Ultraderechista Milei pone en jaque los consensos democráticos de Argentina

No hay pauta, dogma, paradigma o política de Estado que no esté bajo discusión pública hoy en Argentina desde que los puso en solfa el candidato a la presidencia Javier Milei, cuyo partido, La Libertad Avanza (ultraderecha), parte con ventaja para las elecciones generales del 22 de octubre.

 

La batalla ideológica que ha emprendido este economista parece avizorar una derrota tan hiriente como simbólica, en este 2023 que justo celebra su 40º aniversario: la de la propia democracia, aquella con la que "no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura", según proclamó en su discurso de asunción el primer presidente elegido por el voto popular tras la última dictadura (1976-1983), Raúl Alfonsín (1983-1989).

Con sus diferentes rostros a lo largo de este tiempo, la izquierda o los movimientos progresistas han sido incapaces de revalorizar el Estado de derecho, las garantías civiles y los derechos políticos. La degradación de las condiciones de vida ha sido paulatina pero inexorable, con una pobreza que ronda el 40 por ciento y una inflación ascendente que en el último año supera los tres dígitos.

"Hay una separación cada vez mayor entre representantes políticos progresistas y la sociedad a la que representan, ante la dificultad para comprender y transformar problemas de diagnóstico y práctica política de los propios progresismos", sostiene en una entrevista con la Agencia Sputnik el doctor en Ciencias Sociales Daniel Feierstein, profesor universitario e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Con el comienzo del siglo XXI, gran parte de la izquierda se diluyó en el kirchnerismo, cuyas respuestas dejaron de ser satisfactorias a la luz del viraje que dio la sociedad cuando se volcó hacia Mauricio Macri (2015-2019). El expresidente conservador malgastó su crédito político y la última oportunidad la tuvo el actual mandatario peronista, Alberto Fernández, con la exmandataria como vicepresidenta.

PROGRESISMO CONSERVADOR

Este escenario plantea una batalla cultural latente desde hace más de una década que aprovecha los vacíos o contradicciones de los planteos progresistas, como "su carácter actualmente conservador, la minimización del daño que produce el delito común y su romantización, las esencializaciones identitarias y las "políticas de minorías", la dificultad para comprender la importancia del esfuerzo y el mérito y su estigmatización bajo la referencia burlona a la meritocracia", enumera Feierstein.

"Instalar una cultura cancelatoria que plantea todas las respuestas por anticipado, hasta en los modos en que tenemos que hablar, ha sido un grave atentado al pensamiento crítico y le ha regalado ese carácter crítico a las nuevas derechas", sentencia el sociólogo.

Por otra parte, pese a que la movilización social ha sido determinante en la política argentina, la pérdida de autonomía de entidades sociales y políticas, sean sindicatos, movimientos de derechos humanos, organizaciones de desocupados o barriales, "ha quitado potencia a las formas de organización del campo popular, reduciéndolas muchas veces a líneas internas partidarias", asume el investigador.

Visto así, la izquierda se ha alejado de las grandes mayorías para contentarse con una política para minorías, mientras los movimientos progresistas mutan "en fábricas de corrección política, por la articulación de los progresismos con los consensos neoliberales surgidos a partir del fin de la Guerra Fría", afirma Feierstein.

Ni siquiera ha podido capitalizar el descontento general la expresión más izquierdista que ofrece el menú partidista, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U). Este espacio se ve arrastrado por parte de los problemas que lastran al progresismo y que lo alienan de las grandes mayorías, "como la especialización identitaria, el apoyo a falsos igualitarismos y el desprecio o minimización de los efectos del delito común en barrios populares", incide el sociólogo.

"Por otra parte, creo que hay una alienación vinculada al lenguaje y planteos que se corresponden con realidades de principios o mediados del siglo XX y que no se han logrado actualizar a la estructura social, las formas subjetivas y los tipos de comunicación del siglo XXI, lo que dificulta la interpelación y la capacidad de escucha a sus propias propuestas", completa.

PASO LIBRE

Ante un progresismo cada vez más anquilosado, Milei se ha apropiado del discurso del cambio y el futuro. No hay propuesta incendiaria que le esmerile apoyos. Ni su plan "motosierra" (reducir al Estado a su mínima expresión), ni su renuncia a la soberanía monetaria (con su proyecto de dolarización), ni siquiera su propuesta de habilitar la compraventa libre de órganos, o su ambigüedad respecto a la mercantilización de niños. Marca la agenda informativa: apunta sobre cualquier asunto y recoge después las mieles, las reacciones escandalizadas a su discurso rupturista.

Visto que los progresismos apenas se han preocupado de mantener el orden vigente, "de plantear la continuidad (a lo sumo emparchada apenas) de los mismos modelos de opresión que han generado un crecimiento espectacular de la desigualdad en todo el mundo, la destrucción de los derechos de los más desfavorecidos y una movilidad social descendente, se vuelve casi lógico que la rebeldía o la voluntad de transformación terminan siendo apropiadas por las nuevas derechas radicales", ilustra Feierstein.

Con su decisión de equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura con las de las organizaciones guerrilleras que actuaron en los años 70, la diputada y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, ha puesto en jaque las políticas de memoria y justicia que fueron uno de los pilares de la democracia argentina y que han permitido que desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006 fueran condenados 1.159 genocidas.

La falta de crítica interna y las formas vacías de corrección política en el seno de las corrientes progresistas permitió la sedimentación de "visiones del pasado que no tuvieron el dinamismo para interpelar a nuevas generaciones y que, poniendo algunos temas debajo de la alfombra (el rol de la insurgencia armada y su crítica o la participación de parte del movimiento de derechos humanos) abrieron flancos para el avance de posturas negacionistas o incluso reivindicadoras de las visiones de los genocidas", incide Feierstein.

Con Milei como presidente, Argentina también puede cambiar de óptica respecto a su reclamo soberano sobre las australes Islas Malvinas, consagrado en la Constitución, ante la consideración de que los derechos de los isleños deben ser respetados, según sostuvo esta semana la economista Diana Mondino, que sería la eventual ministra de Relaciones Exteriores en su eventual Gobierno.

"Todo esto ha avanzado tanto como para poner en cuestión muchos de los consensos logrados a partir del fin de la dictadura (1976-1983), sean los límites en la confrontación política o el respeto a la vida del otro", concluye el sociólogo argentino.

Un nuevo consenso de época se está gestando, y Milei tiene un influjo creciente sobre esas páginas que Argentina está por trazar de su propio porvenir.

 

* Artículo publicado el 13 de septiembre en la Agencia Sputnik.

Hundimiento del General Belgrano fue un hecho de guerra, afirma exjefe del Ejército argentino

El ataque del submarino nuclear británico Conqueror que hizo naufragar el crucero argentino General Belgrano y acabó con la vida de 323 soldados argentinos constituyó un hecho de guerra pero no un crimen, afirmó en una entrevista exclusiva el exjefe del Ejército Martín Balza.

 
 “Sin lugar a dudas es un hecho de guerra, aunque algunos lo hayan calificado como crimen de guerra”, señaló el general retirado.

El crucero de la Armada argentina, que “era el buque más importante que tenía nuestra flota”, estaba fuera de la zona de exclusión que de manera unilateral había demarcado Reino Unido, por lo que se situaba en aguas internacionales cuando fue atacado, indicó Balza.

“El crucero tenía proa hacia el continente, de modo que no era una amenaza para la flota británica”, sostuvo.

El general retirado hizo alusión a un almirante inglés, Tim Mc Lement, que aseguró que durante el conflicto hubo cuatro submarinos nucleares británicos.

La primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) “no podía desconocer la ubicación del submarino Conqueror y hacia dónde se dirigía, porque en ese momento la flota de mar argentina, los barcos de superficie, ni siquiera le disputaban la supremacía marítima al adversario”, reflexionó el exjefe del Ejército.

A partir del hundimiento del General Belgrano, “las negociaciones que todavía estaban en marcha se cancelaron, y se agudizó lo que yo creo que la Sra Thatcher deseaba: tenía una alicaída gestión y esta guerra la potenció en su accionar político”.

En cualquier caso, el Estado argentino nunca reclamó ante la comunidad internacional que el bombardeo del crucero de la Armada argentina fuera un crimen de guerra.

“Crimen de guerra es considerado aquello que se aparta de los usos y hechos de la guerra, como cuando durante en la II Guerra Mundial, submarinos alemanes atacaron buques mercantes argentinos que no estaba participando en las operaciones”, ejemplificó.

Familiares de soldados argentinos que murieron durante el ataque al General Belgrano denunciaron a Thatcher ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2000, pero los jueces desestimaron el caso.

“La actitud de los familiares es comprensible, han tenido seres queridos, pero otra cosa es la posición de los distintos Gobiernos, y desde el regreso de la democracia en 1983, ninguno ha ido a ningún tribunal internacional por este caso”, recordó Balza.

Tras reiterar sus respeto por “todos los combatientes británicos y argentinos” que participaron en el conflicto bélico, Balza aseguró que “la guerra no solucionó nada”.

“Argentina seguirá reclamando en los foros internacionales algo que es  
incuestionablemente argentino, y nunca más va a recurrir a la violencia”, finalizó. 

VIOLACIONES DURANTE LA GUERRA

El militar retirado, que era teniente general cuando fue enviado al archipiélago como jefe del Grupo de Artillería 3, negó que durante la Guerra de Malvinas el Ejército hubiese cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus soldados.

Una causa judicial en la provincia de Tierra del Fuego (sur) abierta en 2007 investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de 95 exmilitares que habrían torturado durante el conflicto bélico a soldados conscriptos que estaban bajo su mando.

Tras escuchar a 120 víctimas, el juez responsable del caso, Federico Calvete, ordenó en diciembre pasado la declaración indagatoria de 18 exjefes militares acusados de realizar estaqueamientos y vejámenes contra sus subordinados, quienes en plena batalla fueron enterrados en el suelo o imposibilitados de correr, según los testimonios.

“Le respondo por mi unidad y por otras de las que tuve conocimiento: no me consta ningún trato que hubiese podido afectar la disciplina militar, ni supe de la comisión de un delito tan agravante”, afirmó el exjefe del Ejército.

El general retirado admitió la gravedad de que un superior hubiese abusado de su autoridad contra un soldado durante el conflicto en el Atántico Sur.

“He sido jefe del Ejército más de ocho años, desde fines de 19991 hasta fin del siglo pasado, y nunca recibí una denuncia de ese tipo”, señaló no obstante.
En la zona de combate “había 14.000 hombres argentinos, y en toda guerra pueden ocurrir actos delictivos, pero es inadmisible que fueran cometido por oficiales o suboficiales”, sostuvo.

Balza no descartó “que de forma puntual y aislada” hubiesen podido ocurrir violaciones a la disciplina militar, lo que constituye un delito.
“Esos casos tendrían que haber sido sancionados con todo el rigor que corresponde en ese momento o inmediatamente después del conflicto”, consideró.

De hecho, “no sé por qué se demoraron en hacer las denuncias más de 25 años después, pero no niego que no se hayan cometido hechos puntuales que en ese caso debían haber sido juzgados por el Código de Justicia Militar”, añadió.
Balza relató que tomó conocimiento de las acusaciones cuando trascendieron como noticia en los medios de comunicación hace una década, cuando ya había dejado el mando del Ejército.

“Ahora esas denuncias se están tramitando en la jurisdicción federal, que es la que corresponde”, señaló.

El 25 de abril de 1995, Balza apareció en todos los televisores argentinos para pedir perdón en nombre del Ejército por los delitos de lesa humanidad que cometió su fuerza durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

“El mensaje que pronuncié que tuvo una gran trascendencia nacional e internacional, no porque fuera sólo una postura personal, lo cual aisladamente no habría tenido ningún valor, sino porque fue un mensaje institucional del Ejército argentino hacia la sociedad”, recordó. 

Entidades de derechos humanos estiman que en aquellos años unas 30.000 personas fueron detenidas-desaparecidas y al menos 500 nietos fueron sustraídos a sus padres y entregados a cómplices del terrorismo de Estado. 

GUERRA DE MALVINAS (parte 2 de la entrevista)

La tentativa de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) de recuperar las ocupadas Islas Malvinas (sur) por la fuerza en una guerra contra Reino Unido constituyó el más flagrante error de valoración que cometió el país en toda su historia, continuó el exjefe del Ejército.

El general retirado, que participó en la guerra como jefe del Grupo de Artillería 3, se declaró “consciente desde el momento en llegué a las islas, y quizás desde antes, de que el intento de recuperar Mavinas por la fuerza constituyó el más notable error de apreciación política, diplomática y militar de mi país”.
El conflicto bélico no fue previsto de antemano, “por lo menos en mi país", puntualizó Balza.

“Nuestra diplomacia y nuestro Gobierno militar en aquel entonces, que surgió producto de un golpe de Estado cívico-militar en 1976, no evaluaron las históricas relaciones de EEUU con Reino Unido ni los compromisos que tenía Donald Reagan (presidente de EEUU entre 1981 y 1989) y la señora Thatcher (primera ministra británica entre 1979 y 1990) desde antes de acceder ambos al Gobierno”, explicó.


En todo caso, la causa Malvinas es un sentimiento expresado y recogido en la Constitución nacional, recordó.

Quien fuera máximo responsable del Ejército argentino entre 1991 y 1999 aclaró que la soberanía argentina sobre el archipiélago se asienta en razones históricas, “porque eran parte del Virreinato de La Plata desde 1810”; geográficas, “porque hacen a la integridad territorial con la plataforma submarina”, y jurídicas “porque sus habitantes argentinos en 1833, fecha de la usurpación británica, fueron expulsados por los ingleses”.

No obstante, “un militar cumple su función cuando gana la paz y no cuando gana y hace la guerra, por eso la forma de la recuperar Malvinas no es la violencia, sino el diálogo serio, maduro y respetuoso entre nuestros países”, sostuvo.

RELATO DE UNA GUERRA

Balza se desempeñaba como jefe del Grupo de Artillería 3 cuando fue enviado a Malvinas “a esa guerra absurda, jamás pensada en mi país” a cargo de un contingente que no superaba los 400 hombres.

El entonces teniente coronel también debía coordinar los fuegos de otras unidades de artillería, en concreto la del Grupo de Artillería 4 y la de una batería (subunidad) de artillería del Batallón de Infantería 5, además de supervisar las salidas de los aviones argentinos para evitar que la trayectoria o un disparo alcanzase las aeronaves.

“Se combatió intensamente en este conflicto tuvo una particularidad, y es que fue el único en el que ambos adversarios, argentinos y británicos, respetamos los usos y leyes de la guerra y el derecho internacional humanitario, también conocido como la convención de Ginebra”, según reconoció el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra.

Esa guerra “donde se respetó la dignidad del adversario” duró 44 días.

El conflicto comenzó a partir del 1 de mayo, cuando un bombardero británico, un Vulcan, atacó el aeropuerto de Puerto Argentino y cercó por vía aérea y marítima la capital de Malvinas.

El 23 de ese mes los soldados británicos desembarcaron en el archipiélago. Los enfrentamientos se trasladaron durante dos días y medio a Pradera de Ganso, a 90 km de Puerto Argentino, antes de que los militares avanzaran hacia esa ciudad, cuya toma comenzó el 8 de junio y culminó el 14 de junio a mediodía.

IMPERATIVO HUMANO


La Guerra de Malvinas fue una pequeña guerra insular, denominada por otros como una pequeña gran guerra, que en cualquier caso se convirtió “en la primera de la era misilística”, resumió el exjefe del Ejército.

Balza reconoció que al margen del ámbito geográfico donde se desarrolló el conflicto, de los soldados que participaron, del comportamiento de los adversarios, y de la población afectada, que en este caso no fue ninguna, “las secuelas y traumas son similares a todas las guerras”.

Por eso “la gran conclusión de alguien que conoció la guerra es que evitarla sea un imperativo humanitario, político y económico”, conminó el militar retirado.

Sin embargo, “basta prender el televisor para ver que aún continuamos en el mundo renunciando a las escasas pretensiones de la humanidad, pues son decenas de conflictos los que hay en el mundo queriendo resolver los problemas por medio del flagelo de la guerra”, lamentó.

Casi 1.000 muertos dejó el conflicto bélico que comenzó la Junta Militar argentina del general Leopoldo Galtieri (1981-1982) contra Reino Unido.
Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999).


* Entrevista publicada el 2 de mayo de 2019 en la agencia de noticias Sputnik

Argentina vuelve a llenar las calles en el 42 aniversario del golpe de Estado

Asistieron a la manifestación Pablo Iglesias, que acompañó a Madres de Plaza de Mayo en esta masiva concentración, y otros cuatro dirigentes de Podemos: Noelia Vera, Miguel Urbán, Rafael Mayoral y Pablo Bustinduy.
 

Miembros de la Ejecutiva de podemos durante la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires (A.D.P)

Es una estampa que se repite cada año, pero no por ello pierde emoción. Lo vivieron en carne propia cinco integrantes de la Ejecutiva de Podemos, incluido su líder, Pablo Iglesias. Centenares de miles de personas se movilizaron este sábado en el centro de la capital argentina para recordar a los 30.000 detenidos-desaparecidos que causó la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

“Es muy emocionante estar en Argentina, un pueblo que ha sabido dar una lección a nivel mundial de lo que representa la lucha por la memoria histórica y la memoria democrática”, admitía el secretario general de Podemos antes de sumarse a la columna de Madres de Plaza de Mayo. “Marchar con ellas es el mayor honor que puede recibir un demócrata”.

Junto a las entidades de derechos humanos, Iglesias confluyó en la histórica Plaza de Mayo a la que asoma la sede del Gobierno y que cuatro décadas antes, en pleno terrorismo de Estado, visitaban cada jueves unas mujeres para reclamar a la junta militar por sus hijos desaparecidos.

“Ojalá en nuestro país se pudieran sentar en el banquillo y tuvieran un juicio justo los responsables de torturas y de desapariciones”, reflexionaba el líder de Podemos antes de apreciar, desde el escenario situado en la plaza, la inmensa muchedumbre que 42 años después del golpe de Estado sigue exigiendo verdad, justicia y reparación.

En medio de la multitud, observaba su alrededor el diputado Rafael Mayoral. “Es una marcha espectacular”, describió a Público el responsable de Sociedad Civil y Movimientos Sociales. “Es un ejemplo para el mundo el compromiso de un pueblo contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos”.

Noelia Vera: "Siento un poco de envidia sana y bonita por ver esta movilización de jóvenes y mayores"

“Siento un poco de envidia, sana y bonita, por ver esta movilización de jóvenes y mayores. Estoy alucinando con esa transversalidad de generaciones”, reconocía también la diputada Noelia Vera, secretaria de Participación Ciudadana.

La dirigente de Podemos, que vivió ocho meses en Buenos Aires, asume todavía con cierta rabia la historia sobre el franquismo que le dieron a conocer en el colegio. “Me doy cuenta de que nos han contado la historia al revés de lo que ha sido, mientras seguimos en España en una situación de bloqueo con los partidos mayoritarios en relación a la memoria y las consecuencias de la dictadura”, afirmó.

Manifestación en la Plaza de Mayo de Buenos Aires por la memoria y la justicia (A.D.P)

Diferencias entre Argentina y España

Mientras la justicia argentina tramita 599 causas en las que en total son investigadas 2.485 personas por delitos de lesa humanidad, en España el PSOE, el PP y Ciudadanos votaron esta semana contra la modificación de la Ley de Amnistía de 1977 para juzgar los crímenes imprescriptibles del franquismo, pese a las recomendaciones de Naciones Unidas.

“Por eso es simbólico estar aquí, con un pueblo que ha podido juzgar a sus criminales, que se ha movilizado para ello, y que ha demostrado que no es un problema de abrir viejas heridas, sino justamente de poder cerrarlas”, expresó por su parte el eurodiputado Miguel Urbán.

Precisamente por el principio de justicia universal, Argentina es también el único país del mundo que investiga desde hace ocho años los crímenes franquistas, lo que la convierte “en un modelo de inspiración”, sostuvo Urbán.

Reunión con la jueza Servini

Algunos dirigentes de Podemos se reunirán este lunes con la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa.

“Lo que queremos es que la querella siga adelante, pero sobre todo, esperamos (que los franquistas) “Billy el Niño” y Rodolfo Martín Villa sean juzgados en nuestro país. Por eso vamos a intentar impulsar un movimiento que apoye que España pueda juzgar los crímenes del franquismo. Llevamos 40 años de retraso, pero creo que cada vez estamos más cerca”, reveló.

Prueba de ello es que la propuesta para modificar la Ley de Amnistía en el Congreso tuvo un apoyo inédito entre los grupos parlamentarios. “También estamos más cerca que nunca de acabar con el Valle de los Caídos como el mausoleo más importante del mundo en homenaje al fascismo”, aseguró Urbán. 

“Se están abriendo grietas en un régimen de impunidad del que el PSOE sigue siendo parte, pero cada vez con más incomodidad por la erosión que le está causando”.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 25 de marzo de 2018.

Identifican a española embarazada desaparecida durante la dictadura argentina

Los restos de la única española embarazada que se encontraba desaparecida desde la última dictadura argentina (1976-1983), Azuzena García Bermejo, fue identificada en la provincia de Tucumán (noroeste) por el Equipo de Antropología Argentino Forense (EAAF), confirmó a Sputnik Nóvosti una de sus integrantes, Mercedes Salado Puerto.

(De izquierda a derecha) Mercedes Salado Puerto (del EAAF), el secretario de DDHH Claudio Avruj, el embajador español Estanislao de Grandes Pascual, Tomás García Bermejo y la presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina, Consuelo Castaño (Foto: Lina Palacios Corvillo)

“Su identificación es muy simbólica, porque es la única española desaparecida embarazada”, señaló Salado Puerto durante el acto de homenaje por los españoles desaparecidos celebrado este jueves en la embajada española en Buenos Aires.

El juzgado federal de Fernando Poviña, en Tucumán, recibió la confirmación el 27 de septiembre de que los restos de García Bermejo habían sido identificados en la mayor fosa clandestina encontrada hasta ahora en Argentina, conocida como el Pozo Vargas, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital del distrito.

El caso de esta española es también emblemático porque junto a ella desaparecieron, el 2 de noviembre de 1976, su marido Jorge Rondoletto, su cuñada Silvia, y su suegra, María Cenador, además de su suegro, Pedro Rondoletto.

En julio de 2016, estos tres familiares fueron encontrados en Pozo Vargas a más de 20 metros de profundidad. La semana pasada fueron hallados finalmente los restos de García Bermejo. Todavía falta por encontrar a Pedro Rondoletto, pero la búsqueda en el pozo no ha terminado.

Ofrenda floral a los españoles
desaparecidos en Argentina
(Foto: LPC)

“Todavía no se sabe hasta dónde llega el pozo, ni cuánto tiempo continuarán los trabajos de excavación, ni cuántas personas pueden llegar a aparecer”, explicó Salado Puerto, la única integrante española del Equipo de Antropología Forense, conformado por unas 60 personas.

Las excavaciones de los peritos del Colectivo Arqueológico Memoria Identidad de Tucumán (Camit) han alcanzado en el Pozo Vargas los casi 33 metros de profundidad hasta el momento. Así pudo ser identificada García Bermejo, que al momento de su secuestro tenía 23 años, y estaba embarazada de cuatro meses.

“Es un sentimiento agridulce haber encontrado a Azuzena”, contó a esta agencia Tomás García Bermejo, cuatro años menor que su hermana.

A partir de los análisis forenses del EAAF, Tomás confía en que se llegue a encontrar la pelvis de su Azuzena para averiguar si pudo dar a luz antes de ser asesinada, en la duda de que su sobrino o sobrina pueda ser uno de los nietos en cautiverio que fueron apropiados por los militares, y que hoy busca la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

El Gobierno de Mauricio Macri, que asumió en diciembre de 2015, ha firmado recientemente un convenio con el equipo de forenses para garantizar el apoyo del Estado en la búsqueda de los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura.

Es una política de Estado para el Gobierno de Mauricio Macri, afirmó el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, honrar a la memoria la verdad y la justicia.

Monumento a los españoles
desaparecidos durante la
dictadura (Foto: LPC)

“Se lo debemos a sobrevivientes y a los familiares, y a las generaciones posteriores, para recomponer el tejido social”, indicó Avruj durante el acto de homenaje encabezado por el embajador español en Buenos Aires, Estanislao de Grandes de Pascual.

Restos encontrados y españoles por identificar

Hasta ahora se han encontrado los restos de 117 personas en el pozo clandestino de Tucumán, de las cuales se han podido identificar hasta el momento 88.

Como consecuencia del terrorismo de Estado, “, se estima que desaparecieron casi 100 personas nacidas en España , de acuerdo al equipo de antropólogos”, contó a Sputnik Nóvosti la presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina, Consuelo Castaño.

De origen español, fueron desaparecidas cerca de 2.000 personas, añadió Castaño.

Desde 2009, y hasta la fecha, se han identificado los restos de siete españoles desaparecidos con el régimen militar.

Azuzena fue la última.


* Reportaje publicado en la agencia internacional de noticias Sputnik

Condena histórica en Argentina a represores de la dictadura

La justicia argentina condenó el jueves a cadena perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a otros represores de la última dictadura argentina (1976-1983) que cometieron delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba (centro)

“Pena de prisión perpetua” al genocida Luciano Benjamín Menéndez, sentenció el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Córdoba durante la lectura del fallo, transmitido en directo por el Centro de Información Judicial.

El exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que acumula varias condenas de este tipo, fue condenado por ser autor y coautor de crímenes por privación ilegitima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas seguida de muerte, entre otros delitos cometidos contra centenares de "perseguidos políticos".

De 89 años, Menéndez fue encontrado culpable de la desaparición de 282 personas, de 52 homicidios, 260 secuestros, y 656 casos de torturas.

La misma pena recibió el ex capitán Héctor Pedro Vergez, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América; y el ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro, que recibió su primera sentencia a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad en el marco de la megacausa "La Perla-La Ribera".

Tras cuatro años de juicio oral, obtuvieron la misma sentencia los represores Santiago Martella, Héctor Chilo, Jorge Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo Driedrichs, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Enrique Villanueva, y José Hugo Herrera.

La prisión perpetua también fue adjudicada a Oreste Valentín Padován, Juan Eusebio Vega, Ricardo Alberto Lardone, Emilio Morard, Arnoldo José López, José Hugo Herrera, Héctor Romero, Eduardo Grandi, Mirta Graciela Antón y Yamil Jabour, además de Carlos Yanicelli y Juan Molina.

La Perla fue el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el interior del país entre marzo de 1975, durante los últimos meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, y 1979.

Miles de personas, que algunos medios calcularon en más de 10.000, aguardaban a las afueras del tribunal el histórico fallo. Por primera vez se juzgó en Córdoba la apropiación de bebés por parte de militares, que sustraían los recién nacidos a las embarazadas detenidas para después colocarlos en una nueva familia, con una nueva identidad.

En el último tramo del juicio, también recibieron cárcel de por vida Carlixto Flores, Marcelo Luna, Herminio Jesús Antón, Albert Luis Lucero, Miguel Ángel Gómez.

En total, hubo 28 condenas a prisión perpetua, de las 35 que pedía la fiscalía.

Además fueron condenadas otras siete personas a entre 5 y 21 años de cárcel.

Cinco de los acusados, en cambio, fueron absueltos.

En total fueron juzgadas 45 personas por los delitos cometidos contra 716 víctimas, 279 de las cuales todavía permanecen desaparecidas.Algunos acusados murieron durante el proceso.

El juicio investigó en total 22 expedientes judiciales, a lo que se suma el testimonio de unas 600 personas, que en total aportaron más de mil horas de audiencias.

Se estima que por La Perla pasaron unas 3.000 personas.

* Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik.

Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.

El golpe de Estado en Argentina, en la mirada del ex jefe del Ejército que pidió perdón

Se cumple el 40º aniversario del golpe del 76, comienzo de una dictadura atroz de casi siete años basada en una dura represión que hostigó al resto de los países del Cono Sur de América Latina a instancias de la Operación Cóndor durante las décadas de 1970 y 1980

BUENOS AIRES.- La dictadura encabezada por el general Jorge Videla dejó mutilado un país con la desaparición de 30.000 personas. Unos 500 niños fueron sustraídos de sus familias y apropiados por el régimen militar, que necesitó de la complicidad de la Iglesia, el empresariado y la sociedad civil para sostener el terrorismo de Estado hasta 1983, mientras desmantelaba económica e institucionalmente el país.

Martín Balza es un conocido militar, teniente general ya retirado. Estuvo 48 años en el Ejército y fue jefe de esta fuerza de 1991 a 1998. En 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se presentó en el programa de televisión más visto del país y mirando a cámara, pronunció lo que hasta ese momento los argentinos nunca habían escuchado de la boca de un militar: una autocrítica del papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y un llamamiento al Ejército para que no obedeciera jamás una orden inmoral.
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“Para comprender a la dictadura de 1976 tenemos que rastrear nuestra historia hasta 1955. Argentina tuvo seis golpes de Estado cívico-militares en el siglo XX. En todos intervinieron políticos, empresarios, algunos medios de comunicación y sindicalistas, además de miembros de la Iglesia” afirma a Público.

  

Balza sostiene que no participó en ningún golpe de Estado, pero le tocó presenciar cuatro a lo largo de su vida. Era cadete en la academia militar en 1955, cuando en plena presidencia del ex presidente Juan Domingo Perón (1946-1955), la fuerza aérea y la aviación naval bombardearon distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, como la casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Mataron a más de 300 personas, y dejaron en las calles un número indeterminado de heridos.

“Tres meses después se produjo el derrocamiento de Perón, y quienes habían atentado contra el pueblo argentino fueron recibidos como libertadores con puestos de toda naturaleza. Eso se repitió con [los ex mandatarios] Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966). Así llegamos a 1976. Total, el que delinquía contra el orden institucional no perdía nada. Se instauró la impunidad jurídica, política, histórica y moral”, sostiene el militar retirado.

 

Aún falta autocrítica en el Ejército argentino

Esa impunidad, que permitió hilar golpes de Estado a lo largo de la historia reciente de Argentina, se desintegró despacio, primero con el juicio a las primeras juntas militares durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), después con la derogación en el Congreso, durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que perpetuaba la impunidad de los militares, y más adelante con la inconstitucionalidad que decretó la Corte Suprema de los indultos de Menem.

"Cuando llegué a jefe del Ejército hicimos saber a los soldados que no habíamos sido salvadores de la patria"

Balza admite que pese a los años que han pasado, el Ejército no ha hecho la suficiente autocrítica sobre su papel durante el golpe de Estado. “Cuando asumí como jefe del Ejército, tuvimos que hacer una acción docente entre nuestros subordinados para hacerles conocer bien el pasado, para hacerles saber que no habíamos sido salvadores de la patria, que no habíamos combatido por los altos intereses de la nación, sino que descendimos a un círculo infernal al que no teníamos que haber llegado como hombres de uniforme”, enfatiza.

Complicidad de la sociedad civil

El general retirado, embajador durante los Gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, sabe que la sociedad civil también fue cómplice del golpe de Estado.

“En todos los golpes de Estado hubo una anuencia y un apoyo, pero la sociedad argentina lo ha superado. Hoy nuestra sociedad, de la que somos parte los militares, ha aprendido de una lamentable experiencia del pasado que no se puede olvidar en el marco de la verdad y la justicia, sin odio, rencor ni venganza”, afirma Balza.

Más de 2.700 personas, entre civiles y ex militares, han sido procesadas por la Justicia desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad que comenzaron en 2006. Casi 670 personas han sido condenadas, mientras algunas causas indagan, en la actualidad, sobre la participación en el terrorismo de Estado de algunos estamentos civiles de la sociedad, como eclesiásticos, empresarios e incluso periodistas.

* Artículo aparecido en Público el 24 de marzo de 2016.

Argentina auditará su deuda externa

Cristina Fernández de Kirchner, hace unos días en Rusia (EFE)

 El Congreso argentino constituyó este martes una comisión bicameral permanente para estudiar la deuda externa contraída desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Estará compuesta por ocho senadores y ocho diputados, y tendrá que emitir una "opinión fundada" sobre las irregularidades que pudieran haber cometido los sucesivos Gobiernos ya en democracia.

El objetivo de la comisión es el de averiguar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior desde el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta militar dio el golpe de Estado. En 180 días deberán presentar su informe al Congreso.

Los diputados indagarán en los compromisos que ha contraído el país desde entonces, lo que implica examinar canjes, megacanjes, blindajes, negociaciones, refinanciaciones, pagos de comisiones, reestructuraciones y suspensión de pagos.
La comisión también supervisará la deuda que está en manos de los fondos buitre, un asunto sensible en Argentina después de que un juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, fallara en contra del país con la orden de que pagara 1.330 millones de dólares a los acreedores que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total de los bonos).

La delegación examinará los pagos que el país tiene acordados con sus acreedores, y además deberá pronunciarse sobre los plazos y las cantidades de dinero pactadas en cada caso, advirtiendo sobre las irregularidades que hallaran en el camino.

La mitad de los diputados y cinco de los ocho senadores que integran la comisión son del Frente para la Victoria (FPV), el partido de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue ella quien propuso la supervisión de la deuda externa a través de la ley de pago soberano de la deuda aprobada por el Congreso en 2014.La misma mandataria explicaba por entonces que con el golpe de Estado, el país comenzó "a transitar por una etapa de desindustrialización acelerada con exclusión social", y que "la contrapartida financiera de este modelo" conllevaba el sobreendeudamiento del país.

"La deuda externa ascendía en 1976 a 8.000 millones de dólares. Al término de la dictadura, era de más de 43.000 millones. El aumento de la deuda pública externa fue una constante en cada uno de los Gobiernos que siguieron a la dictadura", expresó la jefa de Estado.  A marzo de 2015, Argentina tenía una deuda externa de 137.810 millones de dólares. Si el Producto Interior Bruto argentino se calcula en 609.900 millones, la deuda externa representa el 22,59% del PIB.

"Estudiaremos la geneología de la deuda externa desde 1976 y cómo se constituyó como un elemento de poder", explicó a Público el diputado por el FPV Eric Calcagno, presidente de la comisión. "Analizaremos también el tema de los fondos buitre, en lo que hoy es un verdadero bloqueo financiero de la Argentina. Es una lucha para saber si la soberanía reside en el pueblo o en los tenedores de deuda".

La comisión trabajará con el precedente del informe Di Cola, llamado así por el exdiputado Eduardo Di Cola, "en el que se determinó quiénes eran los que fugaron capitales del país con la crisis de 2001", según Calcagno.

FMI, cómplice de la dictadura

Claudio Lozano, integrante de la comisión y diputado por Unidad Popular, quiere analizar también la resolución del juez Jorge Ballesteros, que en 2000 reconoció la ilegitimidad de la deuda externa tras estudiar una denuncia del historiador y político Alejandro Olmos. En 1982, aún bajo el gobierno militar, Olmos acusó al FMI de complicidad con la dictadura, certificando además que no estaban los registros contables de la deuda. El juez reconoció 477 irregularidades, pero la causa fue archivada por prescripción.

Lozano reclama además la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, dado que la mitad fue originada con el régimen militar, "y la participación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como una institución que operó con el tema del endeudamiento y que ha sido susceptible de operaciones de lavado y pérdida de fondos para el financiamiento del sistema provisional".

"Esto se produce en el marco de la discusión con los fondos buitres, por eso el Gobierno creó esta comisión frente al cuestionamiento que hacíamos de que el canje de 2010 era ilegal", razonó Lozano con este diario. "En estos quince años nunca se hizo nada. Esto es un punto de partida".

El diputado quiere retomar también todas las denuncias que se han realizado ante la Justicia sobre las reestructuraciones de la deuda en la década del 90. "Con todas las dudas que nos genera el oficialismo, vamos a garantizar que se investigue en serio, y si no, lo denunciaremos", afirmó.


* Artículo aparecido el 30 de abril de 2015 en el diario español Público.