Ministerio de Justicia obstaculiza el interrogatorio a Martín Villa de la justicia argentina

La jueza argentina María Servini no viajará a España para tomar la declaración indagatoria del exministro franquista el próximo 20 de marzo, tal y como había pedido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

 

La dilación es la invitada permanente en la causa argentina que investiga los crímenes del franquismo. La jueza María Servini se ha visto obligada a postergar la declaración indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa que tenía previsto realizar el 20 de marzo en la Embajada argentina en Madrid, según confirmaron fuentes de su juzgado a esta periodista.

En esta ocasión, las trabas han surgido del Ministerio español de Justicia. La cartera que dirige el ministro Juan Carlos Campo rechazó la pretensión de la magistrada de interrogar el próximo mes a Martín Villa por no haber librado un exhorto internacional en el marco del tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

La titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina había tramitado a través de la Cancillería argentina una solicitud formal que se canalizó a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, quien a su vez trasladó el pedido al Ministerio de Justicia.

La magistrada intentó desde un comienzo que fueran los jueces españoles los que tomaran la declaración indagatoria del exministro franquista. El juzgado de instrucción n.º 5 asignado por sorteo, a cargo del juez José de La Mata, repitió la cantinela que forma parte de la liturgia española para bloquear la pesquisa de la justicia argentina: que los crímenes del franquismo se encuentran caducados, aun cuando el derecho internacional reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Pero dado que el propio Martín Villa había manifestado su intención de declarar ante la jueza Servini, el juzgado de instrucción n.º 5 recomendó que la declaración indagatoria se realizase en el consulado argentino en Madrid. Cuando la magistrada avanzó con esa solicitud y fijó la fecha del interrogatorio para el 20 de marzo, el Ministerio de Justicia exigió que el pedido se tramite a través de un exhorto internacional.

Dilación permanente

El juzgado de Servini ha perdido la cuenta de la cantidad de exhortos que han sido rechazados, diferidos o dejados sin efecto por la justicia o el Gobierno español. Sucedió desde el nacimiento de la investigación, el 14 de octubre de 2010, cuando Servini se dirigió por vía diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si se estaban investigando en España los crímenes franquistas.

La Fiscalía General del Estado tardó casi un año en contestar. En su respuesta el 28 de junio de 2011, el organismo informaba en un documento sin firma que se habían tramitado diversos casos. Su réplica fue objetada por la querella de la causa, por el exjuez Baltasar Garzón y por organismos como Amnistía Internacional, que recordaron que en España no se habían investigado jamás los delitos de la dictadura.

La falta de colaboración de las autoridades españolas ha sido una constante desde entonces. La Fiscalía y la Audiencia nacional se opusieron en 2014 a la extradición de cuatro agentes de seguridad del régimen acusados de torturas, entre ellos el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

Ese mismo año, el Estado español ignoró la orden internacional de detención dictada por la jueza contra 20 imputados en el expediente, de los cuales ya fallecieron cinco.

En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José Utrera Molina, quien falleció al año siguiente sin que nunca llegara a rendir cuenta de las acusaciones en su contra. En su afán dilatorio, el Ministerio de Justicia requirió el listado de preguntas que tenía previsto hacer la magistrada, lo que obligó a posponer una vez más las indagatorias. Meses después, la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo Madrigal reveló sus cartas al ordenar a las fiscalías provinciales que suspendieran la declaración de los querellantes que habían sido citados en diversos juzgados españoles en virtud de la petición de Servini.

La instrucción de la exfiscal general todavía no ha sido anulada. Entre tanto, el juzgado de Servini enviará un nuevo exhorto, tal y como reclama el Ministerio de Justicia, para poder interrogar a Martín Villa, imputado en Argentina por el "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un crimen que puede acarrear prisión perpetua.

En las querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso se le imputan además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves. Todos estos delitos pueden investigarse por el principio de justicia universal reconocido en el derecho internacional y en la propia Constitución de Argentina que permite que cualquier país pueda investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de quiénes sean sus víctimas o dónde se perpetraron los delitos.

Atenta a esta situación, la Coordinadora  Estatal de Apoyo a la Querrella Argentina (CEAQUA) ofrecerá este jueves una rueda de prensa en Madrid para denunciar la injerencia del Gobierno español ante la investigación que intenta esclarecer los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

* Artículo original publicado en el diario español Público.

Muere Darío Rivas, el hombre que hizo nacer la querella del franquismo

Falleció este lunes en Buenos Aires con 99 años Darío Rivas, el primer querellante de la causa que investiga en Argentina los delitos de lesa humanidad de la dictadura franquista.

Darío Rivas, en abril de 2015. (A.D.P)

Hace nueve años, el 14 de abril de 2010, Darío Rivas presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires una denuncia particular para que comenzara una investigación sobre los crímenes del franquismo en base al principio de justicia universal reconocida por la Constitución argentina.

No fue un periplo fácil, pero este querellante abrió un proceso judicial que ha contribuido a que en los últimos años la memoria histórica sea un eje trascendental de la política nacional española. La causa que impulsó este gallego llevó a que la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del expediente, imputara y ordenase la detención de una veintena de excargos franquistas. Entre ellos se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa, quien asegura que viajará en septiembre a Buenos Aires para declarar ante la magistrada argentina.

Darío Rivas vivió a través de un anhelo: el de conseguir justicia para su padre, Severino Rivas, fusilado 'por traición a la patria' el 29 de octubre de 1936, tres meses después de asumir como alcalde del ayuntamiento de Castro de Rei, en Lugo. "Lo hago todo por mi padre", llegó a decir en una ocasión.

En un viaje al pueblo lucense de Portomarín en 2004, Darío Rivas descubrió a través de una charla casual con una lugareña que dos hombres durante la Guerra Civil habían sido asesinados y enterrados en una cuneta. El hijo reconoció al padre por un gabán que le había obsequiado su hermana. Al año siguiente consiguió que su progenitor fuera la primera víctima del franquismo exhumada de una fosa común en Galicia.

No fue su único hito. Inició en los juzgados argentinos con el patrocinio del fallecido Carlos Slepoy y el abogado Máximo Castex la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. En 2013 se presentó en la embajada de España en Buenos Aires con 5.000 firmas de apoyo a la causa, aunque no le dejaron ingresar. Al año siguiente intentó entregarle a la canciller alemana Angela Merkel una carta en la que reclamaba que su país pidiera perdón por los crímenes nazis durante la Guerra Civil.

Porque este hombre, que desembarcó en Argentina con nueve años, era de mirada limpia y palabra firme. "Franco era el criminal más grande del siglo XX, y todavía lo seguimos discutiendo", afirmó en alguna entrevista con este diario. "Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos. En España no existe la justicia, desde el momento en el que vamos contra una dictadura latente”.

Compañeras en lucha

Junto a él impulsaron la causa como primeras querellantes Inés García Holgado y Adriana Fernández, quien visitó este domingo al anciano en un geriátrico del barrio de Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba recluido desde hacía dos años. "Yo amanecí pensando: 'tengo que ver a Darío sí o sí'. Al fin y al cabo era un día muy emotivo: se celebraba el 88 aniversario de la República y nueve años de la querella. No sabía que me estaba despidiendo, pero lo vi muy mal, muy flaquito, muy desmejorado. Hicimos lo que pudimos para ver si podía tener un mejor final. Yo quería que él hubiera tenido el final de un guerrero, no así, no pidiendo pista", cuenta a Público esta argentina.

Darío Rivas, junto a Adriana Fernández, Inés García Holgado y el abogado Carlos Slepoy (A.D.P)

Fernández recuerda su relación con Darío Rivas, que la trataba "como una nieta, una sobrina". Cuando él vendió su casa, situada en la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, y fue enviado al geriátrico, comenzó el principio de este final. "Creo que él se fue allí pensando que iba a ser un lugar en el que podría hacer su vida, no que iba a estar internado. Creo que él no era consciente de adónde estaba yendo. Y desde entonces no fue el mismo, cuando era una persona muy libre. Ahí comenzó su debacle".

Darío habría cumplido 100 años en febrero. "Nos deja un legado muy grande, abrió una puerta de justicia. Gracias a él se inicio esta querella que permitió que tanta gente fuera escuchada ante la jueza, no sólo nosotros, que tuvimos nuestros familiares represaliados en 1936, sino también víctimas de niños robados, presos del franquismo. El nombre de Darío será bandera de justicia de ahora en más, estará presente en todo, y seguiremos la lucha que él empezó", concluye su compañera.

"Las personas no son fungibles. Darío es irremplazable, no va a haber otro.

Surgirán otras personas, pero él no a a volver", reconoce García Holgado, que como querellante junto a Fernández constituyó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina del que Rivas era presidente honorario. "Perdemos una persona muy importante de la causa, como lo fue también Carlos Slepoy o Paco Lores, presidente de la Federación Gallega. Es un valor que perdemos, y en Argentina somos poquitos para luchar. Lo vamos a extrañar muchísimo".

García Holgado deja una revelación para el final: Darío Rivas quería ser testigo de la exhumación de Franco. "Hasta hace un mes decía que él iba a viajar a España para ver a Franco fuera del Valle de los Caídos. Se nos están yendo víctimas y defensores de víctimas por culpa de esta dilación del Gobierno español. Esta gente se está yendo sin ver justicia", reprocha.

* Artículo aparecido el 16 de abril de 2019 en el diario español Público.

Garzón defiende incluir la fuga de capitales y los fondos buitre en la justicia universal

BUENOS AIRES- El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero la fuga de capitales que puede ocasionar la quiebra de un país no lo es. La tortura es un delito imprescriptible, pero no así la extracción indiscriminada de minerales en países de África. Ésta es la contradicción que el juez Baltasar Garzón quiere resaltar para ampliar los horizontes del principio de jurisdicción universal.


"Hay crímenes económico-financieros que responden a políticas agresivas y que afectan a países completos, a millones de personas", planteó en Buenos Aires el exmagistrado de la Audiencia Nacional. "También hay crímenes contra el medioambiente que afectan a productos básicos para la subsistencia humana".

Acompañado de su par argentino Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garzón propuso "abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos" sobre la justicia universal –la aptitud de un juez para investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en otro territorio–y que "en unos años va a ser una realidad".

El juez español reconoce que la justicia universal ha sufrido un retroceso en varios países. Fue inevitable mencionar a España. En marzo de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fulminó prácticamente este principio.

Garzón aseguró que de seguir el PP en el Gobierno, será imposible juzgar los crímenes de la dictadura franquista, y que por tanto, se modifique el régimen de impunidad. Reclamó, por ello, que cada partido detalle en los programas electorales las políticas que llevarían a cabo sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

"Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra", alegó el juez español.

Algunos de los delitos con efectos atroces que quedan impunes fueron mencionados: "La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores", detalló Garzón.

"Desarmar un país produce muertos"

"El concepto de delito de lesa humanidad va variando", señaló junto a él Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina. "Lesa humanidad son conductas macro-estafatorias que pueden desarmar países. Por otro lado, lesa humanidad es aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Es también muertes masivas, o genocidios por goteo".

"Desarmar económicamente un país produce muertos y el recalentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos teniendo catástrofes en el mundo en estos quince años es mucho más alta que antes. Si legamos a pasar los dos grados centígrados de calentamiento global, eso no tiene retorno, y no podemos calcular las consecuencias, son imprevisibles", alertó el magistrado.

Garzón encabezará en Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, al que asistirán en septiembre juristas y referentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó a trabajar hace dos años en torno a los nuevos principios que debían guiar la jurisdicción universal. En 2014, Madrid acogió el I Congreso Internacional, y ahora han decidido cerrar este ciclo en Argentina "porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", en palabras del juez.

Luego comenzará otra fase, en la que participarán otras organizaciones, para que el principio de jurisdicción universal no se desentienda de tantos delitos sociales, económicos, financieros y medioambientales que en la actualidad prevalecen sin ser juzgados.


* Artículo aparecido el 20 de agosto de 2015 en el diario español Público.

"Sólo podrá pararse a Israel con la justicia universal"

La primera denuncia interpuesta en Argentina contra el Estado israelí por los crímenes cometidos en Gaza no será un hito aislado. El abogado argentino Carlos Slepoy, que participa en la causa contra los crímenes del franquismo abierta en este país, prepara una querella para que se condene a Israel por delitos de lesa humanidad.

Slepoy impulsó en España los juicios contra los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, y consiguió que se enjuiciara en España al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a 1.084 años de prisión por ser responsable, entre otros delitos, del asesinato de 30 personas que fueron arrojadas al Río de la Plata en dos vuelos de la muerte.

Pero no hace falta remontarse a dictaduras pasadas para encontrar crímenes imprescriptibles. Un Estado, formalmente democrático, hace pocas semanas bombardeó la Franja durante 50 días y mató a más de 2.100 personas en lo que denominó la operación Margen Protector. De visita en Argentina, Slepoy presentará en los juzgados de Buenos Aires una querella penal, junto con abogados de la Asociación Americana de Juristas entre los que están Beinusz Smuckler y Carlos Tobal, para que Israel sea juzgado "por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio", tres figuras penales que no prescriben.

"En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los territorios ocupados y la instalación de colonias", expone Slepoy a Público. "Frente a esta realidad, mucha gente se pregunta cómo se para esto. La Corte Penal Internacional no va a actuar, primero, porque ni EEUU ni Israel son parte de su Estatuto. Por otra parte, Palestina no está reconocida como Estado".

- ¿No habría otra posibilidad?

- La otra alternativa sería crear un tribunal penal internacional ad hoc, como se hizo para Yugoslavia, para Ruanda o para Sierra Leona. Pero esto requeriría o una decisión de la Asamblea General de la ONU o una resolución del Consejo de Seguridad. Vuelve a ser muy remota la posibilidad de que esto suceda.

- Su propuesta es clara, dada su trayectoria profesional: la justicia universal.

- Nuestra pretensión es que se abra un procedimiento aquí, otro en España, que se abran en Chile, en México y en todos los países que pueden ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes, para que puedan ser perseguidos de forma múltiple y concertada. Y en caso de que alguno consiguiera la detención de alguno de los responsables, que se determine cuál es el tribunal en mejores condiciones para juzgar.

- ¿Por qué promueven la querella en Argentina?

- En Argentina hay ahora dos procedimientos abiertos: el del franquismo y otro sobre los crímenes en Paraguay. Antes de la querella por los delitos franquistas no existía nada. Cuando se interpuso, la jueza archivó la causa. Hubo que recurrir y al final la Cámara Federal la abrió de nuevo. ¿Qué va a pasar con esta nueva querella? Vamos a ver. Aquí en Argentina hay ya una primera denuncia presentada en Córdoba que es muy importante. Vamos a colaborar juntos, podrían unirse las causas en un futuro. Lo interesante es que, no siendo ninguno jurista, aquellos demandantes apelaron al principio de justicia universal.

- La diferencia con su iniciativa es que ustedes presentan una querella, que es distinto de una denuncia.

- Sí, lo que implica que participarán víctimas o familiares de víctimas, sin perjuicio de que haya asociaciones palestinas y organismos de derechos humanos.

- La querella va dirigida contra la cúpula política y militar Israelí, como la denuncia de Córdoba.

- En principio nosotros pedimos la captura internacional del primer ministro Benjamín Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y Moshé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny Gantz y el vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio, Moshe Feiglin, porque son los que aparecen claramente como ejecutores del plan. Pero una vez abierto el procedimiento declaran testigos, expertos, se acumulan pruebas y eventualmente pueden surgir nuevos responsables. 

- Ahora, en Argentina es considerable la influencia de grupos de presión judíos.

- Presuponemos que habrá una reacción de la comunidad judía aquí y de la de Israel, que atribuyen los crímenes a los atentados producidos por Hamás. El represor siempre busca justificaciones. La dictadura argentina decía que se veía obligada a desaparecer a la gente porque los subversivos cometían delitos y atentaban contra el ser nacional.

 Pero estos crímenes no tienen justificación alguna. La desproporción de medios entre una y otra parte es tremenda: 64 muertos israelíes frente a más de 2100 palestinos. Y aparte está el tema de los niños.

Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin que haya ningún tipo de sanción, como si viviéramos en un lugar donde no existiera el derecho internacional, en donde no hubiera existido un tribunal de Núremberg. En la querella, van a constar los nombres de todos los asesinados que se conozcan, y sobre todo de los niños. Tenemos ya una lista elaborada por Save The Children con el nombre y edad de 373 niños.

Alcance de la justicia universal

 

- En este mundo sin aparente derecho internacional, ¿qué cabida ha tenido la justicia universal?

- Al calor de la detención de Pinochet en 1998, un fiscal apeló la decisión del juez Baltasar Garzón planteando que era incompetente. En octubre arrestaron a Pinochet y en noviembre la Audiencia Nacional se declaró por unanimidad competente para investigar los crímenes en Argentina y Chile y, por tanto, consagrando la idea de la justicia universal que ya estaba en los textos españoles.

- ¿Y hubo un cambio de rumbo?

- Se creó una enorme expectativa. La primera en interponer una querella, tras aquello, fue la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que en 1999 denunció un genocidio en Guatemala. Un juez se declaró competente pero su decisión se recurrió ante la Audiencia Nacional, la cual reconoció que si bien había indicios suficientes para pensar en un genocidio, no estaba acreditado que las víctimas hubieran interpuesto sus demandas en la propia Guatemala, y que siendo subsidiaria la actuación de la jurisdicción española, no procedía la apertura del procedimiento. Es decir, que son los mismos jueces, ante una causa mucho más evidente como era el genocidio en Guatemala, los que deciden archivarla. Recurrimos al Tribunal Supremo, que decidió que España era competente pero sólo sobre las víctimas españolas.

- Acudieron al Tribunal Constitucional, entonces.
- Sí, quien revocó ambas resoluciones planteando que la Justicia española era competente, que esta cuestión de los españoles no se correspondía en absoluto con la idea de la jurisdicción universal que se define por la naturaleza del crimen y no por la nacionalidad de las víctimas, y en este punto, dijo que no se puede hablar de jurisdicción subsidiaria sino competente. La idea es que todos los tribunales de los distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen, que es lo que esperamos que ocurra en relación con Palestina.

- ¿Sirvió de algo aquello?

- La causa de Guatemala sigue abierta, el juez incluso viajó hasta allí. Tuvo una influencia muy grande para que el dictador Ríos Montt fuera juzgado después, y no sólo eso, sino que permitió la apertura de hasta quince causas en España basadas en la justicia universal. Pero a raíz de una nueva masacre en Gaza en 2009, hubo presiones del Gobierno israelí y de EEUU con el tema de Guantánamo, y de los chinos con respecto al Tíbet. El PSOE modificó con el apoyo del PP la ley que establecía la justicia universal irrestricta en España y estableció puntos de conexión: que las víctimas tenían que ser españolas, o que tenía que haber vínculos relevantes con España del país en el que se cometieron los crímenes, y planteaba la subsidiariedad de nuevo.


- Y la última reforma del PP terminó de liquidar la jurisdicción universal en España.

- No. España firmó las Convenciones de Ginebra, así que está obligada a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que diga su ley interna. Incluso en esa modificación de la ley de la justicia universal por parte del PP, se aclara que será "sin perjuicio de los tratados que internacionales que España ha ratificado". Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rescató el caso del asesinato del periodista José Couso invocando la IV Convención de Ginebra, que determina que son competentes para investigar los crímenes todos los países firmantes de las convenciones aunque no se hayan hecho en su territorio ni hayan participado en el conflicto. Es la única sentencia, junto con la Convención de Apartheid, que establece la jurisdicción universal.

- De ahí a que las autoridades israelíes se pongan nerviosas hay un trecho.

- Este principio de la jurisdicción universal existe desde el siglo XVIII, pero su aplicación efectiva no llega a 20 años. En tiempos históricos es un tiempo muy corto. España, que es un país con un enorme retroceso en relación a la investigación de los crímenes de su propio territorio, es el país del mundo en donde más procedimientos abiertos por justicia universal existen, aun con la abrogación del PP. Así como Argentina es una referencia mundial por juzgar a sus propios criminales, España lo es por juzgar a los criminales de otros países. Con la reforma del PP esto queda ahora limitado, pero hay siempre vericuetos que los jueces que están dispuestos a investigar utilizan. Y como los jueces de la Audiencia Nacional han intervenido prácticamente todos ellos en causas de este tipo, tienen más incorporado que otros jueces en el mundo la idea de la justicia universal.

- Así que España podría tomar el relevo de Argentina con la querella.

- España es la cuna de la justicia universal, de su aplicación efectiva. Y todos los países que firmaron las Convenciones de Ginebra, que son casi todos los países del mundo, deben responder a ese principio, por lo que existe la posibilidad de que se interpongan querellas en varios lugares.

- Ahora, el Comité Especial de Naciones Unidas que visitó los territorios ocupados acusó a Israel en 2011 de violar sistemáticamente los derechos humanos, y durante los últimos ataques israelíes contra Gaza, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nancy Pillay, pidió a Israel que asumiera sus crímenes de guerra, pero todo se queda en palabras.

- Es algo parecido a las resoluciones de las comisiones de la ONU con respecto al franquismo, con la diferencia de que los crímenes en Gaza se están cometiendo en la actualidad. El tema es hacer justicia, quién persigue a los criminales y de este modo evitar crímenes futuros.

- El contexto no parece ayudar.

- Estamos asistiendo a una especie de secuestro de la justicia internacional por parte de las potencias que tienen el poder de decidir a quiénes se juzga, cuándo y de qué modo: el peso el Consejo de Seguridad, las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el hecho de que la Corte Penal Internacional no haya tomado ningún tipo de decisión pese a la evidencia de los crímenes, el hecho de que la Asamblea o el Consejo de Seguridad de la ONU no haya tomado ninguna iniciativa para crear un tribunal especial. El desamparo para las víctimas es tremendo. Frente a esto, felizmente, se ha ido fortaleciendo la idea de la justicia universal.

- ¿Cuál es su aspiración?

- Sería magnífico que hubiera 20 ó 30 tribunales del mundo que abrieran diligencias y pidieran la detención de la cúpula israelí, primero como modo de hacer sentir que alguien  pretende hacer algo por los palestinos, también en apoyo a los judíos que se oponen a todo esto, y sobre todo para que esta gente sienta que está perseguida por la comunidad internacional. Que si salen de su territorio pueden ser detenidos, que tienen que parar y buscar otra manera de resolver el conflicto.

- ¿Aunque al final no sean enjuiciados?

- La búsqueda de la justicia universal tiene efectos que van más allá de la justicia misma o del enjuiciamiento. La impunidad en Israel no se va a quebrar. Basta ver que las cárceles israelíes están pobladas de palestinos y no hay un israelí en una cárcel palestina. Esto demuestra que Palestina es un territorio ocupado, que Hamás es un producto de la ocupación. Plantean los túneles como si fuera un tremendo delito, cuando todos los pueblos que han luchado por su liberación han buscado salidas de este tipo, como los vietnamitas. Pareciera que el delito es construir un túnel y no ocupar un territorio.

- La aplicación de la justicia universal pretende lanzar el mensaje de que estos crímenes no pueden quedar impunes y que hay jueces tan dispuestos a detenerlos físicamente como de detener la posibilidad de futuras masacres.

- ¿Cómo imagina que puede llegar a funcionar la justicia universal?

- En todos los países existen estructuras judiciales asentadas. Abogamos porque en todos los países existan juzgados específicamente dedicados a investigar crímenes de lesa humanidad, y  específicamente dedicados, esos u otros, a ejercer la jurisdicción universal. Si esto es así, las víctimas podrán interponer su denuncia en esos tribunales, que tendrían que comprobar que se están cometiendo esos crímenes y lanzar órdenes internacionales de detención. Qué diferente hubiera sido la historia si España hubiera actuado contra el franquismo no 20 años después como lo hizo, sino en el mismo momento en el que se cometían los crímenes.

La idea es que en el futuro haya un órgano, como podría serlo la Corte Penal Internacional si fuera imparcial, que ordenara todo esto. O sea, que los tribunales comenzaran a actuar, que acogieran las denuncias de las víctimas y que consultaran con ese organismo si el juzgado de un país u otro o él mismo se encarga de investigar eso mismo. Hay que hacer algo para combatir el secuestro que tienen las grandes potencias de la justicia internacional.

 La solución es resignarse a la impunidad o actuar todos de común acuerdo tal de manera que sea ineficaz presionar en un país porque la denuncia se interpondría en otro, y que por tanto, se interponga la idea de la justicia por encima de los intereses. 


* Artículo aparecido el 24 de septiembre de 2014 en el diario español Público

La jueza Servini viajará a España para escuchar a las víctimas del franquismo

La jueza argentina, María Servini, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente, en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino", confirmó el jueves el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la causa abierta en Argentina que investiga los crímenes del franquismo.

Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Slepoy, Remo Carlotto y Darío Rivas, durante la conferencia de prensa, en Buenos Aires, el día de la vista pública de Jesús Muñecas (A.D)

Ésta es una de las noticias que se dieron a conocer durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, una de las más concurridas de cuantas se han celebrado desde el comienzo de la causa en abril de 2010, con la presencia del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, varios congresistas, entre los que destacaba el dirigente gremial Víctor de Gennaro, y los querellantes que dieron origen a la causa, Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández.

La convocatoria corrió a cargo de la plataforma argentina de apoyo a la querella a raíz de la primera comparecencia de Jesús Muñecas, acusado de torturas durante el régimen franquista, ante la Audiencia Nacional, en Madrid. "Hubo en España 40 años de dictadura, llevamos casi 37 de democracia, y hasta ahora no ha habido un solo represor que haya comparecido a prestar declaración siquiera. Por tanto, comprenderán la trascendencia de que, a pedido de la Justicia argentina, comparezca un acusado de torturas en el marco de un proceso de extradición", concedió Slepoy.

El abogado adelantó que habrá nuevas videoconferencias entre la magistrada que investiga la querella y las víctimas del franquismo, y valoró como "audaz" la intervención de la jueza para pedir la exhumación de once cuerpos de una fosa común en Guadalajara. "Esta jueza argentina está haciendo lo que deberían hacer los jueces españoles, y está influyendo en muchos jueces y fiscales españoles que se plantean que no puede ser que se estén investigando estos crímenes fuera del país", lanzó.

El letrado confirmó que pronto podría resolverse la imputación de nuevos responsables franquistas por los que ya se pidió la extradición el año pasado. "Confiamos que esto se produzca en el transcurso de la semana que viene, de modo que ya no sólo se juzgaría a responsables de torturas, sino también a exministros que firmaron sentencias de muerte", adelantó.

Personación del Estado argentino

"Esta jueza argentina está haciendo lo que deberían hacer los jueces españoles" Slepoy también se refirió a la personación de Argentina en la vista pública de Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. "Insistimos en que el Estado estuviera presente interviniendo a efecto de que hiciera lo mismo que los diputados hoy presentes, que compareciera y defendiera la posición de la Justicia argentina", explicó Slepoy.

"Esto es un avance del Gobierno argentino, el estar presente, aunque no en un modo activo como proponíamos", valoró el abogado. "Lo que esperamos es que el 10 de abril [ante la vista pública de Billy el Niño] no sólo estén presentes, sino que intervengan para defender la extradición".

Slepoy confirmó que junto Máximo Castex, abogado que lleva la causa desde Buenos Aires, presentará este viernes en el juzgado un escrito solicitando la imputación de varios franquistas, incluidos algunos exministros.

Respaldo del Congreso argentino

"Sobre la impunidad no es posible construir una democracia" Remo Carlotto, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, intervino también para mostrar el apoyo del Congreso.

 "Cuenten con el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para seguir recibiendo nuestro acompañamiento y para realizar estrategias con el fin de que esto se sepa en Argentina y en España", se comprometió el funcionario. "Tiene que existir el conocimiento de estas causas en los países de origen para que una justicia independiente con la voluntad de investigar y sancionar se concreten en cada uno de estos países".

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó que los crímenes de lesa humanidad permanecen en el tiempo al ser imprescriptibles, y puso de ejemplo a los criminales nazis a los que todavía se están buscando. "Sobre la impunidad no es posible construir una democracia. Sería una fachada de democracia", sostuvo. "Nosotros lo vivimos. Esperamos que otros pueblos también lo puedan alcanzar".

* Artículo publicado el 4 de abril de 2014

La Justicia argentina cae sobre sus propios jueces para juzgar los crímenes de la dictadura

El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional mediante el que se opone a la extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, llega a conocimiento de los abogados argentinos que impulsaron su pedido de captura internacional durante el último día de feria judicial en Argentina.

Máximo Castex, representante de las víctimas del franquismo en la causa que busca enjuiciar en Argentina a los responsables de la dictadura, ha asegurado a Público que la Fiscalía incurre en una contradicción. "Si el fiscal admite que los crímenes de los imputados son delitos de lesa humanidad, son por lo tanto imprescriptibles, y si hay una acusación, se tiene que llevar adelante el proceso", afirma. "No pueden dar prioridad a una norma interna frente a una del derecho penal internacional".

Aunque la Fiscalía admite la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales, hace suya la consideración del Tribunal Supremo español sobre este asunto, que considera que esta norma general no puede aplicarse de forma retroactiva.

"Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces", constataba en su dictamen, dado a conocer este viernes, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos."Si por un lado reconoce que se tratarían de delitos de lesa humanidad, estos son imprescriptibles, por lo que va de suyo que no tiene que meterse a analizar la retroactividad de la ley", rebate Máximo Castex.

El abogado argentino manifestó su extrañeza de que la Fiscalía haya anticipado por escrito su dictamen, cuando se esperaba que lo hiciera directamente en la vista pública que se celebrará ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el juez Pablo Ruz decidirá si autoriza la extradición de Billy el Niño y del ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados en Argentina del delito de torturas en el marco del genocidio que perpetró la dictadura franquista.
"La Fiscalía se descubrió sola cuando se precipitó en su postura de negar la extradición ante las órdenes de detención dictadas por Servini de Cubría en septiembre de 2013", constata Castex.

"Todavía no tenían la resolución misma de la jueza porque al fiscal sólo le había llegado la orden de Interpol, que es telegráfica".

Por eso el abogado no se muestra sorprendido con la postura de la Fiscalía. "Sus argumentos siempre se basan en la prescripción, pero porque toman la tortura como un delito autónomo, como un crimen infringido en un hecho concreto, de tiempo, modo y lugar. Si le quito a la tortura el carácter de delito de lesa humanidad, como delito cometido en el desarrollo de un genocidio, puedo tomar las reglas generales de los delitos clásicos".

Pero esta argumentación se cae ante un proceso que juzga crímenes de lesa humanidad. "Esto no se puede aplicar a los delitos complejos como lo es el de genocidio: una de las conclusiones jurídicas que tienen es que no prescriben. Por lo tanto, se puede llevar a adelante el juicio aun mucho tiempo después de haberse cometido el hecho, como es nuestro caso", añade el letrado.

La otra justificación de la Fiscalía para negar la extradición consiste en defender el principio de territorialidad frente a la jurisdicción universal, reconocida en la Constitución argentina para juzgar crímenes de lesa humanidad. "Una vez más, invocan normas internas para desobedecer normas internacionales", arguye el abogado. "Un ejemplo de ello es la ley de Amnistía de 1977, que está en contraposición con las normas jurídicas de carácter internacional. Ellos lo que están haciendo es invocar esa normativa interna, en cualquier momento, para negar la extradición".

De cara "a la galería"

 

Máximo Castex, impulsor de la causa contra los crímenes franquistas desde su nacimiento en abril de 2010, interpreta como un gesto "para la galería" la decisión del Consejo de Ministros de permitir, en noviembre de 2013, que el pedido de extradición continuara en la Justicia española para decidir si cedían al reclamo de la jueza argentina María Servini de Cubría.

"Probablemente aquello fuera un guiño político a sabiendas de cuál iba a ser la respuesta jurídica", analiza Castex. "Políticamente quedaron bien porque ya saben cómo va a seguir. Tenemos el fallo del caso Garzón, con el que el Tribunal Supremo ya manifestó que los crímenes franquistas no pueden ser investigados en España".

En todo caso, el juez Pablo Ruz todavía tiene que decidir si accede al pedido de extradición. "Está en una encrucijada de la historia judicial española, porque podría convertirse en el juez que denegó la extradición de los dos franquistas", advierte Castex. "Pero reconocemos que tomó medidas cautelares contra los acusados al retirarles el pasaporte y al exigirles que se personaran semanalmente ante un juzgado o una comisaría. Veremos ahora cómo reacciona ante el dictamen de la Fiscalía".

La última palabra, no obstante, la tendrá el Consejo de Ministros, que será quien decida si accede a que Billy el Niño y Jesús Muñecas sean juzgados en Argentina.


* Artìculo aparecido el 31 de enero de 2014 en el diario español Público. 

Las primeras víctimas del franquismo declaran ante la Justicia argentina

Esta jornada pasará a la historia como el día en el que las víctimas españolas del franquismo fueron escuchadas, por primera vez, como querellantes en una causa penal para denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio país durante la guerra civil y la posterior dictadura.

De izquierda a derecha, los querellantes por los crímenes durante el franquismo Mercona Puig Antich, Andoni Txasco Díaz y Pablo Mayoral, en Buenos Aires, donde han declarado ante la jueza

Merçona Puig Antich, Pablo Mayoral, y Andoni Txasko Díaz han sido los querellantes que este martes han acudido a los tribunales de Buenos aires para que la jueza argentina María Servini de Cubría impute, respectivamente según sus casos, a los ex ministros franquistas José Utrera Molina (de 79 años), Fernando Suárez González (80), y Rodolfo Martín Villa (87).

La primera en dar su testimonio fue la hermana de Salvador Puig Antich, que era miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) cuando fue acusado de matar al subinspector Francisco Anguas. Salvador fue juzgado en un consejo de guerra, y asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en una prisión de Barcelona.

"Son muchas emociones juntas y cuesta hablar porque recordar y querer decir las cosas ordenadamente no es fácil", contaba Merçona a Público apenas salió del despacho de la jueza, tras dos horas de declaración.
"Estoy muy cansada pero muy contenta de explicar cómo fue toda la historia: por qué mi hermano militaba, dónde lo detuvieron, cómo fue el juicio y qué hemos hecho hasta ahora para demostrar cómo funcionó todo".

Puig Antich acude a la Justicia de Argentina para que otro Estado, el español, anule la sentencia que condenó a muerte a su hermano, retire los cargos en su contra y se disculpe por el daño causado. Además solicita a la jueza que se impute a Utrera Molina por firmar la sentencia a muerte del joven.

"He pedido justicia para que podamos hablar en España de estas cosas para ir recuperando la memoria" "Le he pedido justicia, con el fin de que podamos hablar en nuestro país de estas cosas para ir recuperando la memoria y cerrar estos capítulos de una manera sana, porque de momento no es así", añadió Merçona.

A los tres declarantes de este martes les fue asignado, por separado, una hora de audiencia privada con el juzgado de Servini de Cubría. Decidieron venir a Argentina después de que las videoconferencias que habían acordado con la jueza, programadas para mayo, fueran canceladas por un comunicado de protesta que envió el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español al embajador argentino Carlos Bettini.

"Tras dos intentos de declarar en Madrid a través de videoconferencias, al final he tenido que venir a Buenos Aires a prestar declaración", relató Pablo Mayoral cuando también él salió de la audiencia. "Es muy importante que una jueza argentina pueda presentar a la Justicia a los responsables de los asesinatos de Estado de nuestros compañeros José Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui [que fueron los últimos fusilados del régimen franquista, en septiembre de 1975].

Pablo Mayoral fue condenado a tres décadas de prisión en julio de 1975, acusado de participar en un atentado del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que acabó con la vida de un policía. Casi 40 años después, el querellante le ha pedido a la jueza que impute al "ex ministro Fernando Suárez González, que firmaba penas de muerte, y a uno de los fiscales del consejo de guerra que me condenó a 30 años de cárcel, Jesús Cejas Mohedano".

Después de 37 años hemos podido declarar en sede judicial denunciando unos hechos criminales El último en entrar en los despachos fue Andoni Txasko Díaz, miembro de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que estuvo tres horas exponiendo su caso. "Siento liberación, porque después de 37 años hemos podido declarar en sede judicial denunciando unos hechos criminales cometidos en la dictadura", afirmó al salir.

El denunciante espera la imputación de Martín Villa, "que [como ministro responsable de las fuerzas de seguridad] fue uno de los muchos que planificó la matanza de obreros ocurrida en Vitoria en marzo de 1976, junto con Manuel Fraga Iribarne, ya fallecido, y junto con otros miembros del Gobierno como el [ex ministro de la Presidencia] Alfonso Sorio".

 

El rey, informado y "copartícipe"

De todas aquellas operaciones tenían informado al rey Juan Carlos de Borbón. "En entrevistas y ruedas de prensa, Martín Villa, Fraga y Osirio admitieron que lo que pasaba en Vitoria estaba en conocimiento del presidente y del jefe del Estado, así que ellos también son copartícipes de lo que sucedió", dijo Txasko.
Para sostener su afirmación, el querellante se apoya en los dictámenes de la Universidad del País Vasco, del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y del propio Parlamento vasco, que establecen responsabilidades claras en las personas que en plena transición ocupaban puestos relevantes de poder en los ministerios del Gobierno.

Cita en el Congreso argentino

Después de declarar en los juzgados, los querellantes alcanzaron al resto de la delegación de víctimas para reunirse en el Congreso argentino con la Comisión de Derechos Humanos. Horas antes habían sido recibidos en el Senado. Luego asistieron a una obra de teatro de las directoras españolas Susana Hornos y Zaida Rico, Granos de Uva en el Paladar, una evocación alegórica a la II República y al franquismo.
El pasado viernes llegaba a Buenos Aires esta comitiva de 28 personas, entre los que se incluyen 17 querellantes de la causa, organizada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).


El juzgado de Servini de Cubría atenderá, a lo largo de esta semana, a otros 10 denunciantes que prestarán su testimonio para querellarse contra represores franquistas. Este viernes, Servini de Cubría ha convocado de nuevo a toda la delegación para una reunión en la que podría concretar más detalles de los próximos pasos que seguirá.

La juez argentina afirma que avanzará con la causa

 

La jueza María Servini de Cubría aseguró que consideraba importante el viaje de los querellantes españoles a Buenos Aires y que seguirá adelante con la causa que investiga los crímenes del franquismo, según relataron algunos de los presentes en la audiencia protocolar que concedió a las víctimas este martes.

"Ayer nos recibió en la audiencia. Estábamos los querellantes, los abogados y también los cuatro parlamentarios vascos y los dos de Madrid que acompañan a la delegación", reveló a Público Merçona Puig Antich, la primera declarante del grupo en dar su testimonio. "La jueza nos preguntó qué le queríamos decir, y nos dio tiempo suficiente para que cada uno explicara por qué había venido a Argentina y qué esperaba cada uno con la presentación de las querellas".

"Las ganas de la jueza son de tirar para adelante y ayudar al máximo", confirmó la hermana del militante Salvador Puig Antich, ejecutado durante la dictadura franquista. "Nos aseguró que ésta era la máxima causa que tenía en ese momento en el juzgado y que pondría toda la carne en el asador", añadió Merçona, risueña, para luego matizar: "No son palabras textuales, pero más o menos dijo eso".

La abogada de las víctimas, Ana Messuti, que vino desde Madrid junto con la comitiva española, también confirmó a Público la relevancia que Servini de Cubría concedió a la causa delante de los querellantes.
Merçona observó que "de las cosas que le pedimos, ella tomó nota y dijo que a ver qué podía hacer". La magistrada tuvo muy buena predisposición, y hasta "se disculpó por la lentitud del proceso, que requiere tantos exhortos", indicó.

"Parecía muy implicada", cuenta Soledad Luque Delgado, querellante en la causa por la sustracción de su hermano mellizo y de otros niños durante el franquismo. "Dijo que a ella nadie le cogía de la mano, y que estaba por la labor de avanzar y de hacer cosas para que esto salga".

Luque Delgado declaró en agosto ante Servini de Cubría, y en esta ocasión ha viajado a Buenos Aires para acompañar al resto de sus compañeros. "Nos dio muchos ánimos, y todo el mundo salió muy contento", añadió. "La jueza dijo que sentía un gran orgullo por tenernos allí, que gracias a nuestros viajes y a la disposición que teníamos, ella se sentía muy apoyada para poder avanzar en la causa".

La magistrada también se mostró satisfecha con la citación del juez Pablo Ruz a los imputados Billy el Niño y Jesus Muñecas prevista para este jueves y complacida porque ese paso se hubiera dado. "Además fue muy cariñosa con Ascensión Mendieta, una de las declarantes, de 89 años, que espera encontrar los restos de su padre", finalizó la querellante.


* Artículo aparecido el 4 de noviembre de 2013 en el diario español Público

"A estas imputaciones desde Argentina van a seguir otras"

Carlos Slepoy, durante la conferencia de prensa en la que anunciaron
la imputación de cuatro presuntos torturadores del franquismo (A. D)

Una de las personas que más ha luchado por que ese dictamen sea un precedente histórico es el argentino Carlos Slepoy, representante de las víctimas querellantes. El abogado también impulsó, en su día, los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón para procesar a represores argentinos como el dictador Jorge Videla.

La resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría, en la que ordena la captura de cuatro ex miembros de seguridad del franquismo acusados de torturas, ha trascendido fronteras. Portada en los medios de comunicación españoles y argentinos, el dictamen de 209 páginas marca un hito sin precedentes que puede resquebrajar la impunidad que hasta ahora ha tenido la dictadura.


"Por  primera vez en la historia se produce la imputación de responsables de crímenes del franquismo", comenta Slepoy tras dar a conocer la resolución de la jueza que compartió en primicia con este diario. Sobre Jesús Muñecas Aguilar (ex guardia civil de 74 años), Celso Galván Abascal (ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, de 78 años), José Ignacio Giralte González (ex miembro de la Brigada Político Social de Franco y ex comisario, de 71) y José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño (ex inspector de 67) pesa ya una orden de captura internacional para que sean extraditados a Argentina y así recibir declaración indagatoria.

¿Cuál es la trascendencia de esta resolución judicial?

Estamos en una realidad en España en que ni uno solo de los responsables de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX ha sido siquiera llamado a prestar declaración. No existe ninguna comisión de la verdad, ni ninguna medida pendiente a hacer justicia y reparar a las víctimas. Por tanto, esta resolución se convierte en un precedente extraordinario de primer orden.

¿Qué precedente establece?

De entrada, consolida la idea de la justicia universal, es decir, que cualquier tribunal del mundo puede investigar crímenes contra la humanidad, cualquiera sea el lugar del mundo donde se cometan y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido.

¿Qué otros efectos tiene?

La resolución constituye una reparación enorme para las víctimas, que, impedidas de que se haga justicia en España, han tenido que recurrir a una jurisdicción extranjera, en este caso la argentina, del mismo modo que las víctimas del genocidio argentino recurrieron en su día a la jurisdicción española. Hay una consigna que está recorriendo todo esto, que sería la de: "ayer por nosotros, hoy por vosotros". Ésta es una idea muy fuerte, porque establece que la solidaridad de los pueblos también se puede organizar a través de acciones judiciales como ésta.

¿Qué dice, en concreto, la resolución?

Se dicta una orden internacional de detención que determina que los imputados podrán ser detenidos, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, y extraditados a Argentina. Además, se va a cursar una orden internacional de detención a la propia España a efecto de arrestarlos y, en ese caso, proceder  a su extradición para que sean juzgados aquí.

Ante esto, ¿qué alternativas tiene el Gobierno español?

Tiene dos, conforme a las normas del derecho internacional: o entregarlos, o juzgarlos en España.

Es difícil que eso ocurra.

Sabemos que es previsible que ninguna de las dos suceda en estos momentos en que se está protegiendo a los victimarios. Sin embargo, la presión que va a ejercer esto sobre quienes forjan la impunidad, y el estímulo que va a dar a las víctimas, van a permitir que se produzca una acción envolvente en la que esperamos que se sumen otros tribunales del mundo para poner fin a la impunidad del franquismo. Yo no descarto que jueces y fiscales españoles se hagan cargo de esta investigación judicial. Es una verdadera vergüenza que por parte de la justicia española se dé impunidad a estos crímenes.

¿La INTERPOL puede entrar en España?

No. En principio, la INTERPOL va a detenerlos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Como sucedió cuando Garzón dictó las órdenes de detención respecto de los genocidas argentinos, son las autoridades españolas las que tendrían que proceder al arresto.

España no ha colaborado por ahora.

Sí. Hasta ahora, la jueza había enviado dos comisiones rogatorias que merecieron por parte de la Fiscalía General del Estado español una contestación negativa a sus peticiones, así que es previsible que esto por ahora no funcione. Pero esto va a ir creciendo cada vez más, y no hay que descartar que alguno sea detenido y juzgado en Argentina. Es importante enfatizar que a estas imputaciones van a seguir otras.

Pero la jueza accedió a cuatro imputaciones de las nueve que ustedes solicitaron. 

Sí, están pendientes las de tres ex ministros franquistas (José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez) y dos ex jueces (Rafael Gómez Chaparro Aguado y Jesús Cejas Mohedano).

¿Qué da a entender eso?

La resolución de la jueza nada dice respecto de las otras cinco imputaciones, pero creemos que en cualquier momento puede resolver acerca de ellas. Nosotros vamos a presentar nuevos escritos de procesamientos, porque se han sumado más víctimas y cada vez hay más denuncias y más pruebas.

El dictamen de Servini de Cubría es extenso. ¿Qué abarca?

Por un lado, la resolución es una historia de todo lo que ha venido sucediendo desde el 14 de abril de 2010, cuando comenzó la causa. Por otra parte, se citan los informes de Amnistía Internacional, de la sección española para el derecho internacional de los derechos humanos, de juristas argentinos, y además, sentencias dictadas por tribunales argentinos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por tribunales internacionales, que fundamentan por qué Argentina tiene competencia para juzgar al franquismo. Al reafirmarse la jurisdicción argentina, se deja la puerta abierta a nuevas imputaciones.

¿Qué dice la resolución sobre los querellantes?

Con precisión, destaca quiénes han presentado sus testimonios para que estas órdenes de imputación se hayan producido.

Habrá quien piense que los acusados son ya muy mayores y no podrá hacerse justicia con la mayoría.

El militar alemán Rudolf Hess murió en la cárcel de Spandau con más de 90 años. Varios criminales están siendo perseguidos en este momento y tienen más de 90 años. Billy el Niño tiene 67 años y el resto tiene poco más de 70, por lo tanto, tienen todavía una larga vida para rendir cuentas ante la Justicia.


* Entrevista aparecida el 20 de septiembre de 2013 en el diario español Público.

Argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo

En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha emitido una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos

La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen  varios concejales y alcaldes de su partido.

Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo.

Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy.  Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa

Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños.

Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal.

La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno,  con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.


* Artículo aparecido el 17-09-2013 en el diario español Público

Garzón defiende en Argentina la causa del franquismo

Baltasar Garzón se presentó este lunes ante la jueza María Servini de Cubría para apoyar como testigo la causa abierta en Buenos Aires para juzgar los crímenes del franquismo. Durante dos horas y media, el magistrado explicó cuáles habían sido los obstáculos con los que se encontró para abordar esa misma investigación desde España, y por qué había sido apartado, tal y como figura en el acta en la que se volcó la declaración testimonional de Garzón y a la que ha tenido acceso Público.

El que fuera juez instructor de la única causa que se abrió en España para investigar los crímenes franquistas explicó ante la jueza que ese proceso que luego se vio abortado comenzó en diciembre de 2006, cuando comenzó incorporar al sumario las querellas de distintas víctimas, organizaciones de víctimas y organismos de derechos humanos. "Los hechos denunciados se referían a la represión iniciada y desarrollada por el régimen franquista y las autoridades civiles y militares que lo representaban", señaló Garzón.
El magistrado precisó que desde la fecha de incoación (cuando comenzó el proceso judicial) y hasta octubre de 2008 se ratificaron las denuncias "que se referían a la ejecución sistemática de crímenes contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra bienes [y] sustracciones de menores de edad, entre otros".

Garzón constató que existía prueba documental que confirmaba lo anterior y que hasta ese momento no se había abierto ninguna otra causa en España que investigara los crímenes de la dictadura franquista. "La existencia del plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, robo de niños, entre otros, tiene constancia documental en diversos documentos del General Franco, Queipo de Llano, Mola y otros (...). Desde luego no son los únicos, pudiendo accederse a archivos históricos como el museo del Quai D'Orsay en el que consta un documento en el que el General Franco en 1935, entonces jefe del Alto Estado Mayor, le reconoce al embajador francés que era necesario eliminar a todo aquel que se opusiera a la dictadura".

El 16 de octubre de 2008, "y luego de que las propias víctimas a mi requerimiento fijaran una cifra provisional de las mismas en 114.000 personas", Garzón dictó un auto en el que fijaba la competencia de los tribunales españoles en general y en concreto del Juzgado Central de Instrucción nº 5, del que él formaba parte, para que investigara los delitos desde 1936 hasta diciembre de 1951, "fecha en la que fueron eliminados los últimos opositores franquistas que estaban en actividad armada contra el régimen".

En una segunda resolución, el 18 de noviembre de 2008, el exjuez de la Audiencia Nacional estableció que la causa debía ampliarse en los juzgados que resultaran territorialmente competentes. "La investigación se extendía al caso de los 'niños robados del franquismo' y que se concreta en la cifra de 30.000 menores de edad, que a partir de 1936 fueron sustraídos a sus familias de origen por el mero hecho de ser republicanos, y por considerar que las mismas no eran adecuadas para educar a estos niños en el nuevo régimen iniciado por el franquismo", .

Garzón detalló a la jueza argentina cómo después, en marzo de 2012, el Tribunal Supremo resolvió que no podían investigarse los crímenes franquistas como delitos de lesa humanidad, "dejando a las víctimas sin ningún amparo judicial de la vista penal" con la excepción de un caso de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre un bombardeo de las fuerzas italianas en aquella ciudad, y que se definió como "delito de guerra".

El exjuez de la Audiencia Nacional también comentó que sí existía una investigación sobre el robo de niños que se produjeron entre 1960 y 1970, pero que eran ajenos a la causa. "La investigación del robo de niños que obviamente, tiene el carácter de delito permanente acontecido hasta 1951, pero proyectados sus efectos durante esos primeros años y posteriormente hasta el día de hoy, siguen sin ser investigados".

Garzón contradijo las conclusiones del informe del 6 de mayo de 2011, "aparentemente de la de la Fiscalía General del Estado de España, ya que no aparece firmado por nadie", en las que se aseguraba que se estaban investigando los hechos delictivos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. "La desaparición de menores a la que se refiere en ningún caso es la que fue objeto de mención y estudio en mi auto de fecha 18 de noviembre de 2008", indicó.

El magistrado aclaró que la catalogación de los crímenes franquistas en su investigación como delitos de lesa humanidad se basaba en una resolución del propio Tribunal Supremo español por el que se condenaba a 1048 años de prisión al ex militar argentino Adolfo Scilingo en base a los crímenes que había perpetrado en el centro clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires durante la dictadura argentina (1976-1983).

Garzón también citó resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirmaban que la desaparición forzada de personas constituían crímenes de lesa humanidad. Como ya expuso en otras ocasiones cuando fue apartado de la causa, el magistrado denunció que se había aplicado de manera implícita la Ley de Amnistía de 1977 para cerrar la investigación de su juzgado, "quebrantando con ello los propios términos de la ley que nunca se pensó para aplicarla a este tipo de crímenes y principios internacionales a través de normas de derecho convencional de las que España es parte y del principio de ius congens que obliga a todo juez a investigar tales hechos".
"Lo anterior implica que (...) la única instancia judicial en el mundo que está investigando estos crímenes de naturaleza internacional es este juzgado,y por tanto el único y último reducto de las víctimas para que puedan ejercer su derecho fundamental ante la Justicia", expuso Garzón ante Servini de Cubría.

"Vino a confirmar lo que denunciamos" celebró en declaraciones a Público uno de los abogados argentinos que promueve la causa contra el franquismo, Máximo Castex. "Se le mostró a Garzón el informe de la Fiscalía General en respuesta al primer exhorto que mandamos nosotros y lo fue desmintiendo punto por punto". Y lo más importante: "confirmó la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo en España", lo que permite a Argentina tomar parte activa en la investigación de los delitos del franquismo en base a los principios de justicia universal.

Las comparecencia de Garzón ante Servini de Cubría es uno de los mejores apoyos que podía recibir ahora el proceso, precisamente cuando desde España las autoridades están intentando impedir por todos los medios que doce víctimas del franquismo declaren por videocoferencia ante la magistrada. "Queda de manifiesto que [la causa abierta en Argentina] es la única posibilidad que tienen las víctimas para alcanzar y tratar de averiguar la responsabilidad penal de los autores por los cuales se querellan, y alcanzar así la verdad y la justicia", concluye el abogado.


* Artículo publicado el 27 de mayo de 2013 en el diario español Público

La Justicia argentina quiere localizar a los ministros de Franco

Se han terminado las excusas. La Justicia argentina ha pasado a tomar parte activa en la investigación de los crímenes del franquismo pidiendo al Estado español que informe sobre los ministros y otros responsables de la represión entre el día que arrancó el golpe de Estado, el 17 de julio de 1936, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría exige "nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange", acompañados del certificado de defunción de aquellos que hayan perecido. Es decir, que España tendrá que aportar información de aquellos que todavía siguen vivos, como por ejemplo, el exministro franquista Manuel Fraga.

Según explicó a Público uno de los abogados querellantes, Máximo Castex, la resolución judicial ordena también el listado de empresas privadas, aún activas, que se beneficiaron del "trabajo esclavo y forzado de presos republicanos". Igualmente se demanda información sobre el número e identidad de las personas desaparecidas, sobre su momento y lugar de desaparición; de cuantas personas fueron torturadas y asesinadas dentro de la "persecución política"; de los niños que fueron robados a sus familias de origen, "con su ulterior sustitución de identidad", y de las familias que fueron despojadas de esos menores. Se piden, además, los "informes sobre las fosas comunes encontradas, y la cantidad de cuerpos recuperados hasta la fecha", detalla.

Otro grupo de medidas aprobadas responde a pedidos de los seis querellantes particulares de esta causa, que solicitan los datos de los que ordenaron torturar y fusilar a sus familiares, además de la de los jueces que firmaron sentencias de muerte contra ellos. Como tarea pendiente, queda aplazada por ahora una de las aspiraciones de los demandantes, que requería la presencia de la jueza en la embajada argentina en Madrid para que pudiera tomar testimonio a las víctimas de la dictadura franquista.

Justicia universal

Argentina reclama la investigación de los delitos del franquismo en base al principio de justicia universal, una figura que reconoce la Constitución argentina al igual que la española, para investigar los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, que son los delitos que ahora investiga la Justicia de ese país contra los responsables del franquismo.

La primera demanda para indagar sobre los crímenes de la dictadura española en Argentina la presentaron familiares de víctimas del franquismo el 14 de abril de 2010. Seis meses después, Servini de Cubría envió un primer exhorto a España para que informara de qué investigaciones en curso existían sobre los crímenes.

La Fiscalía General del Estado no respondió hasta mediados de este año. "Decía que se estaban llevando a cabo diversas investigaciones en varios juzgados del país, pero tratando de encubrir la realidad, que era la falta absoluta de una investigación judicial", según Carlos Slepoy, otro de los abogados que impulsó la causa.

Es por eso que este segundo exhorto de la jueza Servini de Cubría es un "avance del procedimiento", señaló el letrado. La magistrada, añade, "no da crédito a lo que afirma la Fiscalía española". Asimismo, sostiene que ya "se ha desencadenado un mecanismo que difícilmente tiene marcha atrás", y que es de esperar que una vez Argentina identifique a los responsables todavía vivos de la dictadura franquista, se los impute y se los llame a declarar, con las consiguientes órdenes internacionales de detención.

Según las investigaciones del juez Baltasar Garzón, el franquismo debe responder todavía por los 113.000 desa-parecidos y por los 30.000 niños que fueron robados durante la dictadura.


* Artículo aparecido el 28-12-2011 en el diario español Público