Mostrando entradas con la etiqueta Memoria Histórica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Memoria Histórica. Mostrar todas las entradas

martes, 1 de septiembre de 2020

Las cartas de cuatro expresidentes españoles en apoyo al exministro franquista Rodolfo Martín Villa

 

Aquí están las cartas de los cuatro expresidentes españoles que intentan presionar a la jueza argentina María Servini ante la indagatoria que realizará este jueves la magistrada al exministro franquista Rodolfo Martín Villa en el marco de la única causa del mundo que investiga los delitos del franquismo.

Martín Villa está imputado como responsable de doce asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad en un contexto de crímenes de lesa humanidad durante el período de la Transición, entre otros delitos.

La primera carta la envió el expresidente Mariano Rajoy (2011-2018) el 2 de marzo de este año.



 

En ella desprecia las “múltiples inexactitudes y falsedades en la que se sustenta la acusación” y defiende la Transición como “un proceso ejemplar de generosidad y afán de concordia” que “fue sólo posible a la indeterminación incuestionable de una generación de personas comprometidas con la plena democratización de España, entre las que se encontraba Martín Villa”.

Rajoy también destaca al exministro por “la reorganización de las antiguas fuerzas de seguridad del régimen franquista”, y observa que “los hechos que se le imputan son falsos, contrarios a toda verdad y abiertamente contradictorios con su ejemplar ejecutoria durante ese tiempo”.

Se permite además la sugerencia de invitar a la jueza “a proceder contra quienes de forma torticera han vertido acusaciones infundadas contra la persona del Sr. Martín Villa y han intentado menoscabar la imagen de España poniendo en duda su carácter plenamente democrático”.

 

La carta del expresidente José María Aznar (1996-2004) fue escrita el 29 de junio.






El expresidente del PP anticipa en el inicio que debe superar “el asombro de que un procedimiento judicial considere que pudo haber genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Transición española”, y a continuación se indigna por las “falsedades” achacadas al exministro.

Aznar no se priva de comentar que uno de los factores del “fracaso del proceso democratizador de la Segunda República había sido el desorden en las calles y la creciente violencia”.

Le comenta su deseo a Servini de que “tuviera la misma posición” que los tribunales españoles al rechazar las comisiones rogatorias, y aunque admite que “hasta junio de 1977 en España no hubo democracia plena”, afirma que los gobernantes bajo la presidencia de Suárez “actuaron como políticos demócratas”, entre los cuales incluye al rey emérito Juan Carlos I.

 

La siguiente misiva fue la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que la firmó el 1 de julio, dos días después que la de Aznar.

 





En ella asegura que España escogió con la Transición “su propia forma de acabar con episodios dictatoriales o autoritarios y dar paso a la democracia” y le recuerda la Ley de Amnistía como “elemento central del Pacto de la Transición (sic)”.

En su definición de Martín Villa, Zapatero lo describe como “uno de los jóvenes políticos que (…) con más convicción y eficacia contribuyeron (…) a afianzar el nacimiento de la democracia” y como una “persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de derecho”.


La carta de Felipe González (1982-1996), fechada en un vago julio, observa que ha conocido “con asombro e incredulidad” la causa judicial que instruye Servini, y sugiere que no sólo el caso debería ser archivado, sino que “se deberían depurar responsabilidades de los que (…) de mala fe lo instalaron sobre bases falsas y sin sentido” con una frase que no debió releer.



 


De Martín Villa dice que fue “impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho” y le recomienda de nuevo que “depure las responsabilidades que correspondan de los responsables de estas denuncias temerarias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa”.

El exministro franquista es uno de los quince españoles de los 20 originales que imputó Servini en octubre de 2014 en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad y de genocidio perpetrados durante el franquismo, período que abarca desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

El caso se asienta en el principio de justicia universal, del que España era referencia hasta que lo eliminó con la reforma de la Ley Orgánica el 15 de marzo de 2014. Esta figura reconocida en el derecho internacional permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.

Desde el inicio de la causa España se ha negado a colaborar con la justicia argentina y ha dificultado cualquier posibilidad de que Servini tome declaración a los acusados bajo la justificación de que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977.


martes, 27 de agosto de 2013

Asociaciones pro Derechos Humanos boicotearán "Madrid, capital olímpica de la impunidad"



Los príncipes Felipe y Letizia de Borbón viajarán en septiembre a Buenos Aires, junto con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, con el fin de promover la capital española como sede de los Juegos Olímpicos de 2020.

Miembros de la Plataforma 'Solidarios con Garzón' concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.Atentos a este tercer intento consecutivo de las autoridades españolas por impulsar la candidatura de Madrid, los querellantes de la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo preparan una concentración el 7 de septiembre, día en el que los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) decidirán en Buenos Aires cuál de las tres ciudades postulantes -Tokio, Estambul y Madrid- será la nueva sede de las Olimpiadas.

"La idea surgió en una reunión que ponía de manifiesto no sólo la impunidad del franquismo", contó a Público Carlos Slepoy, uno de los abogados de las víctimas del franquismo en la querella argentina. "Y la consigna que afloró fue la de "Madrid, capital olímpica de la impunidad".

El letrado argentino acaba de aterrizar en Buenos Aires junto con tres representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Uno de ellos es Jose María "Chato" Galante, miembro de la Asociación de ex presos políticos del franquismo La Comuna. "Teníamos que encontrar una fórmula para denunciar esto", comenta el activista. "Van a intentar, por tercera vez, montar unas Olimpíadas que supondrán un nuevo gasto y que tendrá repercusiones como la construcción de La Caja Mágica y La Peineta (el Estadio Olímpico de Madrid), todas esas cosas que tienen utilidad cero y un coste altísimo".
Galante recuerda la deuda de casi 21.000 millones -un 11,70 % del PIB- que arrastra la capital española.

"Nuestra idea es tener una visión más amplia de la impunidad, no sólo por los crímenes del franquismo, sino también por los pelotazos urbanísticos y por los delitos económicos y políticos que se están cometiendo", indica el expreso político. "Se nos ocurrió realizar una concentración con el apoyo de la gente que nos respalda. Lo que Madrid necesita no son unas Olimpíadas, sino que se acabe con todas las impunidades".

Esta semana convocarán una reunión con organizaciones de derechos humanos que se han sumado a la querella en la causa contra los crímenes franquistas, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Detenidos-Desaparecidos, o la CTA (Central de Trabajadores de Argentina). "Parte del enorme agujero de deuda que tiene Madrid se debe a esas dos aventuras de [el exalcalde y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz] Gallardón en 2012 y en 2016 para promoverla como sede olímpica. Y ahora es la primera de Ana Botella. El récord del mundo en impunidad lo tiene Madrid", denuncia Galante.

El español aclara que ésta no esta no es una iniciativa contra los madrileños. "Una cosa es la actividad del ayuntamiento y otra la ciudad de Madrid", puntualiza. "El asunto es que su promoción como sede olímpica se ha hecho con un enorme costo para las arcas públicas con el fin de generar un enorme beneficio para bancos y constructoras. En ambos casos, se ha hecho con un desprecio absoluto a la situación real de Madrid".

Además de Slepoy y Galante, también han llegado a Buenos Aires Josu Ibargutxi, otro ex preso político del franquismo, y Soledad Luque Delgado, que esta semana interpondrá una denuncia contra el secuestro de su hermano mellizo Francisco. Ésta será la primera querella que se presenta en la causa abierta en Argentina por el robo de un niño durante la dictadura española.

* Artículo publicado el 26 de agosto de 2013 en el diario español Público.

sábado, 7 de julio de 2012

"La historia de España tiene hojas en blanco"


La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tiene motivos para celebrar, aun con ciertas objeciones, la sentencia que este jueves condenó a 50 años al dictador Jorge Videla por el plan sistemático de robo de menores durante la última dictadura en Argentina.

En esta entrevista, habló también de su nieto apropiado, del atentado que sufrió por liderar la búsqueda de los hijos de desaparecidos, y de lo que puede aprender España en su propia búsqueda de la memoria.


  ¿Qué implica para Abuelas la sentencia a Videla?

Implica la culminación de un juicio iniciado por Abuelas de Plaza de Mayo en 1996. Durante casi un año hemos llevado adelante este proceso con los testimonios de los nietos recuperados y con los nuestros, abuelas que aún no hemos encontrado a nuestro nieto. Este jueves 5 de julio tuvimos la sentencia.

¿Cómo fue la evolución del proceso?

Nosotros intentamos en 1986 que los tribunales, que juzgaron ese año a la Junta Militar de la dictadura, consideraran que había existido un plan sistemático de robo de bebés. Pero los jueces estimaron que no había pruebas suficientes para demostrarlo. Pasaron 10 años y presentamos una demanda. A partir de ahí fuimos aportando elementos para que se probara el robo: algunos comunicados que no habían sido destruidos, testimonios importantes, y por fin una videoconferencia de un funcionario del Estado de Estados Unidos que demostraba  que la dictadura había decidido apropiarse de nuestros nietitos, en su mayoría nacidos en cautiverio.

¿Qué debe rescatarse de este juicio?

Que se reconoce claramente que sí, que existió un plan y que fue puesto en práctica por la dictadura para apropiarse de los niños. Y que se ha sentenciado con 50 años de condena al máximo exponente de esta dictadura, que es Videla, que no se lo puede nombrar más que como es, porque ha perdido todos sus cargos, grados y beneficios de su grado militar. Ésta es la primera vez que se pone en práctica una ley que permite ese número de años como condena máxima.

¿La sentencia abre una puerta al impulso de nuevos juicios?

Sí. Ningún juez podrá negar a futuro que existió el plan porque ya hay un antecedente, y ojalá nadie deje de imitar a estos jueces que impusieron una pena de 50 años por primera vez, porque hay muchos depredadores que se lo merecen.

¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?

Vamos a seguir pidiendo justicia en los futuros procesos. Aunque hay juicios orales y públicos en todo el país, falta todavía mucho por juzgar y condenar. Por ahora se ha empezado con los máximos responsables. Se seguirá con los que continúan según su grado de responsabilidad. Y después hay que juzgar también a los civiles cómplices que entregaron la economía del país, a los médicos que firmaron actas de nacimiento falsas, a los jueces que intervinieron en adopciones falsas, y a otros civiles que fueron cómplices de esta dictadura.

¿Es posible que el poder judicial se investigue a sí mismo por obstrucción?

Sí. Tenemos algún juez prófugo del que estamos pidiendo la extradición. Otros están bajo investigación porque han sido parte de los procesos donde han propiciado la desaparición y muerte de personas. Son dignos de ser juzgados y condenados.

Hubo cierto desconcierto por las penas que han recibido algunos procesados. ¿A qué se debe?

No estamos conformes con algunas absoluciones y penas menores que se dieron. Dada la responsabilidad del delito, nos parece que fue injusto. Veremos qué dicen nuestros abogados. Robaron menores, se apropiaron de algunos por casi 30 años, que es a la edad a la que encontramos algunos de nuestros nietos. Tuvieron una historia tortuosa con sus apropiadores. No es para dar una pena tan ínfima. Eso afecta a las propias víctimas.

¿Por qué el robo de bebés llegó a ser una coartada al indulto?

Cuando nosotros celebramos el juicio de las Juntas, recién llegada la democracia, llevamos todos nuestros elementos probatorios a la Justicia. Los jueces nos dijeron entonces que no había fundamentos ni pruebas suficientes, y que eso había sido casual y esporádico, no un plan sistemático.

La prueba de que no fue un plan casual, sino una práctica planeada y elaborada, lo constituye el hecho de que hemos encontrado a 105 nietos, y además están los pedidos de familiares de los nietos que aún faltan por encontrar, que son 400.

Hay además entrevistas que han dado los responsables de los robos de bebés. El primer Gobierno democrático de Raúl Alfonsín admitió que había sido apremiado por las Fuerzas Armadas a promulgar las leyes de impunidad [de Obediencia Debida y Punto Final], pero hubiera sido vergonzoso que se perdonara el delito de robo de bebés. Ese crimen no aparece como perdonado en esas leyes. Esto nos ha permitido juzgar y condenar a los ladrones de nuestros nietos aunque esas leyes estuvieran vigentes. Luego cayeron, por anticonstitucionales, durante el Gobierno de Néstor Kirchner.

¿Cómo vivió Abuelas esta causa?

Ha sido un aprendizaje poner en ejercicio la Justicia, porque todavía había jueces que pertenecían al régimen dictatorial, que interpretaban y juzgaban mal beneficiando más al victimario que a la víctima. Y nosotras éramos molestas aun en democracia. Por eso se nos negaba la posibilidad de asistir a los juicios. No eran públicos, no podía asistir la prensa, todo era muy secreto. El pueblo, en general, no se enteraba. Eso lo fuimos desarmando con el correr de los años. Hoy los juicios son orales y públicos, y puede asistir la prensa. Ha sido un avance democrático, en este periodo que es el más largo del país.

¿Ha tenido miedo?

No, miedo no. Nos hemos cuidado y protegido. Sabíamos que corríamos riesgos. No obstante, en 2002 sufrí un atentado que tuvo por objeto asesinarme. Ocurrió en mi vivienda, en horas de la madrugada del 20 de septiembre. Todavía no se sabe quiénes son, pero llegaron con armas de fuego de grueso calibre, armas de guerra, y bombardearon mi casa. Las balas atravesaron toda la vivienda, y yo estaba descansando en la primer habitación que da al frente. No me tocó morir porque Dios no quiso.
Esto me pasó en democracia. A otra abuela de la provincia de Córdoba la secuestraron, la amenazaron y la gatillaron para asesinarla delante de sus nietos, y tampoco en este caso se sabe quiénes fueron. Se puede presumir, pero no hay ninguna prueba.

Este juicio le toca de manera personal porque está incluido el caso de su nieto.

Dentro de los casos que permitieron condenar a estos delincuentes, está el mi nieto Guido, que nació en un centro clandestino de detención en el que mi hija estuvo secuestrada nueve meses. Llegó embarazada y sufrió las mismas torturas que todos. La tuvieron engrillada, con una capucha en su cabeza, tirada en un camastro. Ahí nació su bebé, y se lo sacaron a las pocas horas. A ella la engañaron, porque le dijeron que me lo iban a dar a mí, pero nunca llegó a mis brazos. A ella la asesinaron dos meses después del parto, y el niño nunca llegó a mí. El único "beneficio" que tuve fue que me entregaron el mismo día de su asesinato el cuerpo de mi hija, así que pude hacer el duelo y enterrarla.

Lejos de perder la fuerza por esta lucha, es su muerte, la muerte injusta, a los 23 años, de una joven inteligente, hermosa, llena de vida y de proyectos, la que me ha dado a mí el coraje de seguir desde el amor, el convencimiento y la necesidad de una lucha que no tiene fin para mí, sólo el día que me muera.

¿Cómo progresa la búsqueda de su nieto Guido?

Estoy esperando a que alguna vez se produzca el milagro de que llegue alguna información o de que llegue mi propio nieto a buscar su identidad. Mientras tanto disfruto de los otros nietos, aunque ruego a Dios que me permita encontrar y abrazar al mío, porque ya tengo casi 82 años y sabemos que la vida se nos va. Pero tengo el deseo de verlo y decirle quién era su mamá y su papá, y cuánto lo quiere su familia.

Se sabe de algún otro caso en el mundo de dictaduras que hayan organizado un plan para robar bebes?

No, Argentina es el único caso en el mundo, diría yo, en el que se programó esto. Durante el franquismo en España también se robaron niños, pero con otro sentido. Se los registraba, se sabía donde habían ido a parar, quiénes los tenían,. Acá fue todo clandestino. En estos años hemos recorrido el mundo para ver si existió este plan en países con guerras convencionales o con diferencias internas. En América Latina nadie de ningún país ha creado una institución de Abuelas buscando a sus nietos robados por motivos políticos. Así que sí, se, han llevado niños, los han sacado, los han regalado, los han vendido, pero sólo en Argentina se dejaba vivir a la embarazada para que tuviera su hijito. Luego se lo quitaban para que lo criaran en esclavitud el asesino de ella y del papá.

Proceso de  memoria histórica en España


¿Qué opina del proceso de memoria histórica en España?

Creo que están en un retroceso total, también con la condena al juez Baltasar Garzón, que es una persona respetable y que colaboró mucho en todo lo que es el esclarecimiento de esto en Chile y Argentina. Cuando quiso investigar en su propio país y proponer una ley de la memoria, lo condenaron injustamente. Así inmovilizaron la búsqueda de la verdad. No se puede dejar de escribir la historia completa. ¿Cómo es eso de dejar hojas en blanco, de decidir que de esto no se habla? ¿Por qué? ¿A quién compromete? Si compromete a alguien, es porque algo tiene que ver. Entonces uno sospecha de aquellos que impiden que se sepa la verdad. Hay que buscar el motivo de esa negativa política que no le da el derecho a los españoles de saber quiénes y por qué mataron a tanta gente.

¿Cómo puede España seguir el proceso que pudo comenzar en Argentina?

En España tiene que imponerse la sociedad civil. Los que gobiernan son sólo los que nos representan. El Gobierno está decidido por un pueblo, no por una persona que se pone a dirigir un país a gusto y placer.  Hay que demandar en paz, y sin violencia, que la verdad se sepa.

¿Hay indicios de que eso pueda darse en España?

Yo creo que hay movimientos de protesta, como los indignados, que ofrecen alternativas de protesta diferentes. Y también están los nietos de las víctimas del franquismo que están encontrando los restos de sus abuelos. A todo eso hay que darle mucho más movimiento, presencia y movilidad para conseguir que la memoria no se clausure por decreto.

¿Qué hará Abuelas a partir de ahora?

Nuestra tarea continúa. Yo estoy aquí mañana tarde y noche con mis compañeras para encontrar a todos los que faltan, acompañadas de los nietos recuperados, de los familiares y de la sociedad,. Inventamos recursos y estrategias muy buenas para no olvidar, y apoyamos gestiones de Gobierno muy buenas, como la de Néstor Kirchner desde 2003, y ahora, la de la presidenta Cristina Fernández. Tenemos toda la ayuda del Estado que necesitamos, lo que da una unidad entre el pueblo y el Estado gobernante al seguir caminos similares. Es lo que hay que rescatar en América Latina gracias a algunos Gobiernos progresistas.


* Entrevista publicada el 07 de julio de 2012 en Público.es

viernes, 24 de diciembre de 2010

El derrumbe de la memoria

Lo llaman "la política del olvido". Los ex centros clandestinos de detención de Argentina, instalaciones donde fue ejecutado el plan de exterminio que dejó 30.000 desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983), son el rastro y el testimonio viviente de aquella época de terror. Y la ciudad de Buenos Aires parece estar abandonando a su suerte la memoria de este periodo brutal de represión.

Los edificios en donde funcionaban los centros clandestinos están en condiciones tan deplorables que algunos amenazan con derrumbarse, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo.

Cinco ex centros clandestinos en la capital argentina están en condiciones precarias y algunos corren el peligro de desplomarse debido a la falta de mantenimiento.

Un ejemplo de ello lo constituye el conjunto de edificios que conforman la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino más atroz que existió durante la dictadura. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas todavía hoy desaparecidas. Hoy, el complejo sufre un completo deterioro.

"No se trata de embellecer el edificio, sino de ser coherente con el objetivo fundamental de estos espacios, que es la conservación patrimonial del testimonio dedicado a conservar la verdad histórica", reclama el informe.

La Defensoría del Pueblo alerta del estado en el que se encuentra el Casino de Oficiales, el punto neurálgico de la ESMA, en donde fueron torturados los detenidos-desaparecidos. "Es imprescindible comenzar con las reparaciones, ya que debajo de las cubiertas se encuentran los principales sitios de tortura y reclusión", indica el dictamen.

El Instituto Espacio para la Memoria (IEM), una institución que integran varias organizaciones de derechos humanos y que tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de los ex centros clandestinos de detención, acusa al Gobierno de Buenos Aires de recortar cada año los fondos que tienen por objeto la preservación de los edificios.

La cámara legislativa de Buenos Aires aprobó en el presupuesto de 2010 una partida de más de un millón de euros para el IEM, según el propio instituto, pero el Gobierno bonaerense del alcalde Mauricio Macri redujo el monto a poco más de 200.000 euros.

Proyecto de ley

La Defensoría del Pueblo considera que el Instituto Espacio para la Memoria tampoco está libre de culpa. "Para mantener los edificios no se necesita tanto dinero, sino ideas y pedir colaboración a los demás", dice a Público Graciela Palacio de Lois, jefa de la Oficina de Relaciones de la entidad. "No es un tema de financiación, sino de idoneidad. El IEM no sabe manejar sus recursos".

Según la representante de la Defensoría, el informe que encargó su institución ha sido usado políticamente por el IEM para lamentarse públicamente de la falta de fondos.

El diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, presentó un proyecto en la Legislatura hace más de dos meses para declarar la emergencia urbanística de los ex centros clandestinos de detención. "Hay una estrategia de quitar la financiación por parte del Gobierno de Macri. Por ello planteamos la necesidad de una ley que sostenga el funcionamiento de los centros como lugares históricos".

Hourest denuncia además que el Gobierno de Buenos Aires no atiende la necesidad de conservación que requieren estos lugares de memoria "porque quizás esto se asocia a las políticas del Gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".

No obstante, el diputado Hourest señala que tampoco las fuerzas políticas asociadas al kirchnerismo en la Legislatura bonaerense han sido capaces de comprometerse con el cuidado de los ex centros clandestinos de detención. "Parece mentira añade irónico. Los mismos que se pelean por el destino de las políticas de memoria son quienes están impidiendo que este proyecto avance".


* Artículo aparecido el 08-12-2010 en el diario español Público.

Una fila interminable acude a despedir a la leyenda de rock argentino Indio Solari

Centenares de miles de personas hacen cola desde la capital argentina y a lo largo de unos 10 kilómetros hacia e l Parque Domínico del munic...