El motín policial empezó en una provincia, pero se extendió como pólvora por el resto del país. Territorio de nadie convertido en tierra de saqueos: 1.900 comercios asaltados en 14 provincias, hasta 11 muertos en ciudades bajo estado de sitio, negociaciones aceleradas y psicosis colectiva sobre nuevos levantamientos.
Ante el descontrol inicial que empezó a generalizarse, el Gobierno nacional enviaba de refuerzo miembros de Gendarmería y Prefectura casi con la misma velocidad con la que policías de nuevas provincias se encerraban en sus cuarteles y amenazaban con amotinarse si no eran escuchados sus reclamos salariales.
Nunca un acuartelamiento policial había tenido tanto alcance, ni un impacto de tanto calado. En la celebración de los 30 años de democracia del país, la presidenta Cristina Fernández denunciaba el pasado martes martes que si "algunas cosas pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas, no son por contagio, sino por planificación y ejecución quirúrgica".
León Arslanián es abogado, miembro del tribunal que en 1985 condenó a los mandos militares que lideraron la dictadura (1976-1983), y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso demográfico y económico.
"Hay una relación entre causa y efecto entre los paros policiales y los saqueos", afirma Arslanián a Público. La institución policial se rige por un sistema federal, de modo que cada provincia tiene cierta autonomía sobre sus fuerzas. "Tenemos un mosaico de policías en el país, y el denominador común de todas ellas es una crónica insuficiencia salarial. Se ha venido consintiendo cierto criterio de autoabastecimiento, con miradas complacientes sobre la explotación del juego y la prostitución. Y así se ha venido financiando".
La institución policial todavía tiene fresca en la memoria el papel represivo que adoptó durante la dictadura, cuando ella misma organizaba latrocinios, y las comisarías eran usadas como lugares clandestinos de detención. "Esto dejó una deriva grave en el comportamiento policial que la democracia, en tres décadas, no ha terminado todavía de revertir".
La policía argentina se organiza en torno a un modelo napoleónico, de fuerte verticalismo, con un poder concentrado y macrocefálico, al punto de que llega a gestionarse en una especie de autogobierno que se va independizando del poder político. "Hoy es una gran corporación que negocia con el gobernante de turno a través de su cúpula, que es un jefe policial, y pacta ciertas condiciones por las que garantiza la gobernabilidad", revela el ex ministro. "Como contraprestación, recibe cierto grado de complacencia a la hora de hacer negocios".
Arslanián es reconocido en Argentina como el primer político que se atrevió a llevar adelante una reforma de calado en la institución policial. Ante un cuerpo que en la provincia de Buenos Aires integran 55.000 miembros, aplicó una depuración de las fuerzas y una descentralización que llevó también a eliminar la figura de jefe. Su intento de someter el poder policial al mando político fue resistido, y tras su salida del Gobierno, revertido con el paso del tiempo.
"La policía ha estado atravesada por fenómenos de corrupción de distinta intensidad, lo que relaja el mando y termina por resquebrajar la obediencia", asiente el ex funcionario. "Eso determina que la policía pueda llegar a extremos como el de dejar abandonada la calle a su propia fuerza, y hasta puede estimular el saqueo con vistas a producir mayor estrépito y destaque en lo que significa su protesta y su reclamo, para obtener rápidas respuestas de la gente del poder".
No es de extrañar, por otra parte, que estas demandas se hagan presentes en esta época del año, cuando suelen venir acompañadas por algún pedido de bono extra.
El poder de la periferia
Hay algo en común que tienen las provincias sublevadas: todas ellas tienen suburbios empobrecidos alrededor de las grandes ciudades. "Da la coincidencia que los lugares donde las protestas tienen mayor intensidad son aquellas en las que hay un gran alrededor y una policía más significativa numéricamente", añade Arslanián. "Es aquí donde la policía tiene a su favor que la protesta se potencia frente a la acción de saqueo por parte de gente que vive en sectores destruidos o en condiciones precarias, que son los que protagonizan los episodios en términos generales".
Las soluciones que los gobernadores de cada provincia han pactado a toda prisa para las rebeliones policiales no garantizan tranquilidad a largo plazo, pues se han establecido aumentos de salarios que llegan a diferir entre sí un 50%. El Gobierno, entre tanto, ha dado asistencia a quien la ha pedido tratando de sofocar las situaciones de mayor peligro y violencia, sin incidir en otras iniciativas como lo sería un consejo de seguridad interior que elabore criterios para resolver estos casos, a juicio de Arslanián.
El ex camarista y funcionario propone a su vez la sindicalización de la policía, lo que abriría un cauce de atención y discusión sobre las demandas policiales. "Es un problema que el jefe policial tenga la interlocución gremial frente al poder político, porque él de ninguna manera es el interlocutor válido para transmitir demandas de abajo hacia arriba", razona. "Las demandas se quedan abajo y se horizontalizan, y el jefe no tiene actitud para negociar condiciones de trabajo, de salud, o remodelaciones sociales.
Este modelo en crisis que cruje determina un desbande y una ruptura del verticalismo entendido así".
Conciencia de transgresión
Fue en la ciudad de Córdoba (centro del país) en donde se desató el primer acuartelamiento policial entre el 3 y el 4 de diciembre. El festivo administrativo precipitado por el Gobierno confirmó lo que ya era una ciudad desierta, con grupos organizados y otros tantos improvisados que salieron a desvalijar lo que encontraran.
Una semana después, la misma policía ha detenido a unas 200 personas en 600 allanamientos. "Cuando se garantiza la impunidad, aflora lo peor de cada cual", afirma Arslanián. "Esto es favorecido por la circunstancia de una suerte de cultura del saqueo".
El interior del país arrastra un subdesarrollo que origina corrientes de migraciones internas atraídas por el magnetismo de las ciudades. El trabajo informal, del orden del 40 -50 %, según el ex ministro, prolifera. Y los procesos de urbanización terminan colapsando por la falta de suelo y vivienda. "Hay fenómenos de inequidad social que generan un grado de conflictividad y que terminan generalizándose. Esto coincide con una enorme oferta de bienes y un estímulo enorme de consumo que tiende a despertar necesidades en sectores significativos de la comunidad", apunta el abogado.
Si a ello se le suma un verticalismo en crisis, se entiende por qué los fenómenos de corrupción ponen en crisis la relación entre mando y obediencia. "Los saqueos durante la crisis de 2001 derivaron en un estallido social y en el fin del Gobierno de Fernando de la Rúa", finaliza Arslanián. "Por el mismo motivo por el que fue tuvimos una dictadura sangrienta y se consintió una ilegalidad sin parangón en el Cono Sur, acá no hay consciencia sobre la importancia del cumplimiento de la ley. Al contrario, hay una conciencia disidente sobre el respeto al orden jurídico, y por eso pagamos la consecuencias y los naturalizamos como fenómenos".
