EXCLUSIVA - Jueza argentina solicita al Vaticano documentación sobre los crímenes del franquismo

BUENOS AIRES.- La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde Argentina la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, no ha quedado satisfecha con el silencio que obtuvo por toda respuesta del Gobierno español sobre su pedido para interrogar en España a los 19 cargos franquistas que están imputados en su expediente. Lejos de amilanarse, la magistrada ha recurrido ahora al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según ha podido saber esta periodista en exclusiva.

La jueza Servini en su despacho de Buenos Aires, en 2015 (Ana Delicado Palacios)

La jueza ha liberado un exhorto para que que el Estado de Vaticano aporte toda la documentación que tenga “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, el período que abarca su investigación.

El Vaticano también debe dar cuenta de toda la información en su posesión relacionada con “los religiosos católicos que fueron objeto (…) de persecución, sanciones, cárcel y torturas”, de acuerdo a la solicitud que realizó la querella argentina.

En paralelo, Servini ha realizado el mismo pedido a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La magistrada remitió comisiones rogatorias a los juzgados de cada una de estas ciudades para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información.

Pedidos a la Generalitat

 

La magistrada ha ido más allá en la causa y aceptó una catarata de pedidos que había realizado la querella para avanzar en la pesquisa de los delitos del franquismo. Para empezar, involucra a la Generalitat de Catalunya. Tres testigos de la querella denunciaron “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Catalunya en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.

La jueza accedió a liberar un exhorto a los juzgados de Barcelona, Tarragona, Mataró y La Fatarella a fin de que ordenen a la Generalitat de Catalunya “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares”. Ese material está disponible en el Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que cuenta con un banco de ADN gracias al depósito genético que realizaron centenares de familias.

Los tres querellantes que solicitaron este exhorto elaboraron un listado sobre los emplazamientos en donde yacen los restos de los cadáveres, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán”, destacan en el expediente de su pedido.

Esos lugares son principalmente laboratorios de universidades catalanas, en concreto, los del Área de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Bracelona, en el municipio de Cerdanyola del Vallès de la provincia barcelonesa, así como en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También hay restos en “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana para estos trabajos”, y en El Memorial de Les Camposines, en Lleida.

Exhumaciones y declaraciones testimoniales

 

La jueza también liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas en Mallorca que se encuentran en la fosa común que alberga el Cementerio Municipal de Porreres, y cuya desaparición forzada fue denunciada por la Asociación Memòria de Mallorca.

En otro requerimiento, la magistrada ordenó a través del juzgado de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto de Cipriano Martos Jiménez, un sindicalista afiliado al PC que fue detenido por esa fuerza policial en 1973, antes de ser torturado y asesinado con la ingestión forzada del contenido de un cóctel molotov, llamado de forma socarrona el “cóctel de la verdad”. Tenía 18 años. Servini también solicita que declare como testigo el hermano de Cipriano, Antonio, ante el juzgado de Sabadell, en Barcelona.

Además exige la exhumación del cadáver de Cipriano, que fue enterrado en secreto en el cementerio de Reus, en Tarragona. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha ofrecido a realizar la tarea, y ya comenzó a elaborar un informe técnico de la fosa.

Por último, la jueza solicitó tomar declaración testimonial a cinco testigos del País Vasco a través de la instrucción de los juzgados en donde vive cada una de estas personas, que por su avanzada edad no pueden trasladarse hasta Buenos Aires. La misma disposición ha adoptado en relación a otros seis querellantes en Catalunya.


* Artículo aparecido el 29 de abril en el diario español Público.

Justicia argentina recibe denuncia por los crímenes cometidos contra las mujeres durante el franquismo*

La organización Womens Link Worldwide presentó este miércoles ante la Justicia argentina una querella contra los crímenes de género cometidos durante el franquismo en el marco de la causa que investiga los delitos de la dictadura española (1939-1975), explicó a Sputnik Nóvosti su abogada, Teresa Fernández.

“Ésta es la primera querella que da cuenta de los crímenes que sufrieron específicamente las mujeres y niñas durante la dictadura por el hecho de ser mujeres”, contó Fernández. 
 
La querella se presentó ante la jueza federal María Servini de Cubría para que sea integrada en la macrocausa que recayó en su juzgado el 14 de abril de 2010, y que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo bajo el principio de justicia o la jurisdicción universal.

En virtud de este principio, amparado por el derecho internacional, la Justicia de un país puede perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad fuera de sus fronteras, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o del territorio en donde se han producido los delitos. 
 
La querella de Womens Link Worldwide denuncia la represión perpetrada contra seis mujeres, de las cuales sólo una sobrevive hasta la actualidad. Cuatro testimonios de familiares permiten reconstruir los hechos que sufrieron cinco mujeres, dos de ellas hermanas. 
 
La denuncia también esboza un contexto general de la represión que sufrieron las mujeres durante el terrorismo de Estado en España, “en concreto de las mujeres republicanas o tildadas como tales durante los 40 años de dictadura”, señaló Fernández.

“Womens trabaja para garantizar que los procesos de justicia internacional incluyan los crímenes de género violencia sexual, porque en conflictos armados o en regímenes dictatoriales hay violencia contra la mujer, pero es siempre invisibilizada”, sostuvo la abogada.

La organización, que también ha trabajado en Guatemala para incluir la perspectiva de género en el genocidio perpetrado en ese país, se contactó a finales de 2014 con los abogados de la querella que trabajan desde hace casi seis años en el caso.

“Nos propusimos ampliar la denuncia, y desde entonces recopilamos información con la ayuda de los familiares de las víctimas”, añadió Fernández.
En España nunca se constituyó ninguna comisión de la verdad sobre los delitos del franquismo, por lo que no se sabe con certeza cuántas mujeres fueron represaliadas por su condición de mujer durante la dictadura.

La magistrada Servini de Cubría, que instruye esta causa judicial única en el mundo, pidió en 2014 la extradición de 20 imputados españoles –tres fallecidos– por crímenes del franquismo, solicitud que España rechaza hasta el momento. 

Entre tanto, la jueza ha invitado a denunciar los crímenes de la dictadura a través de los consulados argentinos en España, y viajó en dos ocasiones a este país para recoger en persona declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros  crímenes.


* Artículo publicado el 16 de marzo de 2016 en la agencia de noticias internacional Sputnik. 

“Me impacta el miedo a declarar de las víctimas”

La jueza María Romilda Servini de Cubría se ha convertido en la magistrada argentina más conocida en España. Instruye desde Buenos Aires la causa que investiga los crímenes del f

ranquismo, única en el mundo. Suele ser renuente a dar entrevistas, y es también cuidadosa a la hora de extenderse en sus respuestas. Frente a la periodista, habla poco y mira de vez en cuando a quien la observa a su vez sin perder detalle: su secretario Alfredo Mangano, la persona en la que quizás más confía dentro de su juzgado.

 

Servini es una jueza muy singular por su trayectoria, prolífica y compleja. Fue la primera magistrada de su país en restituir a dos menores apropiados durante la dictadura cívico militar (1976-1983), y también dice ser la única magistrada que abrió las puertas de su juzgado a Abuelas de Plaza de Mayo durante aquellos años. En sus 25 años como jueza federal, ha recuperado la identidad de otros doce nietos, incluido el de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. Su juzgado tramita alrededor de 80 procesos referentes a la búsqueda de hijos de desaparecidos.

 Si hay una constante en el juzgado de Servini son las causas sobre delitos de lesa humanidad. Pese al indulto del presidente Carlos Menem que lo protegía, en 1998 detuvo con prisión domiciliaria al comandante Emilio Massera, integrante de la Junta militar que dio el golpe de Estado junto a Jorge Videla. Tres años después, solicitaba a la Justicia de Chile la detención del dictador Augusto Pinochet por su vinculación en el asesinato del general Carlos Prats y de su mujer Sofía Cuthbert, asesinados en 1974 en el marco de la operación Cóndor.

La jueza acostumbra a enlazar su apellido con el de su marido fallecido en 2010, el brigadier Tomás Cubría, que fue retirado en 1977 por decisión del tercer integrante de la Junta que dio el golpe de Estado, Ramón Agosti.

Procedente de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), Servini llegó muy joven a la capital argentina para terminar sus estudios de Escribanía y Derecho. Con 37 años, fue la primera mujer en ingresar a la Justicia penal como defensora pública. Dos años después, en 1976, fue promovida como jueza de instrucción. Y en 1990, ya con Menem en el poder, fue ascendida a jueza federal en el juzgado más político por excelencia, el número 1, que tiene a su cargo la justicia electoral.

Le llegó la fama fuera del ámbito judicial en 1991, por un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucraba a la cuñada de Menem, Amira Yoma, y que desveló el semanario español Cambio 16.  Aquel escándalo político adquirió públicamente el sobrenombre de Yomagate. Sancionada por la Corte Suprema por haber cometido irregularidades, Servini fue apartada de la causa. El Congreso, de mayoría peronista, la salvó de una docena de juicios políticos. Todo este periodo opacó su prestigio, siendo acusada de ser “menemista” hasta por el propio expresidente Néstor Kirchner en 2003.

La jueza con sus ayudantes y los abogados de la querella Máximo Castex y Carlos Slepoy.

Servini provocó además una de las anécdotas más recordadas de la televisión argentina al interponer un recurso de amparo contra el famoso cómico Tato Bores para no ser nombrada en su programa. El artista sorteó la censura llevando al estudio de televisión a actores, músicos y periodistas que cantaron a coro "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay", en socarrona referencia a la magistrada.

Servini es menos reconocida en el imaginario social por haber irrumpido en persona en las sangrientas protestas en la Plaza de Mayo durante la crisis de 2001 y haber ordenado a la policía que terminara con la represión del Gobierno de Fernando de la Rúa.

El 14 de abril de 2010 cayó en su juzgado una querella para que investigara el genocidio y los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. En base a un dictamen del fiscal Federico Delgado, Servini se excusó de intervenir. La contradijo la Cámara Federal en septiembre de ese año, obligándola a mandar un exhorto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si en España se estaban investigando los delitos del franquismo.

El corazón de la causa
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Así comenzó este proceso que en sus cinco años de vida ha conseguido que pese una orden de extradición contra 20 imputados españoles –tres fallecidos–, que ha invitado a denunciar los crímenes franquistas a través de los consulados argentinos, que ha individualizado a más de 4.500 víctimas, y que ha motivado a una jueza a viajar a España para recoger en persona declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros crímenes.

“Aquel viaje fue muy bueno”, recuerda Servini. “Nos dieron mucho apoyo y nos atendieron muy bien, salvo una jueza en Málaga que no nos recibió y no nos dejó ir al lugar donde estaban enterradas las víctimas para después solicitar la exhumación”. La magistrada se refiere al cementerio de San Rafael, la fosa común más grande de España. Allí fueron fusiladas y enterradas 4.471 personas.

Durante su itinerario por el País Vasco, Madrid y Andalucía, la jueza recogió otras pruebas documentales y conversó con dos víctimas de la dictadura junto al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. “Yo pensaba que ni nos iban a recibir, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para la Justicia española”, aclara Servini.

Tal vez por eso, contesta con reserva al ser inquirida por la actuación de la Audiencia Nacional cuando en abril de 2014 denegó las extradiciones del exguardia civil Jesús Muñecas y del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

“Bueno, los jueces responden a su legislación. Son decisiones que toman de acuerdo a las leyes y a la Constitución que tienen”, dice casi a modo de disculpa. “Estas son decisiones jurídicas. A veces estamos en el mismo lugar y un juez concede la extradición y otro no. Está dentro del libre pensamiento de cada juez”.

Servini se pasa la mano por el pelo y entrecierra los ojos. “La causa avanza, sólo que un poco más lenta. Lo que ocurre es que en vez de avanzar más rápidamente, como podría ocurrir con una causa argentina, aquí hay que hacer todo más pausado, porque dependes de exhortos y de viajes”.

En el caso de España, evalúa, están en una etapa más primaria. “Es importante que podamos indagar, porque ahí se impulsa la causa. El exministro Rodolfo Martín Villa [uno de los imputados] ha dicho que quiere declarar”.

Por este motivo, el juzgado está examinando la posibilidad de volver a España. “Ahora estamos con más declaraciones testimoniales [por videoconferencia], pero estoy estudiando viajar de nuevo para indagar a los imputados, si me autoriza la Corte y el Consejo de la Magistratura”, adelanta. “Nosotros tomaremos la declaración de todos los imputados, no podemos hacer diferencia. Aunque alguno se niegue a declarar, tienen que presentarse ante nosotros”.

La duda que puede rondar a todas las víctimas es hasta dónde puede evolucionar la causa ante el rechazo permanente a colaborar de las autoridades españolas. “Eso no se puede adelantar, sería hacer futurología”, admite. “Cuando uno empieza una investigación nunca sabe hasta dónde llega. La causa puede prosperar pese a los obstáculos que nos encontramos”.

La jueza en su despacho, durante la entrevista

El guiño sobre un cambio político en España que permita agilizar el proceso se cuela en la entrevista. “No me puedo adelantar a los acontecimientos, como ustedes tampoco pueden adelantarse a los procesos políticos de su país”, desliza. “Hay que ver. Si yo tuviera que adelantarme y decir que el año que viene va a pasar tal cosa, no podría hacerlo, porque no sé quién será el presidente el año que viene”.

¿Será posible que España investigue alguna vez sus propios crímenes? “Yo creo que al final sí los van a investigar”, asiente. “Con el tiempo lo van a hacer. Quizás es demasiado pronto, hay heridas todavía abiertas”.

Se acuerda entonces de su investigación sobre la muerte del general chileno Prats. “Chile no nos entregó a ningún imputado, pero toda la investigación se hizo acá en Argentina, y luego juzgaron allá, pero con mi investigación. En la resolución final de la Corte me mencionan, incluso, ‘que gracias a la investigación que se hizo en Argentina…’”.

Se interrumpe, y piensa. “Yo viajé en ese momento a Estados Unidos a interrogar al que puso la bomba [el ex agente de la DINA Michael Townley], que estaba con un pacto de impunidad, porque existe eso en Estados Unidos. Y el tipo declaró todo, pero no yo lo podía poner porque al mismo tiempo tuve que firmar un pacto de confidencialidad”.

Trascendencia del proceso
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La relevancia de una causa que por primera vez afronta los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura puede tener más eco en España que en Buenos Aires. La jueza hace como que no es consciente de las repercusiones de su investigación. “No suelo prestarle atención a eso, no estoy con eso. A veces te critican, a veces te elogian. La Justicia es así. Algunos en España nos criticarán”.

“No sé si la causa es importante para Argentina. Para mí es una causa más de lesa humanidad. Acá a nadie le interesa. Sí, hay gente que incluso me ha felicitado en la calle, pero ¿sabes lo que pasa? Que las causas de lesa humanidad son distintas al resto. Tienen otra trascendencia, hasta uno tiene otro sentimiento, pero siempre estamos en la objetividad. Ahora, no podemos estar pensando en si es española o argentina”, justifica.

¿Cómo lidia Servini con este proceso? “Yo estoy en todo, pero tengo mucha gente que me ayuda, equipos que están con los detalles. Me pasan a mí los datos, los reviso y firmo si estoy de acuerdo”, consiente. “Yo tengo que tener objetividad y tranquilidad. Si empiezo a seguir qué dice este diario o el otro, qué dice Twitter, si me insultan o no, me vuelvo loca. Tienes que vivir en una cierta abstracción, por eso aquí [en el edificio donde están los tribunales] los juzgados están separados, los dejan apartados”.

Pero ella, lo quiera o no, pasará a la historia por ser la primera jueza que imputa a represores franquistas. “No lo había pensado”, dice despacio. “Estoy trabajando y no pienso en gloria o premios. Nosotros investigamos los delitos del general Prat como ahora también estamos investigando los delitos de nuestro país, con chicos desaparecidos. En todo caso, me alegro de poder ser útil”.

La magistrada revela que no había imaginado los progresos que iba a tener la causa a lo largo del tiempo. “Estoy muy contenta, porque veo que vamos muy bien”, concede. “En concreto, que ya haya imputados y hayamos podido pedir extradiciones. Estamos a una altura muy importante que para nosotros es la llamada a indagatoria, cuando se pide la extradición”.

Una de las últimas trabas a la investigación no provino de la Audiencia Nacional, sino del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy cuando denegó en marzo las extradiciones que pedía la magistrada. España, en este punto, vulnera el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica ratificado por ambos países en 1990.

Servini reconoce que desde la Justicia argentina no hay mucho margen de maniobra. “Los tratados son vinculantes, pero si no lo cumplís… la Justicia argentina no puede intervenir”. Queda en silencio unos instantes, y añade. “Con las extradiciones que pidió Garzón en su momento, Argentina tampoco cumplió. Garzón sólo pudo detener a los que tenía allá”.

“Los tratados son vinculantes pero si España no los cumple la Justicia argentina no puede intervenir”

Intercede entonces su secretario Mangano. “España no hizo lugar a nuestros pedidos de extradición por la ley de Amnistía que tienen vigente, no porque consideraran que no teníamos razón. No trataron el fondo del asunto, se escudaron en eso. Pero esto es muy importante, porque si hubieran podido voltear nuestros argumentos lo habrían hecho como para que no mandemos más pedidos”, delibera.

Servini interviene decidida. “La causa la trabajamos para terminarla. Esperamos poder hacerlo”. Pero ¿qué significa terminarla? “Que podamos procesar, o sobreseer, y que la causa pase a un tribunal oral, o no”, alega. Es todo un abanico de posibilidades.

Lo que sí sabe es que la investigación no está condenada a eternizarse por las constantes denuncias que se incorporan al proceso. “Puedes ir cerrando la causa por partes mientras las nuevas denuncias se van investigando. A mí me gustaría que esta investigación se pudiera terminar, aquí o en España. No es algo que yo quiero para mí. La querella está queriendo una reparación. Los imputados, una defensa. Esto tiene que tener un final”, sentencia Servini.

Miedo en las víctimas
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Si hay algo que a la magistrada le ha impresionado durante el transcurso de la causa fue el temor de las víctimas a dar su testimonio. “Me impactó el miedo que tiene la gente a declarar”, recuerda Servini de su viaje. “No estamos acostumbrados a que la gente, en derechos humanos, tenga miedo. La gente acá es espontánea, habla. Nos impresiona el miedo”. Ante la pregunta de a qué cree que obedece ese miedo, se echa para atrás y aprieta los labios. “Investiguen ustedes, los españoles. Pregúntenle a la gente por qué los querellantes tienen miedo de declarar”.


* Artículo aparecido el 24 de mayo de 2015 en el diario español Público.

La jueza Servini entrevistará a seis nuevas víctimas del franquismo

La jueza Servini entrevistará a seis nuevas víctimas del franquismo

La magistrada ha enviado otro exhorto a España para solicitar por segunda vez que se exhumen los restos de Timoteo Mendieta. Buenos Aires celebró el aniversario de la causa en coincidencia con el de la II República.

Nora Cortiñas, Máximo Castex, Darío Rivas y Carlos Slepoy (A.D)

La causa abierta en Argentina para investigar los crímenes del franquismo cumple cinco años en su momento más álgido. Los abogados de la querella han anunciado que la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso, entrevistará el próximo 28 de abril a seis nuevas víctimas de la dictadura franquista.

Los querellantes se desplazarán ese día al consulado argentino en Madrid para dialogar con la jueza a través de videoconferencias. Éste era un pedido que había realizado la querella tras el viaje emprendido por la magistrada en mayo de 2014, cuando durante 13 días recorrió Madrid, Andalucía y el País Vasco para dialogar en persona con las víctimas y visitar lugares testimoniales citados en la causa.

Unas 16 personas no llegaron a entrevistarse con Servini de Cubría por falta de tiempo. La jueza ha citado ahora a las primeras seis, y se espera que en los próximos días concrete nuevas reuniones para que todas ellas sean escuchadas por la máxima responsable de la causa.

Insiste en exhumación

La magistrada argentina tampoco se olvida del rechazo, por parte de un juzgado de Guadalajara, de un exhorto que ella libró en febrero de 2014 para exhumar a una víctima de la dictadura, Timoteo Mendieta. La jueza que tuvo que responder a Servini, María Lourdes Platero, se tomó casi un año para denegar la exhumación de los restos de Mendieta, localizados en una fosa común en esa provincia.

“Así se descubrió que Platero  había realizado una inspección en el cementerio sin la participación de la familia, cosa muy rara, para luego negar la exhumación”, explicó a Público el abogado Máximo Castex. “Entregamos un nuevo escrito a Servini protestando por la irregularidad del procedimiento que realizó Platero, y ahora la magistrada ha vuelto a enviar un exhorto, que volverá a caer en manos de la jueza de Guadalajara”.

La hija de Timoteo Mendieta, Ascensión, es uno de los casos paradigmáticos que desvelado esta causa. Con 88 años, la mujer viajó a Buenos Aires en diciembre de 2013 para entrevistarse con la jueza y pedir con lo que ahora insiste Servini: la exhumación de la fosa donde se encuentra su padre.

Momento crucial

“El momento más crucial e importante de la causa lo estamos viviendo ahora con este nuevo aniversario”, afirmó más tarde Castex al informar de los pedidos que el pasado viernes trasladaron a la jueza.

Servini tiene sobre la mesa dos nuevas solicitudes de los abogados: la primera requiere la imputación de una docena de personas por crímenes cometidos durante la transición –además de pedir la ampliación de los cargos contra el exministro Rodolfo Martín Villa–; la segunda insta a la jueza a viajar a España para tomarle declaración indagatoria a los 17 imputados que ya tiene la causa.

“En el proceso se ha logrado la participación del Ministerio Público Fiscal, que realizó una requisitoria contabilizando más de 4.500 víctimas”, recordó Castex. “Además hay cuatro organismos de Naciones Unidas que reprochan la actuación del Gobierno español por haberse negado a la extradición de los imputados”.

A ello se le suma el ya mencionado viaje de la jueza a España, las videoconferencias de algunas víctimas, el viaje de otras que se personaron ante la jueza, y la apertura de los consulados argentinos para que cualquier persona pueda incorporarse a la querella. “Son cientos las denuncias que ingresan cada mes por los distintos consulados y que luego viajan hasta Argentina por vía diplomática”, celebró Castex.

Homenaje a la II República

La conferencia de la querella se celebró en la Legislatura de Buenos Aires, algunos de cuyos miembros prometieron aceptar la propuesta que les hagan llegar los abogados de las víctimas y darle traslado a la Cámara de Diputados de la Nación. La querella espera que los órganos legislativos de Argentina desautoricen la negativa de España a extraditar a los imputados, lo que incurre en una vulneración del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica firmada por ambos países.

El abogado Carlos Slepoy confirmó por ello que esperan conseguir la condena al Ejecutivo de Mariano Rajoy por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Las noticias que lleguen de los apoyos en Argentina es sustancial, como lo fue la solidaridad del pueblo español con las causas de las dictaduras argentina y chilena”, indicó.

El acto también quiso ser un homenaje a la República, según anunció el abogado argentino. La República, convino, fue un acontecimiento extraordinario en el siglo XX, y a ella confluyeron decenas de miles de voluntarios a pelear por la libertad y la democracia.

“Sin embargo, en España la República parece un acontecimiento menor”, alertó. “El discurso es que no hay que investigar porque se mataron unos a otros, sigue existiendo la teoría de los dos demonios, de modo que las siguientes generaciones de españoles se están desarrollado sin conocer esta experiencia atroz que fue la del franquismo”.

* Artículo aparecido el 14 de abril de 2015 en el diario español Público.

Las víctimas del franquismo piden nuevas detenciones por delitos durante la transición

BUENOS AIRES.- La causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes franquistas llega a las puertas de su quinto aniversario de vida con un gran impulso de la querella. Los abogados Carlos Slepoy y Máximo Castex han presentado ante la jueza a cargo del caso, María Servini de Cubría, nuevos pedidos de detención internacional y una solicitud para que la misma magistrada tome declaración indagatoria en España a todos los imputados.

Los abogados Carlos Slepoy y Máximo Castex con la jueza María Servini de Cubría

Familiares de seis víctimas del franquismo denunciaron el 27 de febrero ante el consulado argentino de Madrid los crímenes cometidos contra sus allegados. A raíz de ello, la querella pide en su primer escrito la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa por el delito de homicidio agravado en perjuicio de todos ellos, cinco hombres y una mujer.

Martín Villa, imputado por la propia Servini hace casi medio año, ya estaba acusado de delitos de lesa humanidad cometidos no durante la dictadura de Franco, sino precisamente durante la transición. Por entonces, el funcionario disfrutaba de la incipiente democracia primero como ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, y luego como ministro de Gobernación bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

“En el período que medió entre julio de 1976 y el 15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos, siendo la regla la impunidad de sus autores”, resalta el primer documento.

Y añade: “La totalidad de los hechos a que se refieren estas denuncias se produjeron en el período en que Rodolfo Martín Villa, ya imputado en esta causa por la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, era Ministro de la Gobernación, cargo equivalente al de Ministro del Interior y, en virtud de ello, era el máximo responsable de las fuerzas represivas del Estado”. El escrito concluye que Martín Villa nunca fue indagado ni investigado por estos crímenes.

Los abogados argentinos reclaman además la detención internacional de los que eran en 1977 el gobernador civil de Guipúzcoa, el jefe de la Policía Armada en Pamplona, y quien ocupara la gobernatura civil de Vizcaya en 1977 y también en 1976. Además solicitan la detención internacional de tres antiguos guardias civiles (dos de ellos oficiales), dos miembros de la banda parapolicial ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad en Madrid en 1977.

En total, son una decena de nuevos pedidos de imputación, lo que podría derivar en el consiguiente exhorto de la jueza librando órdenes de captura internacional contra los acusados. Hasta el presente, todos los pedidos de extradición que ha solicitado la querella han sido concedidos por la magistrada.

La causa investiga los delitos perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, por lo que la querella refleja una vez más que también durante la transición se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Expectativa por que Servini viaje a España

En el segundo documento presentado a Servini, Slepoy y Castex solicitan a la jueza que viaje a España para tomar declaración indagatoria a las 17 personas ya imputadas por la magistrada en octubre de 2014.

Los representantes de las víctimas recuerdan que diez ellas, entre las que se encuentran los exministros Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, están acusadas de “delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por estos crímenes, constatan, “le corresponde a cada uno de ellos la pena de prisión perpetua”.

A otros seis imputados se les acusa del delito de torturas, penado con entre 8 y 25 años de cárcel. El médico Abelardo García Balaguer, por último, enfrenta entre 5 y 25 años de prisión por el delito de sustracción de un menor de 10 años.

A tal efecto, solicitan “se libre Comisión Rogatoria por vía diplomática a las autoridades españolas a fin de que por el Juez de la Audiencia Nacional de España que por turno corresponda, o en su defecto por parte del Juzgado que las mismas estimen competentes, se cite a los imputados (…) para prestar declaración indagatoria”.

Ello podría realizarse “bien en presencia de Ssª [su señoría], para lo que deberá ser notificada de dicha citación por las autoridades españolas con antelación suficiente para trasladarse a España a tal efecto, bien a través de videoconferencias”.

La relevancia de los escritos que ya tiene Servini de Cubría en sus manos fue destacada por Carlos Slepoy poco antes de encontrarse con la jueza. “Estos pedidos, junto con la condena al Gobierno español por parte de los Relatores de la ONU y de otros organismos como Amnistía Internacional, unida al proceso abierto en Soria para investigar los delitos de la dictadura, dan la pauta de que cada vez está más cerca la posibilidad de poner fin a la impunidad del franquismo”, celebró.


* Artículo aparecido el 10 de abril de 2015 en el diario español Público.

"El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo"

BUENOS AIRES.- Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional han respondido rápido a la reprimenda que el pasado viernes Naciones Unidas dio al Gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Este mismo lunes han manifestado su apoyo al organismo, aludiendo a futuras medidas que tomarán en breve y que pondrán a España en un brete aún más evidente.

Manuela Bergerot (CeAqua), Máximo Castex (abogado argentino), Ignacio Jovtis (Amnistía), Adriana Fernández, Inés García Holgado, Darío Rivas (querellantes originales de la causal), y Carlos Slepoy (encabezando la mesa) - ADP

Presentes en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires estaban los tres querellantes originales de la causa abierta en el país para investigar los crímenes franquistas –Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández–, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), la plataforma argentina de apoyo a la querella, Amnistía Internacional Argentina y España.

“Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente” adujo Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Nosotros hemos documentado cómo en realidad no investiga los estas causas. En España se han presentado 114.000 denuncias, la mayoría por desapariciones forzadas. Nosotros tuvimos acceso a esos expedientes, y pudimos corroborar que todos ellos, sin excepción, han sido archivados”.

El comunicado emitido por la ONU concluía que si España no iba a investigar los crímenes del franquismo, estaba obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

“Después de 5 años luchando en esta querella, pidiendo medidas y acompañando a las víctimas, sabíamos que España nunca indagaría estos crímenes y que pondría trabas a su investigación. Y ésta fue la constante en las respuestas que daba a las rogatorias de la jueza”, relató el abogado que desde Argentina impulsa la causa, Máximo Castex. “Que ahora cuatro organismos internacionales de derechos humanes dicten este comunicado nos posiciona en una nueva etapa en la que vamos a seguir insistiendo con las extradiciones y con las indagatorias”.

El letrado mencionó el último pedido librado por la magistrada para exhumar a una de las víctimas, Timoteo Mendieta, localizado en una fosa común en Guadalajara. Después de un año, una jueza de esa provincia que debía resolver el exhorto de Argentina rechazó la exhumación. “¿Qué le queda a la querella? Insistir. Y esta semana se nos ha confirmado que se ha librado un nuevo auto insistiendo en esta exhumación”, reveló Castex.

 
Cuestión de tiempo
Manuela Bergerot, representante de CeAQUA, recordó que el de Argentina es el único proceso judicial abierto en el mundo que está investigando el franquismo. La joven contó que la Coordinadora está inmersa en una campaña desde octubre de 2014, cuando Servini dictó el auto de detención preventiva para 20 imputados –tres de los cuales han fallecido recientemente. “Hemos viajado a Ginebra donde pudimos reunirnos con el relator de la ONU Pablo de Greiff, se nos recibió también en el Parlamento Europeo, donde fuimos a pedir apoyo, y por eso ahora hemos venido también a Buenos Aires, donde buscamos un compromiso incluso de fuerzas políticas”.

Uno de los principales referentes en la causa, el abogado Carlos Slepoy, confirmó que han pedido al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que eleve su protesta contra España por incumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por ambos países. “El Ejecutivo argentino debe protestar puesto que se trata de delitos de lesa humanidad: o se extradita, o se juzga, no se dejan con impunidad los crímenes de uno de los peores genocidios cometidos en el siglo XX, apoyado además por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Slepoy destacó la colaboración permanente del Consulado argentino en Madrid, adonde acuden personas de manera continua para declarar e incorporarse a la querella.

“Fue un hecho insólito que todos los partidos, menos el PP, firmaron en el Senado una resolución hace unos días para crear una comisión de la verdad. Hemos conseguido para la querella argentina el apoyo de más de 100 ayuntamientos y gobernaciones en España. Algunos se han planteado presentarse como querellantes”, indicó el abogado. “El fin de la impunidad es irreversible. Cuánto tiempo durará, no lo sabemos con exactitud. Sí hay fuerzas políticas – Podemos, Izquierda Unida y distintas fuerzas nacionalistas del País Vasco, entre otras organizaciones, que están en contra de la impunidad del franquismo. Tienen un peso importante. Como sucedió en Argentina, esto acelerará el proceso”.


Hablan los querellantes
“El Estado español está cada vez más cercado para obligarlo a cumplir el principio de justicia universal”, resaltó la querellante Inés García Holgado. Su compañera Adriana Fernández contó que tanto ellas como Darío Rivas se reunieron hace unos días por primera vez con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Fue la primera vez que pudimos contar lo que pasó con nuestros familiares ante un organismo internacional”, observó la mujer. “Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas. Al no hacerse cargo el Estado, los familiares también van muriendo. Yo supe hace seis años que mi abuelo había sido asesinado por la Falange. Como yo durante mucho tiempo, debe haber muchos casos que viven en el más profundo de los silencios”.

El querellante que inició la causa en Argentina, Darío Rivas, señaló por último que Franco todavía vive en España con sus leyes. “Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos”, alegó con sus 95 años. “Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y se le ocurrió hacer las leyes para regir el Estado después de muerto, poniendo de cabecilla a una corte con un rey corrupto. El actual Gobierno es representante del franquismo, así que la lucha es despareja”.


* Artículo aparecido el 30 de marzo de 2015 en el diario español Público.

"Pedimos que Argentina reclame al Gobierno español la extradición de represores franquistas"

Argentina sigue atenta la evolución de la causa abierta en el país para juzgar los crímenes del franquismo. Los representantes de las víctimas se han reunido este jueves con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno español, que rechazó el 13 de marzo la extradición de los 20 imputados franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.

En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. "España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo", expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.

Manuela Bergerot (CeAqua) y el abogad Carlos Slepoy, con simpatizantes de la querella, junto al Palacio de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

Fresneda también manifestó su contrariedad por que España obstaculice cualquier intento de averiguar lo que sucedió durante el franquismo. “No sirve tener inmensos mausoleos de la memoria que no provocan la discusión de las nuevas generaciones sobre lo que pasó en la historia. ¿Qué aprendizaje tiene la juventud española para decir 'nosotros somos garantes de la democracia' si le tapan todo? El mundo tendrá que hacerse cargo”, afirmó.

Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. "El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

El Gobierno español no sólo ha espantado cualquier tipo de cooperación, sino que en mayo de 2013 realizó una protesta formal ante el Ejecutivo argentino cuando estaban por producirse las primeras videoconferencias entre Servini y las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante el consulado argentino.

"El Tratado se hace cuando es necesario la colaboración judicial de un país con otro, no cuando las víctimas se presentan a declarar voluntariamente", objetó Slepoy. "Pero este precedente de protesta nos sirve, porque hoy planteamos que ha habido un incumplimiento muy serio precisamente de ese Tratado. Hay un artículo que establece que por razones de urgencia, y lo es en caso de delitos de lesa humanidad, se puede pedir la detención previa en el marco de un proceso de extradición, y por lo tanto, es obligación detener a esas personas y ponerlas a disposición judicial".

Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. "El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste", expresó el abogado.

Slepoy considera que la situación con el Gobierno español es muy similar a lo que sucedió en Argentina ante los pedidos de detención hechos desde España para juzgar a los responsables de su última dictadura (1976-1983).

"El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables", relató el letrado. "Su sucesor Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos".

No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables.

Los cambios en España también son paulatinos, pero visibles. Todos los partidos, menos el PP, firmaron este martes una resolución en el Senado para establecer una comisión de la verdad sobre el franquismo. Los organismos de derechos humanos en torno a la ONU insisten también con que España debe investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio.

Los cambios políticos que pueden producirse a corto plazo en España pueden provocar, por último, el final de una impunidad que comenzó a resquebrajarse hace casi cinco años, cuando los primeros querellantes de la causa presentaron sus denuncias ante la Justicia argentina.


* Artículo publicado el 27 de marzo de 2015 en el diario español Público.

Slepoy: "España da un bochornoso espectáculo de impunidad con la causa del franquismo"

BUENOS AIRES.- Los representantes de las víctimas del franquismo han difundido un comunicado de repudio a la decisión del Consejo de Ministros este viernes, que denegó la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina de ocho exministros franquistas y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad.

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

* Artículo aparecido el 14 de marzo de 2015 en el diario español Público.

Interpol reclama la detención de 19 dirigentes franquistas

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. 

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE

Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.

En la eterna espera

"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".

Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.

Procesos estirados en el tiempo

Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo.  

* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

"La clave es que en este proceso está vinculado el suegro de Gallardón"

Más de un año ha pasado desde que la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, emitiera su primera resolución en la que dictaba órdenes de detención internacional contra cuatro exfuncionarios franquistas. Dos de ellos habían fallecido, y la Audiencia Nacional terminó por rechazar el pedido de extradición de los otros dos, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Máximo Castex, junto al también representante de las víctimasante la Justicia argentina Ricardo Huñis, la abogada Ana Messuti y el querellante Darío Rivas, de fondo (A.D)

Desde el origen de la causa en 2010, la magistrada emitió cuatro exhortos, realizó videoconferencias desde Argentina para dialogar con víctimas del franquismo, e incluso viajó a España para conocer de primera mano los estragos que había hecho la dictadura española. El golpe de gracia llega con este segunda segunda resolución en la que imputa y pide la extradición de ocho exministros franquistas, dos antiguos jueces, ocho expolicías, un ginecólogo y un abogado.

Es la primera vez que la Justicia ordena la detención de altos cargos del Gobierno franquista. "Todas las imputaciones que pedía la Fiscalía y la querella han tenido buena acogida por parte de la jueza", explicó a Público Máximo Castex, abogado de las víctímas que elevó a la Justicia los pedidos de extradición. "Lo que me pone contento es la buena noticia que esto supone para las víctimas. Estoy pensando en Andoni Txasko Díaz [superviviente a la masacre de Vitoria], y Merçóna Puig Antich [hermana de Salvador, último ejecutado a garrote vil por la dictadura]".

La Justicia argentina debe esperar ahora a que su requerimiento tenga correlato en la Justicia española. "Tendremos que aguardar para ver qué ocurre con los jueces que intervengan en la Audiencia Nacional y las resoluciones que tomen al respecto. Pueden ordenar las detenciones de estas 20 personas, de algunas de ellas, o tomar medidas cautelares, que es otra manera que tienen los jueces para su citación", expuso Castex.

Esta última alternativa fue la que escogió el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2013, ante el pedido argentino de que se extraditara a Muñecas Aguilar y González Pacheco, acusados de torturas. Ruz los citó en su juzgado y les impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retención de su pasaporte y la concurrencia esporádica al juzgado. Meses después, la Audiencia Nacional terminó por rechazar su extradición.

"Ahora es distinto, porque hay que ver la repercusión que en el poder judicial español tendrán estas 20 imputaciones. Primero se verá qué dice el Consejo de Ministros y si gira los pedidos de extradición a la Audiencia Nacional, con la gran diferencia de que en este proceso está vinculado también José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón", reflexionó el abogado. "Aquí si habrá un cambio radical con respecto a los casos anteriores".

Si el Consejo de Ministros autoriza a que el caso sea resuelto por el poder judicial, habrá una primera etapa de instrucción que tramitará la Audiencia Nacional. Después de que el organismo tome contacto con los imputados y ordene posibles medidas o pruebas cautelares, se realizará una audiencia pública que estará a cargo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, integrada por tres jueces.
"Eso es independiente de las medidas de detención a través de la Interpol que ya ha cursado la jueza para estos 20 imputados", recordó el abogado argentino. "Y aunque España rechazara la extradición de Billy el Niño y Muñecas Aguilar, para la Justicia argentina siguen siendo imputados y sujetos a ser extraditados".

Diferencias de fondo

 

Los pedidos de detención contra los 20 franquistas establecen una nueva pauta en la trayectoria de la causa. "Es la primera vez que se imputa a ex ministros, además por hechos de conocimiento internacional. Personajes como Rodolfo Martín Villa y Utrera Molina, que son los más notorios entre esta veintena de imputados, van a potenciar la atención que se le dé al desenlace del pedido argentino. A diferencia de la vez pasada, que fueron dos imputados, ahora tenemos 20 procesos en futuro curso", resaltó Castex.

La querella pidió las primeras nueve imputaciones en marzo de 2013, de las que la jueza apoyó cuatro. En 2014, llegó la segunda solicitud para que Servini de Cubría extraditara a 15 franquistas más. "Después de que el fiscal presentara su dictamen a finales de octubre pidiendo la indagatoria de estos últimos, volvimos a reiterar nuestro pedido de que en la resolución de la jueza se incluyeran a los cinco exministros cuya imputación había quedado pendiente", añadió el abogado.

La otra diferencia con la primera resolución de la jueza es que en esta ocasión aparece mencionada la actuación de la Fiscalía. "Al dejar constancia de los pedidos de indagatoria del Ministerio Público Fiscal, lo que hizo Servini de Cubría fue reforzar y respaldar los reclamos de la querella. En su primera orden de extradición contra Muñecas Aguilar y González Pachecho, la jueza sólo mencionaba los aportes y las acusaciones de la querella, pero ahora nombra la actuación  y solicitud de la acusación pública, encabezada por el fiscal".

Para que los 20 imputados pasen a ser procesados, tienen que ser extraditados a Argentina a fin de realizarles la declaración indagatoria, pues la legislación argentina no permite el juzgamiento en ausencia. Entre tanto, la jueza podría pedir otras medidas ya solicitadas por la Fiscalía, como la exhumación de restos o la apertura de fosas comunes.

Pero lo más importante, a juicio de Castex, es ver cómo repercute esta noticia en la sociedad. "La clave es ver cómo reaccionan no sólo las víctimas, sino España entera. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos, a ocho exministros", resaltó el abogado.
"Creo que por un real convencimiento, llegará un momento en que la Justicia española, fiscales y jueces, dirán basta y tomarán intervención. Si para una Justicia extranjera esto queda claro, qué mejor que tome cartas la Justicia española para que haya una investigación real", razonó Castex. "Por eso es importante ver cómo reaccionará el conjunto del país, y qué postura adopta una dirigencia política que podría estar representada por Podemos. Éste es el objetivo general, y en este sentido, la resolución de la jueza va encaminada a lograrlo".


* Artículo aparecido el 03 de noviembre de 2014 en el diario español Público.