María
Servini tiene la intención de realizar la audiencia indagatoria del
exministro franquista el próximo 20 de marzo en la Embajada
argentina de Madrid.
La
jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo, María
Servini, envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de
su país para que averigüe si España autorizará la declaración
indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa,
imputado en su causa por delitos de lesa humanidad, el próximo 20 de
marzo en la Embajada argentina en Madrid.
En
el documento, la magistrada apremió a la dirección de Asistencia
Jurídica Internacional de la Cancillería argentina a fin de que
“arbitre los medios necesarios para que se obtenga una respuesta
definitiva y concluyente de las autoridades españolas”.
La titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital
argentina recordó en su escrito, fechado el 27 de febrero, “la
proximidad de la fecha dispuesta” para interrogar a Martín Villa.
Aunque
la fecha del interrogatorio había sido programada por la jueza el
pasado 4 de diciembre, la única respuesta que recibió Servini hasta
el momento fue una nota fechada el 20 de enero del entonces director
de Asistencia Jurídica de la Cancillería argentina, Conrado Izura.
En ese documento, el funcionario argentino atribuía el siguiente
comentario a las autoridades del Ministerio de Justicia de España:
“Nos han adelantado que el requerimiento no podrá ser diligenciado
en los términos en los que actualmente se encuentra librado”,
puesto que el “medio idóneo para efectivizar la medida no es un
oficio judicial sino que corresponde canalizar dicho requerimiento a
través de una solicitud de asistencia internacional (exhorto
internacional)”.
El
Ministerio de Justicia español transmitió por entonces que no
había remitido ninguna información oficial hasta el momento,
y negó haber obstaculizado el viaje previsto por la jueza. Fuentes
de la cartera que dirige Juan Carlos Campo explicaron este jueves a
Público que apenas
son un canal de transmisión entre
las comunicaciones de la Cancillería argentina y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España, sin más intervenciones. La
vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, también
aseguró que el Ejecutivo no había puesto problemas en ningún
momento para que Servini pudiera interrogar a Martín Villa.
Inquietud de la querella
“Hay
preocupación en los abogados de la querella por que estas
vicisitudes de tipo formal frustren una vez más un acto procesal de
tamaña envergadura para la causa, máxime cuando la propia
vicepresidenta del Gobierno español ha manifestado públicamente y
ante el Congreso de Diputados que no hay ningún obstáculo por parte
de su Gobierno para que se realice la indagatoria de Martín Villa
ante la jueza Servini”, señaló en diálogo con este diario
Julieta Bandirali como integrante del equipo jurídico que se
incorporó en 2017 a la causa.
Este
malestar es compartido por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la
Querella Argentina (Ceaqua),
que representa a víctimas y familiares del franquismo. “A día de
hoy, el Gobierno de España no ha respondido oficialmente a la jueza
Servini en el sentido en el que se han manifestado diferentes
miembros del mismo”, advirtió este jueves en un comunicado.
Esta actitud, que representa “la obstaculización constante y
sistemática por parte de las autoridades españolas de la
tramitación de la denominada 'querella argentina'”, resulta
inaceptable por vulnerar los principios del derecho internacional y
por ocasionar “un profundo desamparo y desprotección a
todas
aquellas personas que sufrieron graves violaciones de dichos derechos
durante la dictadura franquista”, añadió la entidad.
Dilación permanente
El
juzgado de Servini ha perdido la cuenta de la cantidad de exhortos
que han sido rechazados, diferidos o dejados sin efecto por la
justicia o el Gobierno español. Sucedió desde el nacimiento de la
investigación, el 14 de octubre de 2010, cuando Servini se dirigió
por vía diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
para averiguar si se estaban investigando en España los crímenes
del franquismo.
La
Fiscalía General del Estado tardó
casi un año en contestar. En un documento sin firma, el
organismo informó el 28 de junio de 2011 que se habían tramitado
diversos casos. Su réplica fue objetada por la querella de la causa,
por el exjuez Baltasar Garzón y por organismos como Amnistía
Internacional, que recordaron que en España no se han investigado
jamás los delitos de la dictadura.
La
falta de colaboración de algunas autoridades españolas ha sido
constante desde entonces. La Fiscalía y la Audiencia nacional se
opusieron en 2014 a la extradición de cuatro agentes de seguridad
del régimen acusados de torturas, entre ellos el
expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.
Ese
mismo año, el Estado español ignoró la orden internacional de
detención dictada por la jueza contra 20 imputados en el
expediente, de los cuales ya fallecieron cinco.
En
2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para
interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José
Utrera Molina, quien falleció al año siguiente sin que nunca
llegara a rendir cuenta de las acusaciones en su contra. Meses
después, la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo
Madrigal reveló sus cartas al ordenar a las fiscalías provinciales
que suspendieran la declaración de los querellantes que habían sido
citados en diversos juzgados españoles en virtud de la petición de
Servini. La instrucción de la exfiscal general todavía no ha sido
anulada.
Martín
Villa está acusado en Argentina del "homicidio con la
circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso
premeditado de dos o más personas", un crimen que puede
acarrear prisión perpetua.
En
las querellas individuales que se
incorporaron con posterioridad al caso se le imputan además los
delitos de privación ilegítima
de la libertad, torturas y lesiones graves. Todos estos delitos
pueden investigarse por el principio de justicia universal
reconocido en el derecho internacional y en la propia
Constitución de Argentina que permite que cualquier país pueda
investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de quiénes
sean sus víctimas o dónde se perpetraron los delitos.
* Artículo aparecido en el diario español Público.
