ENTREVISTA - Ministra de Seguridad de Argentina sostiene que el país necesita un cambio de fondo

La designada ministra de Seguridad y excandidata presidencial argentina Patricia Bullrich aseguró el domingo en esta entrevista que el país requiere de una transformación profunda, y confió que se logrará con el Gobierno del flamante presidente, Javier Milei.

 

"Argentina necesita un cambio muy de fondo", aseveró la referente de la alianza Juntos por el Cambio (centroderecha) y otrora rival de Milei, de la coalición La Libertad Avanza (ultraderecha), en la primera vuelta electoral, hasta que decidió apoyar al libertario para el balotaje.

Horas antes de asumir su cargo, la ministra de Seguridad, quien ya estuvo en ese cargo durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), sostuvo que "ese cambio de fondo pasa porque objetivamente ha habido una situación de manejo económico que es necesario cambiar rápidamente".

"Hay una expectativa de transformación grande en Argentina, de aires nuevos", aseveró tras asistir a la juramentación de Milei este domingo en el Congreso.

Bullrich lamentó no poder brindar información sobre las medidas que adoptará su cartera.

"Vamos a dar la información a partir del día de mañana porque no hemos jurado", afirmó.

La dirigente política sí cuestionó el legado del Gobierno de Alberto Fernández que concluyó este domingo con el traspaso de mando.

"Los argentinos estamos muy mal, en la situación económica y de seguridad", afirmó.

La próxima ministra de Seguridad respaldó el cambio de protocolo que inauguró Milei en la ceremonia del traspaso de mando, al dirigirse a sus seguidores desde las escalinatas del Poder Legislativo, frente a la Plaza Congreso, y no dentro del parlamento, donde los diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa presenciaron el traspaso de mando.

"Es una modalidad de hablarle al pueblo", defendió Bullrich.

Milei recorrió los casi dos kilómetros que separan el Congreso de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en un automóvil descapotable, una tradición que siguió el primer presidente democrático tras la última dictadura (1976-1983), Raúl Alfonsín, y los dos mandatarios que lo sucedieron, Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001).

La asunción de Milei se celebró en el mismo día en que Argentina cumple 40 años ininterrumpidos desde su regreso a la democracia.

 

 * Entrevista publicada el 10 de diciembre en la Agencia Sputnik.

BBVA dixit

El sábado apareció una noticia en el periódico Público con el siguiente titular: “Solbes y BBVA abogan por no salvar a todas las entidades”.
Primera sospecha: ¿Desde cuándo un empresario debe ser equiparado a lo que diga un ministro del Gobierno, como si fueran a la par?
Segunda suspicacia: ¿Desde cuándo el Estado español y uno de los bancos más potentes de este país tienen los mismos intereses?

Es de por sí provocador que Francisco González, como presidente del BBVA, aparezca en palestra a dar consejos sobre cuál debe ser el rumbo que debe seguir España, sobre todo si el gremio que representa se ha embarrado hasta el cuello en esta crisis que ha originado. Es parte de las concesiones que se permite uno de los hombres más poderosos de España, aunque la mayor parte de los ciudadanos no sepa su nombre. Puede aparecer ante una junta de accionistas, convocar a los medios, decir lo que quiera, y conseguir que sus palabras reciban un eco que por lo general está reservado a las personalidades políticas.

Pero no sólo sus actos le desenmascaran. En un arranque de megalomanía, suspiró: “Nosotros [el BBVA] no podemos salvar solos este país”. Y ya satisfecho con los aplausos que le agasajaban, dijo que estaba en desacuerdo con la participación del Estado en el capital de los bancos privados: “Al final crea ineficiencias y ya ha demostrado que no es el mejor gestor del mundo en estos negocios”.

Francisco González, había dicho, por otro lado, que era necesaria una alianza entre los poderes políticos, económicos y sociales: “Si no trabajamos juntos, la crisis será mucho más larga”. De por sí, ya genera desconfianza que haga creer a la audiencia que los intereses de un banco (poder económico) son los mismos que los del Gobierno (poder político). Además ha dado a entender que los objetivos del Gobierno o de la banca (aunados convenientemente) son para el bien de la sociedad.

Un banco, como empresa privada, no busca el beneficio social, sino el suyo propio. La lógica del capitalismo hace que procuren aumentar los beneficios al máximo reduciendo los costes al mínimo. Por tanto, se hace añicos ese poder de regulación atribuido al sistema: la avaricia y el ansia de acumulación no permite una verdadera competencia y un consecuente equilibrio de poderes, sino que el poder imperante procura debilitar tanto a rivales como a mecanismos de control que puedan entorpecer su descomunal afán de riqueza.

Esto es en parte lo que trataron de esconder las palabras del presidente del BBVA, que además eran contradictorias entre sí: quiere pactar con el Estado pero lo descalifica como buen gestor en el mundo de los negocios. Y de paso, da por sentado que los bancos sí son los administradores apropiados, ignorando el berenjenal que sin embargo han causado con la venta indiscriminada de créditos basura, préstamos a mansalva, y una especulación generalizada.

Si el Estado no sirve para meterse dentro de la banca, sí es más útil en cuanto a pacto de poderes se refiere. Dado que el BBVA no puede salvar solo este país, como nos ha recordado su presidente, se requiere la participación estatal. El problema de que el poder económico y político colaboren es que hay que encaminarse hacia un mismo objetivo, mientras que aquí uno de los actores busca sólo el lucro privado, y el otro debe tratar que la crisis cause los mínimos estragos sociales. Comienza a vislumbrarse si entre ambos se darán lo mano, o ese apretón servirá para hacer tambalear a uno de los dos.

Agradecimiento a la migración*

"Si estás pensado en regresar... infórmate". Así es como el Gobierno de España ha lanzado su campaña publicitaria del Plan de Retorno Voluntario. La crisis aprieta, los inmigrantes son los grandes perjudicados ante la falta de empleo en sectores clave como construcción o servicios, y, por eso, la Administración española ha pensado en ellos.

Podrán acogerse a esta medida todos aquellos inmigrantes que se encuentren sin trabajo y con cuyos países España haya establecido un convenio bilateral en materia de Seguridad Social. Entre ellos, y con especial protagonismo, Ecuador. Junto con los marroquíes, los ecuatorianos son uno de los grupos más afectados ante la escalada de las cifras del desempleo, que ya afecta a más de tres millones de personas (unas 380.000 personas son extranjeras).El decreto ley, en vigencia desde hace un mes, dictamina que aquel migrante que se acoja al Plan podrá recibir la prestación de desempleo si previamente renuncia a sus permisos de residencia y trabajo y si se compromete a no volver a España en el plazo de tres años. Pasado ese tiempo, podrá solicitar su reingreso. Que el gobierno español se lo conceda o no, es otra cosa.

A ello se le une el anteproyecto de reforma a la Ley de Extranjería que ha aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada. Para que entre en vigor se precisa todavía la aprobación del Senado y del Congreso, pero no se espera ningún contratiempo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el Gobierno, y con las coaliciones ya establecidas, puede conseguir mayoría en ambas cámaras.Lo que hace este proyecto, en resumen, es endurecer las condiciones de los extracomunitarios. Para empezar, se aumenta de 40 a 60 días el plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular, prorrogable por 10 más. Eso significa que se incrementa el período en el que una persona extranjera sin los documentos legales necesarios puede pasar detenida. El aumento se debe, según nuestro ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a que es el tiempo que se “considera necesario para poder cumplir con los trámites administrativos”. Por “administrativos” puede entenderse “de repatriación”.

Las agrupaciones familiares, por otro lado, se dificultan. Antes, los inmigrantes podían traer a su familia si llevaban dos años de residencia legal en España. Ahora deberán ser cinco. En cualquier caso, no podrán acceder a esto los padres que tengan menos de 65 años.No se escapan tampoco los empresarios que empleen sin contrato a inmigrantes que carezcan de papeles. Las infracciones se elevan a multas de hasta 100.000 euros, y los contratos simulados de trabajo o los matrimonios de conveniencia también serán sancionados con dureza.

Eso sí, se reconocen algunos derechos. Derechos que ya recoge la Constitución Española a cualquier persona por el hecho de serlo, y que además están garantizados por el Tribunal Constitucional. Pero ahí están: derecho a la sindicación, asociación, reunión y huelga. Y es que, aunque no se añadiera nada, había que incluir algo amable en un proyecto tan severo y que tan mal encaja en esta época navideña. Es la felicitación especial que ofrece el gobierno socialista de España en estas fiestas, tan especiales para todos.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador).