trae como consecuencia que un amplio sector del pueblo español realmente ignore lo acontecido".

Más de 4.500 víctimas en la querella

El abogado Máximo Castex, representante en Argentina de las víctimas del franquismo, celebró el Amicus Curiae de la AABA puesto que es el primero de este tipo que se incorpora a la causa. "Esta presentación llega en el momento más álgido", destacó. "Acabamos de recibir una requisitoria fiscal de más de 300 páginas que además de avalar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años, se suma a las peticiones de la querella con respecto a las situaciones procesales de los imputados".

El fiscal federal Ramiro González elevó la semana pasada un dictamen a la jueza Servini de Cubría en el que pedía la indagatoria de quince exfuncionarios franquistas, incluidos cinco exministros. Era la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Argentina se expresaba en relación a la causa.

"Para las víctimas ésta es una gran noticia", sostuvo Castex. Con el dictamen del fiscal, efectivamente, todas las víctimas que hasta ahora habían presentado sus denuncias en los consulados argentinos en España han pasado a ser formalmente parte de la causa. "Gracias a eso, la Fiscalía ha podido individualizar más de 4.500 víctimas".

Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación que Servini de Cubría tendrá en cuenta. "Hasta ahora, los que presentaban esas denuncias en los consulados engrosaban la causa, pero al no estar como parte querellante con un patrocinio legal [un abogado], no podían formar parte del objeto procesal de investigación", aclaró Castex. "Ahora estas víctimas tienen un representante, que es el fiscal. Al haber sido incluidas ahora en su requerimiento, pasan a formar parte del mismo".

Castex recalcó, por último, que ahora son dos las partes acusatorias (la privada y la del fiscal) pidiéndole a la jueza la resolución de las indagatorias y otras medidos de prueba. "Espero que a final de año podamos tener novedades en ese sentido", vaticinó.

Exhumaciones en peligro

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dos de los querellantes originales de la causa, Darío Rivas y Adriana Fernández. Esta última aprovechó la ocasión para alertar del inminente cierre del laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encuentra en el campus de Ponferrada (León). 

"Hay cuatro voluntarios que trabajan con restos exhumados de fosas de la Guerra Civil pero están a punto de agotar sus prestaciones por desempleo y no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo", denunció Fernández. "Gracias a ellos pudimos exhumar los restos de mi abuelo, pero la Asociación lleva tres años sin recibir un subsidio. Si no consiguen ayudas, no les quedará más remedio que cerrar en enero".


* Artículo aparecido el 29-10-2014 en el diario español Público.

La Fiscalía argentina pide la indagación de quince franquistas

La Fiscalía argentina ha elevado un dictamen en el que solicita a la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa, las declaraciones indagatorias de quince franquistas: cinco ex ministros, dos miembros de la judicatura militar y ocho policías.

El fiscal Ramiro González, en los tribunales de BUenos Aires

El Ministerio Público Fiscal ha pedido además que se libre una orden de detención y extradición contra el médico Abelardo García Balaguer para tomarle declaración indagatoria. El nombre de este ginecólogo, ya jubilado, aparece en varias denuncias de sustracción de bebés, y fue denunciado por una de las víctimas del franquismo, María Flor de Lis Díaz Carrasco, que le acusa de estar implicado en el robo de su hermano".

Meses han pasado sin que se tuviera novedad sobre la causa abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista. El silencio aparente de la Justicia argentina tenía un motivo: el estudio, por parte del fiscal federal Ramiro González y su equipo, de todos los expedientes del proceso que le había remitido la magistrada. La querella de la causa había pedido en abril la imputación de estos quince acusados. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio son los cinco ex ministros de Franco acusados de cometer delitos de lesa humanidad, a los que se unen los ex juristas Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey González y ocho policías más.

Más de 1.200 hojas, agrupadas en unos 65 cuerpos, constituyen la causa que ya ha vuelto a pasar de las manos de la Fiscalía al juzgado de Servini de Cubría. Después de examinar todas las denuncias que han llegado también desde los consulados argentinos en España, la Fiscalía ha individualizado más de 4.500 víctimas.

"Aterrorizar a españoles"

 

Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: "Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas", reza el texto de su dictamen.

La Fiscalía acepta como período de investigación el lapso de tiempo comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado, y el 15 de junio de 1977, día en que se celebraron las primeras elecciones parlamentarias democráticas.

En base a ello, considera que "hubo un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes en territorio español", de acuerdo al escrito.

Público ha tenido acceso al expediente del fiscal, que insta a pedirle a los arzobispados españoles "toda la documentación que obre en sus registros relativa a la Iglesia Católica y el Estado español, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y específicamente, los referentes a los religiosos católicos que fueron objeto, por parte de dicho Estado, de persecución, sanción, cárcel y tortura". González también sugiere que se solicite a la Ciudad del Vaticano "toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora, País Vasco".

En su dictamen de 309 páginas, la Fiscalía requiere además que las autoridades españolas remitan "toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existente respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex presidente [de la Generalidad de Cataluña durante la II República] Lluís Companys i Jover".

El fiscal exhorta a la jueza a que evalúe también "la posibilidad de concurrir in situ" a Barcelona para visitar la Cárcel Modelo en donde estuvo detenido Companys y el anarquista Salvador Puig Antich, última persona ejecutada por garrote vil durante la dictadura; a Galicia, para visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos; y a Asturias, donde se hallan las fosas de Avilés.
"Nosotros tomamos intervención en la causa poco antes de viajar a España junto con la magistrada Servini de Cubría", refirió a este diario el fiscal Ramiro González. "Necesitamos este tiempo para acomodar los archivos, analizar todos los hechos, y emitir nuestro requerimiento. Sabemos lo importante que es esta causa en España".

A diferencia de la querella, que adopta la representación privada de las víctimas del franquismo, la Fiscalía constituye la acusación pública dentro de un proceso penal. El fiscal sostuvo que como Ministerio Público Fiscal, su trabajo es técnico y objetivo, "velando por la legalidad del proceso, el respeto a los derechos humanos, y las garantías de todas las partes". Al margen de las medidas que demanda, Ramiro González aconseja a Servini de Cubría que determine "la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores que fueran denunciados en los autos".

Como añadidura, la Fiscalía solicita a la jueza exhumaciones de restos, apertura de fosas comunes, y la celebración de nuevas audiencias testimoniales mediante videoconferencias. El Archivo Histórico Nacional, el Centro Documental de la Memoria Histórica, y el Archivo Histórico Provincial de Málaga también deberían entregar, a juicio de González, toda la información que posean sobre las víctimas mencionadas en la causa.


* Artículo aparecido el 23 de octubre de 2014 en el diario español Público.