Más de 9.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos,166 personas asesinadas, 4.000 personas encarceladas y torturadas. El ex presidente hondureño Manuel Zelaya denuncia con números, desde su exilio en República Dominicana, el infierno en el que se ha convertido su país desde el golpe de Estado que lo depuso el 28 de junio de 2009. El actual Gobierno de Porfirio Lobo, que según Zelaya se aupó al poder con una abstención superior al 70 por ciento en las elecciones del pasado noviembre, intenta ahora ganarse la legitimidad que no le dieron las urnas entre los organismos internacionales. El ex presidente acudió a Buenos Aires, en donde participó en el Foro de Sáo Paulo, para denunciar la situación de su país.
¿Qué análisis hace del golpe de Estado más de un año después de que ocurriera?
—No se hubiera dado si no se hubieran metido intereses internacionales extranjeros como el Comando Sur y las transnacionales de Estados Unidos.
—¿Qué constancia tiene de que Estados Unidos estuvo al tanto?
—Es muy amplio el término de Estados Unidos. Hablamos del Comando Sur, que está ligado a los militares, y hablamos del grupo de los halcones de Washington, que tienen mucha relación con empresarios y miembros de la oligarquía hondureña. El golpe de Estado fue una conspiración en ese campo, y el Departamento de Estado estaba informado.
—Pero, ¿tiene pruebas?
—Es una deducción lógica, son parte de sus círculos de poder. Todas las decisiones que ha tomado el régimen desde que dio el golpe de Estado han servido para favorecer a los estadounidenses. Han sido ellos los beneficiados.
—¿Por qué considera que hay transnacionales involucradas en el golpe?
—Porque nuestro Gobierno tomó medidas para quitarles los privilegios que tenían. Y ahora el Ejecutivo de Porfirio Lobo se las ha devuelto.
—¿Cómo recuerda el Pacto de San José, que pretendía llegar a un acuerdo con los que usurparon el poder?
—Fue una iniciativa que culminó en un acuerdo, el cual no se cumplió porque Estados Unidos lo violentó al decir que se podían celebrar elecciones sin mi vuelta a Honduras.
—¿Por qué al final decidió firmar el Pacto?
—Porque en principio era correcto, se hablaba de mi restitución.
—Pero se negociaba con la otra parte, que eran golpistas.
—Claro, pero podían rectificar. El asunto es que, cuando ya habíamos firmado, Estados Unidos dijo que ya no era necesario hacer elecciones con mi presencia. Violó el Pacto porque había que formar un Gobierno de reconciliación nacional, y nunca se hizo.
—¿Usted se arrepiente de algo de lo que hizo? ¿Hubiera cambiado algo?
—No tenía otra posibilidad que lo que hice. Era un camino trillado, que seguíamos como proceso, pero no era necesariamente el mecanismo idóneo. No existía otra manera para buscar el diálogo, la otra parte estaba en armas. La otra opción era provocar una agresión militar, pero yo no estaba de acuerdo. Como pacifista, yo sólo podía promover el diálogo.
—¿Por qué al principio consideraba que en ningún caso se debía negociar con golpistas, y luego cambió de opinión?
—Mira, es como que te secuestren un hijo. ¿Vas a negociar con los secuestradores o le vas a decir que lo maten? A mí me secuestraron todo un pueblo con las armas. ¿Qué te queda? Agarrar las armas o ir a una mesa de negociación. El hecho de negociar con golpistas, o con secuestradores, es un fracaso, porque estás a expensas de su voluntad. Pero si no lo haces, te matan a tu hijo.
—¿Qué le hizo reconsiderar su postura?
—Yo dije que negociar con golpistas era casi imposible. Pero ante la realidad, ¿qué te queda? Lo que te planteo es la realidad, no la teorizo. Lo que han hecho muchos presidentes cuando han sido derrocados es quedarse en silencio. Yo no. Voy a todos los foros internacionales de todos los países, y a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la ONU. A mí me hablaron 24 horas después del golpe, y me dijeron: "Zelaya, qué quieres, dónde quieres que mandemos a tu familia, dónde te mandamos dinero, qué puesto quieres ocupar". Todo eso me lo propusieron mientras yo no les hiciera la vida imposible. No accedí, porque no acepto ese asalto.
—¿Cómo está Honduras con el Gobierno de Porifirio Lobo?
—Ésta es la continuidad del sistema golpista porque él ratificó como ministros a todos los que intervinieron en el golpe, incluso a los militares.
—¿Qué hizo Porfirio Lobo durante el golpe de Estado?
—Su bancada apoyó el golpe, su partido también, y sus principales amigos también. Él nunca se manifestó a favor del golpe, pero su entorno sí.
—¿Qué ha sido en cambio del promotor del golpe, Roberto Micheletti?
—Es senador vitalicio. Tiene inmunidad y protección. Tiene todos los privilegios.
—¿Qué ha ocurrido con el Partido Liberal, el que fuera su fuerza política?
—El partido está herido en profundidad porque la mitad participó en el golpe de Estado. Tiene una gran incisión. La otra mitad se opuso al golpe de Estado, me acompañó, y no apoyó las elecciones.
—¿Y qué es ahora de esta otra mitad?
—Están en resistencia, luchando contra su mismo partido, que se unió al golpe de Estado.
—¿Cómo está el Frente de Resistencia de Honduras, del que usted es coordinador?
—Tiene mucha fuerza moral y política, mucha movilización. Está ahora en un proceso de estructuración.
—¿Qué objetivo tiene?
—Sacar la oligarquía del poder y crear un Gobierno popular.
—¿Cómo?
—Luchando con estructuras pacíficas.
—¿Y qué fuerza tiene el Frente para que el Gobierno de Lobo se sienta obligado a considerar sus exigencias?
—Los militares tienen un campo. Pero las fuerzas de la moral vencen cualquier tipo de situación. Gobernar un país que está insatisfecho, inconforme y con problemas en su desarrollo económico y social, es difícil de contener. El gobernante de turno tiene al final que llegar un acuerdo.
—¿Cómo es el sistema judicial de su país?
—Debe ser reformado, depurado, y se debe separar a los que participaron en el golpe.
—¿Hay miembros independientes dentro del poder judicial?
—El que levanta la voz es destituido.
—Como por ejemplo la fundadora de la Asociación de Jueces por la Democracia, Tirza Flores, que ha sido removida de su cargo por promover un recurso de amparo constitucional para que usted pudiera regresar a Honduras.
—Ella es una magistrada que fue sustituida por denunciar las violaciones a los derechos humanos y por la falta de Justicia que hay ahora.
—En específico ella denunció la existencia de escuadrones de la muerte y de centros de torturas que contaban con el apoyo de la inteligencia israelí. ¿Tiene conocimiento de eso?
—Los grupos paramilitares son auspiciados por gente que es parte de las mismas autoridades políticas del país. No conozco en específico de conexiones internacionales.
—¿El Frente sabe en concreto de cuántos grupos paramilitares hay, quiénes son, y dónde están?
—Hay información al respecto, pero es reservada para no crear más problemas a las personas que los tienen.
—Todos los países centroamericanos –salvo Nicaragua– apoyan la entrada de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y lo mismo ocurre con Chile, Colombia, Perú, que respaldan el ingreso de Honduras a la OEA. ¿Cómo lo juzga?
—Son presiones de Estados Unidos, entendiendo por tal a los intereses económicos, comerciales, políticos, militares y mediáticos que hay allí.
—¿Cuál sería la solución perfecta a todo esto?
—Que la injerencia de Estados Unidos deje de afectar al país para que nosotros podamos proponer un acuerdo. Mientras los golpistas estén apoyados por Estados Unidos, es casi una labor titánica querer cambiar algo.
—¿Aceptaría, en base a un acuerdo sobre la Asamblea Constituyente, que el Gobierno de Lobo siguiera en el poder?
—Ésa es una hipótesis, no podemos preveerla. Somos políticos y actuamos en base a lo que nos pasa ahora. Estamos luchando ahora para un propósito, y eso será un tema de discusión si hubiera alguna propuesta que considerara una Asamblea Constituyente. Si ésta pudiera realizarse, se desencadenaría un proceso político y electoral, en el cual se eligen diputados para una Asamblea.
—¿Cómo piensa volver a Honduras?
—Primero me tienen que quitar la orden de captura.
—¿Hay alguna posibilidad?
—Tiene que haberla.
—¿Está negociando al respecto?
—No, ésta es una posición política, que sostiene que para cumplir muchos de los requisitos a nivel internacional, se tiene que quitar esa orden que es ilegal y que no tiene ningún sustento.
—¿Qué apoyo tiene ahora de la comunidad internacional?—La OEA ya mostró su respaldo en una resolución del pasado 30 de julio. El SICA se dividió, y la Unión Europea, por interés comerciales –que se concretaron en mayo en la Cumbre de América Latina y la Unión Europea celebrada en Madrid–, se olvidó del golpe de Estado.
* Entrevista publicada por la revista semanal El Siglo
