En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada
María Servini de Cubría ha emitido una resolución por la que
dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil
Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real
Celso Galván Abascal, el ex comisario
José Ignacio Giralte González; y ex inspector
José Antonio González Pacheco,
alias Billy El Niño.
Es
decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes
del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios,
que deben ser extraditados "a efectos de recibir
declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse
específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención",
dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se
debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de
extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
La resolución, entonces,
será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa,
abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a
Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional
contra nueve responsables del régimen franquista:
tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia
Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos
ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora
han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido
proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que,
si existen indicios de criminalidad en una persona,
se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la
orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del
país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del
franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años.
El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.
Siguientes pasos
La jueza
recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco,
a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa.
Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás
alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan
Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante
la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la
II República, y que también lo acompañen varios concejales y alcaldes
de su partido.
Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N
A ello se le suma el creciente
apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la
resolución de apoyo del Congreso Nacional
a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha
declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes
del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de
Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura
porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de
aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de
condena al franquismo.
Hace unos días, se constituyó la Plataforma
Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a
la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es
el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con
lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de
Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy.
Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del
Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería,
Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas
videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo
no vuelvan suspenderse,
como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron
con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano
encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar
asegurado nuevos problemas.
Estado de la causa
Hasta ahora,
la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias.
En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había
investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en
qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan
sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el
plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños.
Varios
meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba
Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el
Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el
franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es
subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había
investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se
entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.
Los
abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos
los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los
testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido
archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos,
pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de
cuerpos, sin que hubiera una investigación penal.
La jueza reaccionó
inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo
la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a
contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, con Eduardo
Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini
de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas.
Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el
Tribunal Supremo.
La magistrada decidió entonces viajar a España,
pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar.
Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100
declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero
con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden
internacional de detención contra los primeros representantes del
franquismo,
la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.
La
única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los
crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La
Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia
universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los
crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma
los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de
1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al
menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen
que fueron sustraídos a las familias republicanas.
* Artículo aparecido el 17-09-2013 en el
diario español Público
