La Ley de Caducidad uruguaya, en el punto de mira

La Ley de Caducidad en Uruguay tiene los días contados. Al menos ése es el espíritu de algunos funcionarios judiciales en el país, que intentan desde hace tiempo declarar su inconstitucionalidad. La última tentativa proviene de una fiscal penal que ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dos solicitudes de excepción a la norma, la cual amnistía a todos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1973-1985).

La fiscal Ana María Tellechea ha pedido la exclusión de la ley para dos causas en las que se indagan 25 homicidios perpetrados cuando el ex dictador Juan María Bordaberry estaba al mando del régimen militar. En la primera se investiga el fusilamiento de cinco militantes tupamaros que fueron trasladados de forma clandestina de Argentina a Uruguay en 1974, y en la segunda se intenta esclarecer los asesinatos de 20 personas cometidos entre 1973 y 1976.

“La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley”, señala la fiscal Tellechea en los documentos presentados.

De acceder a la petición de la fiscal, no sería ésta la primera vez que el máximo órgano del Poder Judicial en Uruguay concede una excepción a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986. En octubre de 2009 la norma fue declarada inconstitucional para el caso de una joven comunista, Nibia Sabalsagaray, que fue asesinada en 1974.

Tellechea ha recogido algunos de los argumentos que se esgrimieron en esta causa para reforzar su solicitud. En el recurso que ha interpuesto cuestiona además tres artículos de la ley por entender que viola algunas disposiciones de la Constitución de la República, como el principio de la separación de poderes y el derecho de las víctimas a reclamar ante la Justicia por hechos cometidos contra sus familiares.

La fiscal también recuerda que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos uruguayos se negaron a derogar la ley a través de dos referendos en 1989 y en 2009, “ninguno” de los pronunciamientos populares puede otorgar valor a la norma.

Uruguay denunciado

Una alternativa que podría adelantar y sancionar definitivamente la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad podría promoverla el mismo Estado uruguayo, que desde el pasado enero tiene abierto un juicio en contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este proceso fue impulsado por el poeta argentino Juan Gelmán, que junto con su nieta denunció a Uruguay en mayo de 2006 por la desaparición de su nuera María Claudia García de Gelman en 1976. No se descarta que el Estado se declare culpable en el juicio y elimine la Ley de Caducidad para evitar una condena de la Corte.

"La Justicia está para investigar, independientemente de a quién le guste y a quién no"*

La situación que atraviesa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no ha pasado desapercibida en Argentina. Distintos magistrados del país se han mostrado sorprendidos de que el Tribunal Supremo de España considere una “prevaricación” la investigación de los crímenes del franquismo, y de que Garzón pueda ser inhabilitado por ello.

“Desde luego, si en algo destaca Garzón es por su actuación pública y por su relevancia internacional”, señala Abel Flaming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). “Para nosotros, el caso desarrollado en relación a Pinochet y al juzgamiento de crímenes durante la dictadura militar chilena es emblemático porque instala una idea de jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad”.

En Argentina existen en la actualidad 318 causas abiertas que investigan tanto los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) como los casos de apropiación de recién nacidos por parte de militares. “La idea que nosotros tenemos a rajatabla es que un juez no puede ser enjuiciado por el contenido de sus decisiones judiciales”, explica Fleming.

“Una actitud judicial errónea debe encontrar su solución dentro del curso del propio proceso, salvo que en ese yerro judicial se compruebe que un juez ha actuado con un propósito criminal”.

Pero no es el caso de Garzón. “La justicia como toda actividad humana puede cometer yerros. Pero los mecanismos para corregirlos están previstos dentro de los códigos procesales. No es lo oportuno que se corrijan enjuiciando al juez” añade el presidente de la FAM. “El magistrado tiene que actuar con libertad de conciencia, sin miedo a que pueda ser condenado o sancionado por el modo que entiende y analiza los casos”. Los únicos casos en los que se puede inhabilitar a un juez son “en caso de comisión de delito o mal desempeño reiterado o grave desconocimiento del derecho”, según la Federación.

Lo mismo opina Silvia Cavallo, fiscal y hermana del juez Gabriel Cavallo que en 2001 declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales absolvían de toda responsabilidad a los militares de la dictadura. “La justicia es independiente. No sé por qué debe molestar una investigación. La justicia está para investigar, independientemente de a quién le guste y a quién o no”, indicó Cavallo.

También ha manifestado su parecer la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones de los Derechos Humanos, encargada de evaluar todos los procesos judiciales que investigan los crímenes perpetrados durante la dictadura. “Probablemente, una de las cosas que más molesta a algunos es la propia coherencia de Baltasar Garzón. Es difícil no leer estas cosas en clave ideológica”, señalan el fiscal general Jorge Auat y el abogado Pablo Parenti, responsables de la Unidad. “Él puso el escalpelo en la parte más sensible del conservadurismo”.

La Unidad hace hincapié en el respaldo internacional y el prestigio del juez de la Audiencia Nacional que “no van a ser soslayados”. De acuerdo con Auat, “enfrentar situaciones como ésta es seguramente parte del derrotero en la lucha por los derechos humanos. De todos modos, los hechos históricos terminan como el secreto de las orejas del rey Midas”.

Quien todavía no ha podido pronunciarse en relación a Garzón es Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia y actual embajadora de Suiza en Argentina. “Sólo puedo decir que me contacté con Garzón dado que fui requerida para dar mi testimonio”, comentó del Ponte por teléfono. “Pero como ahora soy embajadora en Buenos Aires, necesito que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España haga la solicitud correspondiente al Gobierno suizo para que yo pueda dar testimonios. Ahora estoy en función ad hoc”.

* Artículo publicado en el diario digital español La República.

Argentina juzga a ocho ex represores de la dictadura

El juez federal Daniel Rafecas lo comparó con un campo de concentración del nazismo. “El Vesubio” es ahora sólo un terreno abandonado, pero entre abril de 1976 y septiembre de 1978 fue un centro clandestino de detención por donde pasaron, entre desaparecidos y sobrevivientes, más de 2.500 personas. Ayer por fin comenzó el juicio en el que serán juzgados ocho represores por delitos de lesa humanidad cometidos precisamente en aquel predio del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Buenos Aires.

Entre los acusados se encuentran tres coroneles retirados, Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y Pedro Durán Sáenz, que fueron los máximos responsables de “El Vesubio”. Los otros cinco que deben rendir cuentas ante la Justicia son ex agentes penitenciarios que estuvieron a cargo de la custodia y los interrogatorios bajo tortura de los detenidos. Todos están imputados por la privación ilegal de libertad y por tormentos a 156 personas, en su mayoría desaparecidas, y por el delito de homicidio agravado de 16 personas.

Entre las víctimas de “El Vesubio” se encuentran el escritor Haroldo Conti, célebre dentro de la literatura argentina por novelas como “Alrededor de la jaula”, “En la vida” o “Mascaró, el cazador americano”; el historietista Héctor Oesterheld, creador del cómic “El Eternauta”; y el director de cine Raymundo Gleyzer, reconocido por sus documentales de denuncia y sobre todo por su único largometraje de ficción, “Los Traidores”.

Este juicio forma parte de una causa más grande que investiga las violaciones de derechos humanos perpetradas en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura (1976-1983). Desfilarán durante el proceso más de 280 testigos, entre ellos 75 sobrevivientes que estuvieron detenidos en “El Vesubio”.

Aquel recinto fue demolido en 1978 tras una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sus dos años de funcionamiento fueron suficientes para considerarlo uno de los centros clandestinos de detención y tortura más cruentos del país, junto con los que funcionaron en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Campo de Mayo.

En la actualidad hay en curso otros seis juicios que investigan delitos de lesa humanidad. Está previsto que comiencen otros cinco más antes de julio de 2010. Desde que se anularan en 2003 leyes de Obediencia Debida y Punto final, conocidas también como las leyes de la impunidad, 73 personas han sido juzgadas, según la Unidad fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas que investigan crímenes de lesa humanidad. De ellas, 66 han sido condenadas y 7 absueltas.

Considerado como una política de Estado, los procesos abiertos contra ex militares que participaron en el régimen de represión han ido en aumento cada año. Las causas judiciales que se abrieron en 2009, por ejemplo, triplican las que se impulsaron en 2008. No obstante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calcula en 1.422 las personas implicadas en crímenes de lesa humanidad, algunas de las cuales han muerto impunes.

Se estima que durante la dictadura argentina desaparecieron 18.000 personas, aunque organizaciones de derechos humanos consideran que las víctimas fueron al menos 30.000.

Argentina halla el nieto 101 robado durante la dictadura*

A sus 32 años, él es el primero en reconocer que ha vuelto a nacer. Francisco Madariaga Quintela es el nieto número 101 encontrado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, y es también hijo de Abel Madariaga, su verdadero progenitor, que comenzó a buscarlo cuando terminó la última dictadura argentina (1976-1983). Se conocieron la semana pasada, y desde entonces están siempre juntos. “No pudieron”, musitó Francisco a su padre cuando se abrazaron por primera vez.

El último hijo de desaparecidos encontrado por Abuelas vivía hasta ahora con otro nombre. La supuesta madre de Francisco, Inés Susana Colombo, terminó por confesar que él en realidad había nacido en uno de los regímenes militares más conocidos en Argentina, Campo de Mayo. Los dos se acercaron entonces a la asociación para comenzar la búsqueda.

Colombo contó que su ex marido, Víctor Alejandro Gallo, era oficial de Inteligencia del Ejército Argentino durante la dictadura, y que un día de 1977 le reveló que un niño había sido abandonado en el hospital militar de Campo de Mayo. Ella decidió que lo mejor era adoptarlo. Pero la verdad era otra. Francisco había nacido en cautiverio, y después fue sustraído por Gallo. Su ex mujer reconoció a Abuelas que cuando llegó el bebé a su casa, el 10 de julio de 1977, todavía tenía el cordón umbilical.

Susana Colombo ha sido detenida el pasado jueves después de que Francisco decidiera abrir un proceso judicial contra sus apropiadores, como así llaman los hijos de desaparecidos a sus padres adoptivos. Francisco declaró durante el proceso que Colombo que en realidad siempre había sabido era hijo de una mujer asesinada durante la represión militar. Esta semana ha sido rechazado un pedido de excarcelación a favor de la mujer, que está bajo tratamiento psicológico.

El ex oficial Gallo también ha sido arrestado. Es accionista de una empresa de seguridad y ya ha sido sentenciado a diez años de prisión por robo con armas. También se le ha vinculado en el asesinato de una familia, caso conocido como la “Masacre de Benavidez”. Sobre él pesa además otra condena por haber infligido lesiones a su esposa antes de su separación, hace diez años.

Dudas

Francisco precisamente desconfiaba de aquella familia con la que no había ningún parecido físico, y en donde las agresiones físicas y psicológicas eran algo habitual. “Viví como un fantasma, con un vacío inexplicable, con mucha violencia y maltratos. Era raro sentir que tu propia familia no te dejaba avanzar y no te ayudaba en nada” relató Francisco en una conferencia de prensa esta semana. “Ha sido una historia oscura”.

Por ello decidió presentarse en Abuelas el pasado 3 de febrero. Hoy por fin sabe quiénes son sus verdaderos padres. Ambos fueron militantes de la guerrilla Montoneros durante la dictadura. Su madre, Silvia Quintela, fue secuestrada en una provincia de Buenos Aires el 17 de enero de 1977, cuando tenía 28 años y estaba embarazada de cuatro meses. No se supo más de ella.

Su padre, en cambio, sobrevivió y se exilió primero en Suecia y luego en México. Cuando terminó la represión militar, Abel Madariaga regresó a Argentina y se integró en la organización Abuelas para encontrar a su hijo. Fue coordinador de diversos equipos técnicos, hasta que pasó a ser el secretario de la institución. “Nunca dejé de pensar que lo iba a encontrar” afirma hoy Abel Madariaga, “porque cada nieto que aparece es como un hijo mío”.

“¿Qué se siente al tener un hijo desaparecido?” La pregunta la formula al lado de su hijo, y él mismo se responde. “Es como tener un agujero en el alma. Y el alma está completamente curada, y revienta de alegría”.

Niños apropiados

Son hijos de desaparecidos. Los bebés eran sustraídos por los militares después de que sus madres dieran a luz en los centros clandestinos de detención.

Abuelas de Plaza de Mayo

Es una organización que trata de localizar a todos los niños secuestrados con el apoyo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

Búsqueda

Las indagaciones pasan por tres fases: una investigativa (examen de la documentación existente), otra jurídica (asesoramiento) y otra genética (se realizan análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos).

Encontrados

Hasta ahora han sido localizados 101 hijos de desaparecidos. Se calcula que existen otros 400 que todavía no saben cuál es su verdadera identidad.

* Artículo aparecido el 25-02-2010 en el diario español Público.

“Si un juez comprueba que el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad, el Estado está en la obligación de investigar” *

El juez federal Daniel Rafecas tiene a su cargo una de las causas más importantes que investiga sobre el terrorismo de Estado cometido durante la última dictadura argentina (1976-1983). La causa es conocida como “Primer Cuerpo” del Ejército, que se refiere así a la jurisdicción militar más grande que funcionó durante la represión. Desde hace seis años Rafecas trabaja en esta instrucción que tiene miles de víctimas y en la que centenares de represores han sido procesados. Desde Buenos Aires contesta sobre la situación que atraviesa el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

• ¿Qué opinión tiene de las dos causas abiertas en el Tribunal Supremo de España contra Garzón?

• Nosotros llevamos adelante el tipo de investigaciones que realiza nuestro colega de la Audiencia Nacional, y vemos con cierta perplejidad lo que está sucediendo con Garzón. De él tenemos un gran respeto por su labor durante estas dos décadas, dado que ha consolidado un camino de lucha por la verdad y la justicia en nuestros países.

• ¿Por ejemplo?

• El aporte que hizo en 1998 sobre el terrorismo de Estado en Argentina fue un eslabón importante en la cadena de sucesos que permitieron remover todos los obstáculos para llevar adelante el proceso que se vive en Argentina en estos momentos.

• ¿Puede ser considerada como prevaricadora la actuación deGarzón en el caso actual, tal como opina el Tribunal Supremo (TS)?

• Lo que ha hecho es decir que no pueden oponerse obstáculos jurídicos frente a crímenes de lesa humanidad. Por eso es muy endeble formular una acusación contra un juez que lo que ha hecho es explicar el derecho internacional como fuente inobjetable de su actuación.

• ¿A qué responde entonces la acusación del Tribunal Supremo contra el juez?

• Desde luego, esa acusación dista de ser encuadrada en una figura o en una infracción. Y mucho menos en un delito penal.

• ¿Por qué querrían entonces inhabilitarlo?

• Quienes lo acusan están perdiendo de vista que la vigencia de ciertas normas de derecho internacional está por encima a la legislación interna de cada uno de nuestros países. En todo caso, existen diversas instancias y un Tribunal Supremo que revisan lo que hacen jueces interiores. Pero otra cosa es entrar en el terreno de las acusaciones y de la posible comisión de un delito por lo que ha decidido un juez aplicando las convenciones y el derecho internacional, al cual, por cierto, todos nuestros países son tributarios.

• ¿Cómo se interpreta el auto del Tribunal Supremo desde Argentina?

• Se trata de un reproche basado en que el juez habría pasado por encima de la legislación vigente de los últimos 60 años en España respecto al sistema. Pero leyes de este tipo son incompatibles con normas de carácter internacional que obligan a nuestros países a remover todos los obstáculos allí cuando se trate de crímenes de lesa humanidad. Si un juez decide, por prueba que tiene en sus investigaciones, que el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad, el Estado está en la obligación de investigar.

• El Tribunal Supremo no habla de crímenes de lesa humanidad, sino de delitos políticos.

• Ahí está la discusión. Pero lo que está en tela de juicio es que la decisión que ha tomado el juez Garzón de considerar los crímenes de lesa humanidad es difícilmente atacable.

• ¿Cómo se puede abrir entonces una causa para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en España?

• Uno se persona ante Poder judicial, invoca las convenciones internacionales y el derecho internacional que consagra la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes, y prueba las características de los crímenes de lesa humanidad, que son cometidos desde el Estado,en forma masiva y sistemática contra un sector de la población.

• ¿Y cuando se dan estas características?

• Estamos ante crímenes de lesa humanidad que no pueden ser amnistiados.

• ¿Cuál ha sido su experiencia en Argentina?

• Yo pertenezco a una generación de jueces que estamos participando en una política de Estado con investigaciones, detenciones y juicios contra los represores que actuaron en la última dictadura militar. En Argentina hay plena coincidencia entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de impulsar este proceso. Aquí también hubo leyes de impunidad y también indultos, pero después fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.

• ¿Por qué Argentina ha sido capaz de llevar ante la Justicia a los responsables del terrorismo de Estado y en España no lo ha hecho?

• Aquí nos ha costado mucho llegar a este momento. El caso de Argentina es muy sangriento, con desapariciones forzadas de a miles, técnicas muy siniestras de exterminio y con muchos represores vivos cruzándose en la calle con las víctimas. Estaba en juego la consolidación democrática. Para nosotros es una cosa de vida o muerte.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 14-02-2010.

Argentina abre el archivo de la dictadura*

La presidenta argentina, Cristina Fernández, emitió ayer un decreto por el que ordena desclasificar los documentos que detallan las acciones de los militares durante la última dictadura (1976-1983). Esta medida responde a una petición de un juez federal, emitida en septiembre de 2009, que estudia los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella época.

El dictamen presidencial, publicado ayer en el boletín oficial del Estado, exceptúa cualquier tipo de información "relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur". Es decir, que el decreto no será aplicado a toda la documentación que tenga relación con la guerra de las Malvinas, el enfrentamiento armado de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

La presidenta argentina ha respondido así a una solicitud de un juez federal de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno adoptó esta medida después de que el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, apodado el ángel de la muerte, y que está siendo procesado junto a 18 ex militares, se amparara en el secreto de Estado para no revelar información sobre la desaparición de dos monjas francesas en 1977.

La resolución de Fernández refuerza otro decreto presidencial, firmado en enero de 2007 por su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, que eximía a militares, policías, agentes de seguridad y de inteligencia, ya estuvieran en activo o retirados, de ampararse en el secreto de Estado cuando tuvieran que declarar ante un tribunal en las causas judiciales relacionadas con la dictadura.

* Artículo aparecido en Público el 07-01-2010 en el diario español Público

Un niño robado en 1980 recupera su identidad*

Hasta que el pasado viernes un juez no ordenó la restitución de su verdadera identidad, Jorge Guillermo Martínez Aranda vivió con otro nombre, otra nacionalidad y otra fecha de nacimiento. Una vida que no le pertenecía.

Éste es el primer caso de un menor que nació en el extranjero y que tras ser apropiado por los militares en la última dictadura argentina (1976-1983) fue anotado en este país como si fuera una persona distinta.

Sus padres, que pertenecieron a la guerrilla Montoneros, fueron un argentino y una mexicana. Se exiliaron en España en 1979, tras una breve estadía en México, y al poco tiempo ella dio a luz. El recién nacido fue inscrito en la embajada mexicana de Madrid con fecha de nacimiento del 31 de julio de 1979.

La pareja regresó a Argentina con su hijo entre abril y julio del año siguiente para participar en la llamada “contraofensiva” que organizaron los montoneros para derrotar a la Junta Militar. Según algunas denuncias que se recogen en la causa, el matrimonio fue secuestrado en un operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército en la provincia de Mendoza. El bebé fue sustraído por un un sargento de apellido Tejada que pudo haber participado en aquella operación, mientras que los progenitores fueron asesinados.

La restitución de la identidad de Martínez Aranda responde a una demanda presentada en abril de 2002 por su hermanastro Emilio Goya (hijo del padre Francisco Goya). El juez federal Ariel Lijo ordenó por fin este viernes anular del Registro Civil su inscripción como Carlos Albert Tejada, y dispuso que su nacionalidad era mexicana como le corresponde por vía materna. Aunque nació en Madrid, “en España la nacionalidad se transmite por la sangre”, de acuerdo con el magistrado.

En este proceso se actuó por allanamiento, medida por el que el juez acude al domicilio de la persona cuya identidad está puesta en duda y obtiene objetos de su uso personal para el posterior examen de ADN. “Por primera vez no se citó previamente al investigado, en este caso Martínez Aranda, para no ponerlo en la disyuntiva de si quería analizarse o no”, comenta a Público Alan Iud, abogado de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo que fue parte querellante junto a Emilio Goya.

Iud confirmó que los apropiadores que sustrajeron la identidad del joven mexicano están actualmente procesados. “Esta causa fue enviada a juicio oral el mismo viernes”, aclara el letrado. “Aquí la Justicia actúa de oficio porque Martínez Aranda no se ha presentado como querellante”.


Buscando a los desaparecidos


- El 30 de julio de 2008 se confirmó que Jorge Guillermo Martínez Aranda era hijo de desaparecidos, según indica el abogado Alan Iúd. Más de un año después fue restituida su identidad.
- Martínez Aranda es el nieto número 92 presentado por la organización Abuelas de Plaza de Mayo. En total han sido recuperados 98. El último se dio a conocer en noviembre de este año.
- Organizaciones de derechos humanos estiman que unos 500 nietos fueron apropiados por los militares, y que más de 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura

* Artículo aparecido el 20-12-2009 en el diario español Público

Argentina juzga por fin al 'ángel de la muerte'*

Conocido como el ángel de la muerte o el ángel rubio, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz comenzó a ser juzgado ayer en Argentina por los crímenes perpetrados en la Escuela Mecánica Superior de la Armada (ESMA) durante la última dictadura (1976-1983). Junto a otros 18 militares, Astiz está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 víctimas, entre ellas las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y el escritor Rodolfo Walsh.

Astiz debe su sobrenombre al aspecto cándido y de aire ingenuo del que se sirvió para hacerse pasar por el hermano de un desaparecido y así infiltrarse dentro de la asociación de las Madres.

De aquí deriva el llamado caso de la Iglesia Santa Cruz, por el que ahora se le juzga. Se cuenta que entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, Astiz besó a las puertas de aquel templo, punto de encuentro de activistas de derechos humanos, a quienes horas después serían secuestrados y asesinados por el Grupo de Tareas 332, del que él formaba parte.

Entre otros activistas, estaban las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, y las tres fundadoras de la organización de las Madres: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce Horas. Las marcó con un beso para que sus compañeros del GT332 las identificaran. Más tarde se supo que las monjas francesas habían sido víctimas de los vuelos de la muerte, es decir, fueron arrojadas vivas al mar.

Italia también le reclama

Aquel ángel que daba besos de la muerte acabó siendo juzgado en ausencia por la Justicia francesa y condenado a cadena perpetua. Italia también le reclama por la desaparición de tres de sus ciudadanos: Angela Maria Aieta de Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada cuando fue enviada al centro de detención de la ESMA. Una vez dio a luz en la maternidad clandestina, los militares se apropiaron del recién nacido. Suecia también tiene procesado a Astiz por la desaparición de una joven de ese país.

La ESMA es, junto con Campo de Mayo, el centro clandestino de detención más importante que funcionó durante la última dictadura militar. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas. Un día antes de que comenzara el juicio, Astiz rechazó la defensa de su abogado y amigo personal Juan María Aberg Cobo, que le iba a representar.

"Se juzga a los subalternos"

El letrado ha sido el primer sorprendido. "Durante el tiempo en que le representé, solicitamos que se le juzgara de acuerdo a la ley vigente en el momento de los hechos que se le imputan, porque le están aplicando una ley retroactivamente más gravosa", djio Aberg a Público el mismo día que conocía su despido. "[Astiz] no aceptará la jurisdicción de los tribunales que le juzgan, porque primero tendrían que hacerlo los militares".

"Los responsables de las órdenes son los que deben asumir las consecuencias y en este proceso se juzga sólo a los subalternos", se quejó. El abogado no niega que la Junta Militar haya cometido crímenes y reconoce que él mismo tiene un familiar desaparecido. "Pero Astiz era sólo miembro de una fuerzas que intervinieron en un conflicto armado", añadió Aberg. "Y no hay un solo testimonio en las 70.000 hojas de la causa que diga que él torturó. Se habla siempre de oídas". Astiz cumple prisión desde 2003 en una cárcel a 40 kilómetros de Buenos Aires.

Los 19 ex miembros de la Armada argentina que han sido inculpados en el juicio apenas simbolizan una mínima parte de los que operaron en la ESMA, y que la Justicia calcula en más de 250. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, unas 30.000 personas desaparecieron y unos 500 hijos de desaparecidos fueron robados y arrebatados durante la dictadura.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 12 de diciembre de 2009

Argentina juzga su último dictador*

“Sí, acá estoy, hijo de puta”. Después de tres días de juicio, sólo uno de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en el juicio del regimiento Campo de Mayo se dignó a abrir la boca. El ex general Fernando Verplaetsen, que según su defensor “no comprende preguntas y no recuerda nada de la época”, reaccionó de esta manera cuando la acusación se refirió a él y dijo que podía prestar perfectemente la atención a lo que pasaba en la sala. “Hijo de puta”, le repitió el militar de 84 años a un abogado de la querella. “La puta que te parió”.

No están tan sueltos de palabra el resto de los inculpados en un proceso que por primera vez sienta en el banquillo a un ex presidente de facto desde que se anularan en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Su nombre es Reynaldo Benito Bignone, y está acusado de secuestrar, torturar y asesinar a 56 personas entre 1976 y 1978 en el cuartel militar Campo de Mayo, el mayor lugar de torturas y exterminio que funcionó por aquellos años. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas. Los que sobrevivieron no pasan de 50.

Por eso el proceso judicial que comenzó el pasado lunes (día 2) tiene especial importancia. “Se trata de uno de los juicios mas esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos”, ha señalado el ministro de Justicia, Julio Alak. Junto a Bignone, y además de Verplaetsen, que además fue el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, son imputados a su vez otros cinco militares retirados y un ex comisario.

Pabellones del horror

La escasez de testigos que pudieran dar cuenta de lo que sucedió en la jurisdicción de Campo de Mayo fue uno de los principales obstáculos que se encontraron para comenzar con el pleito. Aunque esta instalación no se ha hecho tan famosa como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un campamento de torturas ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, no le queda atrás en lo que a brutalidad y ensañamiento se refiere.

Aquel predio que trató de pasar desapercibido en las afueras de la capital emprendió uno de los más cruentos planes de aniquilación de toda la dictadura. Funcionó de 1976 a 1980, y quien estuvo al mando gran parte de ese tiempo fue el ex general Santiago Omar Riveros. Él es uno de los procesados en esta causa y ya ha sido condenado a cadena perpetua, en agosto pasado, por el homicidio en 1976 del militante político Floreal Avellaneda en lo que fue el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo.

Allí funcionaron, de 1976 a 1980, al menos cuatro centros de tortura y muerte. También existía un hospital que sirvió como maternidad clandestina destinada a las prisioneras embarazadas. Una vez daban a luz (muchas veces tras un parto provocado) les quitaban a los recién nacidos, que eran entregados a aquellos militares que no podían tener hijos con sus parejas.

Bignone ante la Justicia

El ex general Bignone fue colocado en el poder por los militares después de que perdieran ante Reino Unido en su lucha por las Islas Malvinas. Durante su periodo como presidente de facto (1982-1983), y antes de que los últimos coletazos de la dictadura cedieran a la transición democrática, Bignone ordenó la destrucción de archivos que comprometían al régimen que él por entonces personificaba.

Al poco de ceder el poder a Raúl Alfonsín (1983-1989), que fue el primer presidente elegido democráticamente en las urnas, Bignone fue declarado culpable de los crímenes de Campo de Mayo. Se salvó porque su sucesor implantó las leyes del perdón para proteger a los representantes de la represión. Ahora el ex dictador, de 81 años, se enfrenta de nuevo a los tribunales por terrorismo de Estado.

Se han identificado 98 nietos que la dictadura arrebató a detenidas

En la parte querellante del proceso judicial contra Bignone y los otros represores se encuentran representadas las Abuelas de Plaza de Mayo, que durante 32 años han persistido en la búsqueda de hijos de personas desaparecidas y que están presentes en este juicio dado que entre las víctimas se encuentran seis mujeres embarazadas y sus parejas. En estos días, además de celebrar el comienzo del juicio de Campo de Mayo, festejan también la identificación del nieto número 98, llamado Martín Amarilla Morfino.

Su caso es peculiar porque sus familiares biológicos ni siquiera sabían hasta hace unos días que la madre, Marcela Morfino, estaba embarazada antes de ser secuestrada. “Es una alegría, una fiesta”, declaró a Público la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Es como el nacimiento de un chico robado durante la dictadura”, manifestó.

Pero el camino, como ella mismo confiesa, es largo. “Todavía estamos buscando a 400 chicos”, reconocía a este periódico. “Algunos procesos están estancados porque no hay datos para aportar, pero hay otros que están moviéndose”. El final que se espera, en cualquier caso, siempre es el mismo: rescatar la identidad de aquellos que nacieron en una de las épocas más sombrías de la historia argentina. Así hacen honor a las palabras que una vez pronunció el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, las mismas que las Abuelas se encargan de recordar todavía hoy: “Creían que nos mataban, y nos estaban sembrando”.

"En Campo de Mayo no dejaron casi testigos"

Entrevista al abogado Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio

¿Cuál es la relevancia de este proceso?

Es altísima. Por primera vez Mignone, que fue el ultimo presidente de la dictadura, está ahora imputado por crímenes de lesa humanidad, y junto a él, toda la cúpula responsable del lugar clandestino de detención más grande del país.

Entonces ¿están satisfechos?

Nos hubiera gustado que fueran procesados también los que ejecutaron las órdenes. La Justicia no fue eficaz en identificar y llevar a juicio a quienes estaban en las salas de torturas. Con la cantidad tan grande de víctimas que hubo no pueden ser responsables sólo unos cuantos militares.

¿Tendrán lugar otros juicios?

Sí, pero no existe todavía una identificación de los autores directos de los crímenes. Se prevén otros juicios con los mismos imputados.

¿Por qué es tan famoso como campo de concentración la ESMA (La Escuela de Mecánica de la Armada) y no tanto el Campo de Mayo?

La ESMA es mas conocida porque simbólicamente es el centro en el cual hay más sobrevivientes. Por otra parte, impacta mucho que este campo militar estuviera ubicado en la ciudad de Buenos Aires, tan cerca de por donde la gente pasaba todos los días. En cambio el Campo de Mayo está situado en la provincia, a bastantes kilómetros de la capital.

¿Cuántos gente salió viva del Campo de Mayo?

No se sabe exactamente. Por allí pasaron muchos detenidos en distintas circunstancias. Pero lo que se conoce de El Campito, el principal centro clandestino dentro del predio de Campo de Mayo, es que los supervivientes no llegaron a 15.

¿Por qué la imputación de Bignone ha causado tanto revuelo?

Fue el hombre que seleccionaron los militares para ser el personaje de transición, y se lo eligió porque parecía desvinculado de lo más sanguinario de la dictadura. Ya se está viendo que no es así.

* Artículo para el diario español Público (domingo 8 de noviembre de 2009)

Madres

El 30 de abril fue el 32º aniversario de las Madres de la Plaza de Mayo. El 30 de abril, como cada jueves desde 1977, las Madres se reunieron frente al palacio de Gobierno argentino, la Casa Rosada, para reclamar la vida de las 30.000 personas que desaparecieron durante la dictadura. Son 30.000 hijos que reclaman para sí todas las madres.

Las desapariciones no comenzaron con la implantación de la dictadura en 1976. Los primeros casos datan de 1973, 1974 y 1975, cuando la organización paramilitar conocida como la triple A (la Alianza Anticomunista Argentina) surgió para aniquilar el ala izquierda del movimiento peronista. Creada por el secretario privado de Perón, José López Rega, la triple A vio morir a los pocos meses al presidente de Argentina, quien dejaba un país convulsionado en manos de su tercera mujer, Isabel. López Rega, sin que la viuda de Perón pudiera encarar el mando, dio aún más poder a la triple A, que acabó personalizando un terrorismo de Estado previo al que se consolidó en la dictadura. La Alianza atentó no sólo contra guerrillas urbanas como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sino que optó por los asesinatos selectivos contra cualquier tipo de disidencia política o social.

Fue entonces cuando algunas madres comenzaron a encontrarse en ministerios y en cuarteles de policía, preguntando, buscando a los primeros desaparecidos. Con el golpe de Estado de Videla, que daría paso a siete años de un despotismo genocida (1976-1983), los perseguidos aumentaron, y las matanzas también. Las Madres se vieron obligadas a disimular sus encuentros, porque la represión pasaron a sufrirla en carne propia. Muchas fueron encarceladas, torturadas, desaparecidas. Con la dictadura no se jugaba, y ellas comenzaban a ser visibles en el extranjero, a ser atendidas e invitadas a otros países para formular en voz alta la súplica que la saña de aquellos años no pudo acallar: querían recuperar a sus hijos con vida.

Aquellas reuniones de cada jueves pasaron a ser sustituidas por otras esporádicas en donde trataban de reconocerse, de reencontrarse, de organizarse para no dejarse vencer por el miedo. Y cuando podían volvían a la plaza. “Aquí no se viene a llorar”, decían cuando se incorporaba una nueva madre. “Aquí se viene a luchar”. Apretaban los dientes, y seguían desafiando a un sistema criminal que no acababa de vencerlas.

El pañuelo blanco en la cabeza pasó a identificarlas. Un emblema níveo que reemplazó lo que en realidad utilizaron por primera vez para reconocerse como Madres: un pañal, como tantos otros recuerdos que muchas conservaban, el pañal de sus hijos como el símbolo que las uniría bajo un mismo pedido de ayuda.

Y por fin crearon la Asociación de las Madres. Esta institución ha pasado a ser el instrumento social por el que realizan una labor inspirada en los hijos. “Nosotras estamos enamoradas de ustedes”, les dicen. Todos los proyectos que realizan siguen la estela que ellos dejaron. Una universidad, una radio, un centro cultural y proyectos sociales como Compartiendo Sueños (plan de construcción de viviendas por medio de la contratación de personas excluidas del sistema) o como el CEMOP (Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Obras Públicas) han nacido gracias a ellos, porque sus hijos han sido la razón que hoy alienta su trabajo. En su nombre impulsan el cambio social, político y humano que ellos buscaban y que los militares trataron de impedir. Así los honran. Así las madres son el medio a través del cual sus hijos se expresan. Por eso, dicen, ellos han vencido a la muerte.

En una cosa son muy firmes. Las madres no luchan por sus propios vástagos, sino que cada una ha adoptado como propios los desaparecidos de las demás, de modo que ahora son madres de 30.000 hijos. Siguen reclamando su aparición con vida, y no admitirían los cuerpos ni ninguna compensación económica. Sería un modo de decir que están muertos, y ellas insisten en que están más vivos que nunca, vivos en su quehacer diario que a ellos se debe. “Nosotras estamos embarazadas de su ejemplo, de su entrega, de su generosidad, embarazadas para siempre”, afirman.

La dictadura militar acabó por desplomarse, pero las Madres todavía se reúnen, y siguen representando la transformación social de la que es testigo su obra. Cada jueves podrán ser encontradas en la Plaza de Mayo, aunque con el paso del tiempo el grupo compacto que era en antaño vaya aclarándose, con madres que ya son ancianas y otras que no podrán volver. Pero no es un motivo de desaliento. Saben que son representadas por el resto, que cada semana tiene una cita para gritar en nombre de todas las madres que sus hijos existen y existirán de por vida.