Hoy se cumplen tres años del corte de uno de los puentes que une Argentina con Uruguay. La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú decidió bloquearlo como forma de protesta contra la instalación de la papelera Botnia al otro lado del río, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
El conflicto, sin embargo, dura ya seis años. Argentina y Uruguay, distantes en sus relaciones diplomáticas desde entonces, enfrentan el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dará su veredicto en 2010. Argentina enseña los dientes porque está harta de blandir en mano el Estatuto del Río Uruguay, un documento firmado por ambos países en 1975 por el que se comprometían a consultarse ante cualquier decisión que pudiera afectar el que es el límite natural de ambos países.
Son muchos los que hablan del corte del puente, pero no tanto de las razones. Fue una de las resoluciones que adoptó la Asamblea de Gualeguaychú para encarecer la llegada de materias primas a la planta de celulosa. Botnia utiliza la tecnología Kraft, que estará prohibida en Europa a partir de 2018. “Ya se han presentado en la Haya una serie de estudios del estado del Río Uruguay realizados antes de que empezara a funcionar Botnia, lo que ha sido único en el mundo porque en otros lugares donde se han instalado papeleras, como en Valquiria (Chile) o Pontevedra (España), no hubo estudios previos”, comentaba en una entrevista (que aparecerá próximamente) el asambleísta Raúl Subías. “Acá se hizo un estudio del río antes de que empezara a funcionar y luego se ha realizado un monitoreo por la parte argentina”.
¿El resultado? La contaminación salta a la vista. "Botnia produce un millón y medio de toneladas de celulosa, y utiliza 86 millones de litros diarios de agua gratuita que devuelve al río contaminada", explicaba Subías. "Acá prometieron 5.000 puestos de trabajo. Al final sólo trabajan 200 personas, y 30 son de Fray Bentos. No queremos que contaminen nuestra región, es tan sencillo como eso".
En la prensa tampoco se comenta el contrato de recíproca inversión entre Uruguay y Finlandia, injusto porque la capacidad que tiene Finlandia para meter sus industrias en Uruguay no tiene comparación con la que puede poseer Uruguay, cuya economía se basa sobre todo en agricultura y ganadería.
Con la instalación de Botnia Uruguay permite que el mundo desarrollado utilice el Sur como vertedero. Aquí se descubre la doble moral de países como Finlandia (y España, que también pretendió instalarse en Fray Bentos con la papelera ENCE), porque se van a países menos industrializados para hacer las maldades que ya no pueden hacer en los suyos. Y se advierte la docilidad de países como Uruguay, que permiten que su territorio sea utilizado de muladar. Son ganas de no hacerse respetar.
Pero atentos. Algunas empresas esperan ansiosas el resultado de las elecciones uruguayas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Hay al menos cuatro proyectos de construcción de pasteras que están preparados para la carrera, calentando motores y esperando a que gane el candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. Neoliberal donde los haya, Lacalle sueña con un Uruguay convertido en el jolgorio de las industrias papeleras.
Y si resulta elegido el candidato del Frente Amplio, Pepe Mujica, tampoco hay por qué alarmarse. Izquierdista en un antaño, ahora ve con ojos cándidos la papelera Botnia. “Total, si fueran tan malas,” dijo una vez, “la gente dejaría de usar papel”.
Para los que todavía tengan dudas, como Mujica, no hay cómo acudir a la
página web de los Asambleístas. No se trata sólo de un puente cortado, ni de las rencillas entre dos países hermanos por el incumplimiento de un tratado. Hablamos del respeto a un Sur que no tiene que ser el basurero del Norte, y de un maltrato continuo a los recursos naturales que va a ser una de las tragedias que tendremos que afrontar en el siglo XXI. A ver de qué sirve, para entonces, tanta codicia miserable.
La papelera finlandesa que ha mantenido enfrentados a Uruguay y a Argentina desde que en 2005 comenzara su construcción a orillas del río que los separa no será desmantelada. Las dos naciones esperaban ayer con visible agitación el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que no considera probado que la planta de celulosa Botnia contamine, aunque ha reconocido que Uruguay tendría que haber informado al país vecino de la instalación de la fábrica, conforme al Estatuto del Río Uruguay de 1975. 
