La corrupción es un delito imprescriptible en Bolivia

El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.

Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.

La corrupción es un delito imprescriptible en Bolivia

El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.

Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.

Menem es procesado por fraude*

La Justicia argentina no da tregua al ex presidente Carlos Menem (1989-1999). Un tribunal federal ha confirmado su procesamiento por supuesto fraude al Estado cuando concedió durante su Gobierno el control del espacio radioeléctrico a una empresa francesa. La medida incluye además un embargo de sus bienes por valor de 200 millones de pesos (unos 35 millones de euros) al considerar que el actual senador tenía bajo su órbita la Secretaría de Comunicaciones responsable de la licencia.

Menem ha sido acusado de incurrir en un “un procedimiento licitatorio sumamente irregular” que benefició a la compañía Thales Spectrum Argentina, por entonces llamada Thomson CSF. En la resolución se sostiene que el ex presidente omitió los “resguardos necesarios para proteger el interés público involucrado, siendo perjudicado de este modo el Estado”.

La Cámara Federal de Buenos Aires no ha dictado presión preventiva contra él porque descarta que haya riesgo de fuga. Los jueces ahora investigan la documentación facilitada por Suiza en octubre sobre posibles transferencias que pudieron hacerse a través de las cuentas bancarias de Zurich.

El contrato con la empresa Thales, que tenía una duración de 15 años, fue firmado en 1996 tras una licitación sospechosa en la que no hubo competidores. A cambio de 500 millones de dólares, Menem le otorgó a la multinacional “los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico”.

Por el mismo caso ya han sido imputados una docena de ex funcionarios y directivos de la empresa francesa. Ésta fue la primera privatización menemista que revocó el ex presidente Néstor Kirchner cuando asumió el mandato en 2003, pero aún así el Estado tuvo que indemnizar a la compañía con 450 millones de pesos (80 millones de euros).

Menem tiene ahora un cúmulo de causas a las que hacer frente. El ex mandatario también ha sido procesado por corrupción en el pago de sobresueldos a funcionarios, por contrabando en la venta de armas a Ecuador y Croacia, y por encubrimiento en la investigación del atentado contra la Asociación Mutualista Israelita en Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 5 de diciembre de 2009.