Garzón defiende incluir la fuga de capitales y los fondos buitre en la justicia universal

BUENOS AIRES- El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero la fuga de capitales que puede ocasionar la quiebra de un país no lo es. La tortura es un delito imprescriptible, pero no así la extracción indiscriminada de minerales en países de África. Ésta es la contradicción que el juez Baltasar Garzón quiere resaltar para ampliar los horizontes del principio de jurisdicción universal.


"Hay crímenes económico-financieros que responden a políticas agresivas y que afectan a países completos, a millones de personas", planteó en Buenos Aires el exmagistrado de la Audiencia Nacional. "También hay crímenes contra el medioambiente que afectan a productos básicos para la subsistencia humana".

Acompañado de su par argentino Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garzón propuso "abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos" sobre la justicia universal –la aptitud de un juez para investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en otro territorio–y que "en unos años va a ser una realidad".

El juez español reconoce que la justicia universal ha sufrido un retroceso en varios países. Fue inevitable mencionar a España. En marzo de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fulminó prácticamente este principio.

Garzón aseguró que de seguir el PP en el Gobierno, será imposible juzgar los crímenes de la dictadura franquista, y que por tanto, se modifique el régimen de impunidad. Reclamó, por ello, que cada partido detalle en los programas electorales las políticas que llevarían a cabo sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

"Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra", alegó el juez español.

Algunos de los delitos con efectos atroces que quedan impunes fueron mencionados: "La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores", detalló Garzón.

"Desarmar un país produce muertos"

"El concepto de delito de lesa humanidad va variando", señaló junto a él Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina. "Lesa humanidad son conductas macro-estafatorias que pueden desarmar países. Por otro lado, lesa humanidad es aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Es también muertes masivas, o genocidios por goteo".

"Desarmar económicamente un país produce muertos y el recalentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos teniendo catástrofes en el mundo en estos quince años es mucho más alta que antes. Si legamos a pasar los dos grados centígrados de calentamiento global, eso no tiene retorno, y no podemos calcular las consecuencias, son imprevisibles", alertó el magistrado.

Garzón encabezará en Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, al que asistirán en septiembre juristas y referentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó a trabajar hace dos años en torno a los nuevos principios que debían guiar la jurisdicción universal. En 2014, Madrid acogió el I Congreso Internacional, y ahora han decidido cerrar este ciclo en Argentina "porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", en palabras del juez.

Luego comenzará otra fase, en la que participarán otras organizaciones, para que el principio de jurisdicción universal no se desentienda de tantos delitos sociales, económicos, financieros y medioambientales que en la actualidad prevalecen sin ser juzgados.


* Artículo aparecido el 20 de agosto de 2015 en el diario español Público.

Cristina Fernández se apunta a la teoría de la conspiración sobre la muerte de Nisman

BUENOS AIRES.- “Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. (…) Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible”. Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández se ha referido a la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman, investigador oficial del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos en 1994.

Fernández expuso también su opinión sobre la denuncia contra ella misma que Nisman había presentado ante la Justicia el miércoles pasado, después de volver precipitadamente de un viaje por Europa, y que iba a explicar en el Congreso este lunes, hasta que el domingo apareció muerto en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza.

La Corte Suprema difundió públicamente el texto de 289 páginas hace dos días. “La denuncia del Fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno”, indica la mandataria en una carta publicada en su página oficial. “Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el Gobierno era la muerte del Fiscal después de acusar a la Presidenta, a su Canciller [ministro de Relaciones Exteriores] y al Secretario General de [la organización kirchnerista ] La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista de la AMIA”.

 

En palabras de la presidenta, “el estrépito de la denuncia, sumado al marco internacional por lo sucedido en Francia, que aún sin pruebas ni sustento, plagada de información “plantada”, quedaba sepultada por la muerte del Fiscal”. Pero “eso sí, bajo la forma de aparente suicidio. Recurso que ya ha sido utilizado en muchos casos tristemente célebres”.

Cristina Fernández corrige con esta nueva misiva el rumbo que tomó en su primera carta publicada este lunes, cuando daba por plausible que el fiscal se hubiera suicidado. “El suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevo a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?", escribió en ese momento. “En el caso del ¿suicidio? del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no sólo hay estupor e interrogantes”.

En su texto dado a conocer este jueves, en cambio, la jefa de Estado expone las preguntas que han rondado muchos de los análisis mediáticos leídos durante estos días. “¿Por qué habría de suicidarse alguien que escribe un mensaje en su chat como el que escribe el fiscal Nisman cuando explica a un grupo cerrado de amigos su regreso intempestivo al país? En un tono casi épico, reflejando que venía a cumplir una tarea ‘para la que se había preparado pero no se la imaginaba tan pronto’”.

Y prosigue: “¿Por qué se iba a suicidar alguien que en su chat explica que la tenía pensada hace tiempo la denuncia] pero que la había tenido que adelantar? ¿Tal vez lo hicieron venir por lo ocurrido en Francia [los atentados en París]? ¿O estaba pensada para la campaña presidencial? ¿O tal vez se adelantó por los cambios efectuados en la Secretaría de Inteligencia?”.

Cristina Fernández desplazó en diciembre pasado al hasta entonces titular de Inteligencia, Antonio Horacio Stiusso (también conocido como Jaime Stiusso), vinculado con la CIA y el Mossad, y muy cercano al fiscal, como había reconocido el propio Nisman. La presidenta rescata, a propósito, unas declaraciones del funcionario fallecido con respecto a este agente de inteligencia.

“Aquí es bueno recordar declaraciones del Fiscal Nisman realizadas el 14 de enero de 2015 en el programa A dos voces del cable TN [del grupo Clarín] (…). Allí, ante una pregunta (…) ‘¿Y qué hizo Stiusso?’, Nisman contesta: ‘Absolutamente todo lo que yo le pedía. Con quien coincidía muchas veces y tenía muchísimas discrepancias. Stiusso en un excelente profesional. No tengo dudas, pero a veces Stiusso como todo hombre de inteligencia venía y me decía ‘tengo ésta prueba, en tal hecho participó fulano’ y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente, la prueba la daba un informante de la triple frontera, ‘pero escúcheme, para inteligencia es bárbara ésta prueba, yo tengo que ir ante un tribunal, me sacan corriendo, que digo me lo dijo el señor Stiusso’ y se generaban discusiones. Yo solamente validaba jurídicamente lo que le podía dar validez judicial’”.

Todo ello para afirmar, en palabras de Cristina Fernández, que “al informe de Nisman le plantaron información falsa”, en referencia a los presuntos agentes de inteligencia que, en su acusación, Nisman había identificado como espías, y que según el actual titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, nunca habían formado parte del organismo.

La mandataria deduce entonces: “Si Stiusso era el que le daba toda la información que Nisman pedía y tenía, es más que evidente que fue el propio Stiusso el que le dijo (¿o le escribió?) que Bogado e Yrimia [los supuestos espías] eran agentes de inteligencia. ¿Es posible que se haya olvidado de que él mismo lo había denunciado en noviembre del año pasado y se había iniciado causa judicial? Y si se había olvidado un hombre tan memorioso ¿No consultó con la oficina de Recursos Humanos?”.

La presidenta revela aquí que “con fecha 12 de noviembre del 2014 la Secretaría de Inteligencia denunció criminalmente al Sr. Bogado por la posible comisión del delito de ‘tráfico de influencia’”, cuando todavía Stiusso comandaba la SI. Aún más: un año antes, la SI recibió un oficio judicial sobre una causa en la que se acusaba a Ramón Allan Héctor Bogado de "extorsión", por lo que se le pedía a la institución que revelara si esta persona trabajaba en espionaje.

“Dichas actuaciones tuvieron lugar antes de que asumieran las actuales autoridades de la Secretaría y quien puso en conocimiento de las mismas a sus superiores fue precisamente” Stiusso, afirma Fernández. “En síntesis, la acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Y ahí está una de las claves. El Fiscal Nisman no sabía que los agentes de inteligencia que él denunciaba como tales, no lo eran. Mucho menos que uno de ellos había sido denunciado por el propio Stiusso”.


Protección al colaborador de Nisman que le dio el arma

​
Con las dudas planteadas sobre Stiusso, quien fuera titular de la SI a lo largo de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y hasta hace un mes, la presidenta también dirige su atención hacia Daniel Lagomarsino, un informático que trabajaba en la Fiscalía de Nisman y que fue quien, el sábado, le suministró el arma con la que Nisman perdió la vida. “¿Por qué iba a pedir prestada un arma para suicidarse cuando el Fiscal tiene registradas dos armas a su nombre”, se plantea.

“Resulta imposible no observar que en cualquier lugar del mundo, si alguien aparece muerto por un arma que está registrada a nombre de otra persona y esa misma persona resulta ser la última que estuvo con él en vida, le entregó el arma en el mismo lugar del hecho, su casa, y es un íntimo colaborador suyo especialista en informática que trabaja también en la causa AMIA desde el año 2007, resulta cuanto menos raro. Muy raro. Por eso es más que conveniente que se le otorgue mucha protección al Sr. Daniel Ángel Lagomarsino”, afirma.

Por eso, las conclusiones de la presidenta son claras. “Había que traer urgente al país [a Nisman] para aprovechar el estrépito internacional provocado por los actos terroristas ocurridos en Francia. Nisman mismo lo expresa en su chat cuando dice que no lo imaginaba tan pronto refiriéndose a lo que venía a hacer en su retorno imprevisto. Lo que nunca pudo imaginar es que el tiempo no solamente había comenzado a correr para la denuncia del siglo, sino también para su propia vida”.


* Artículo aparecido el 22 de enero de 2015 en el diario español Público.

Una trama de asesinato y espionaje convulsiona la política argentina

BUENOS AIRES.- El caso de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman está generando una crisis institucional en Argentina sin precedentes en los últimos años.

La Corte Suprema ha dado a conocer en su página web la denuncia completa de Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, cuando hasta ahora el organismo sólo había publicado fallos de jueces. Nunca se había hecho pública una denuncia de un fiscal, y menos, una acusación que todavía está en trámite para ver si es admitida como causa.

Esto puede ser un claro desafío de la Corte Suprema que lidera Ricardo Lorenzetti contra el Gobierno argentino. No eran, últimamente, muy fluidas las relaciones entre el organismo y el Ejecutivo de Cristina, que en más de una ocasión, ha criticado al Poder Judicial por su falta de independencia ante las corporaciones económicas.

La publicación de la denuncia por parte de la Corte Suprema le da una entidad a la acusación de Nisman que no tuvo mientras él estaba vivo, cuando era el fiscal encargado de investigar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 causó 85 muertos.

A lo largo de 289 páginas, Nisman denuncia “la existencia de un plan delictivo” para desvincular a Irán del ataque a cambio de transacciones comerciales. Y prosigue: "La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní, como surge de las evidencias, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Kirchner, y ejecutada por el canciller Héctor Timerman".

El fiscal también involucra al diputado Andrés Larroque, al piquetero Luis D’Elía y al líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche, como agentes intermediarios entre el Ejecutivo argentino e Irán.

Además, Nisman incluía en su acusación el nombre de dos presuntos agentes de la Secretaría de Inteligencia (SI) como partícipes del encubrimiento. El juez Ariel Lijo, que interrumpió el lunes sus vacaciones de verano para tomar a su cargo la denuncia de Nisman, pidió este martes al titular de la institución, Oscar Parrilli, que confirmará si eran espías.

Parrilli acaba de anunciar que ninguno de ellos es o ha sido agente a su cargo. "Al respecto, consultadas las áreas pertinentes del organismo, se hace saber que los señores Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio", dice el escrito del jefe de Inteligencia.


Sospechas sobre el secretario de Seguridad


Más allá de las impredecibles consecuencias políticas que está teniendo el caso, los ojos de la opinión pública están puestos en la investigación que lleva a cabo la fiscal Viviana Fein por inesperada muerte de Nisman, encontrado en el baño de su vivienda este domingo con un orificio de bala en la cabeza.

La diputada opositora Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal ante la cual Nisman iba a exponer este lunes su denuncia en el Congreso, va a solicitar la comparecencia del secretario de Seguridad Sergio Berni para que explique qué hacía en el departamente del fiscal antes de que llegara la investigadora oficial del caso.

Bullrich detalló a través de su página en Facebook las preguntas que tendría que contestar el secretario de Seguridad. “¿Cómo se enteró de que algo sucedía con el fiscal Alberto Nisman? ¿Cuánto tiempo pasó desde que entró hasta que llegó la fiscal? ¿Se le ocurrió a usted que, habiendo una denuncia contra la presidenta, la fiscal debió haber entrado antes que usted y, en todo caso, que usted no debió estar allí? ¿Por qué usted declaró ese mismo día a la prensa que todos los caminos conducen al suicidio? ¿Qué elementos tenía para aseverarlo? ¿Sacó esa conclusión por usted mismo o lo escuchó de algún funcionario o agente?” son algunas de las cuestiones.

Berni salió a justificar su presencia en el departamento de Nisman. "Yo voy a todos los lugares. En muchos lugares se han perdido muchas cosas por no haber concurrido. Las fuerzas de seguridad están a mi cargo y es mi responsabilidad", dijo en declaraciones radiales. “Ni siquiera ingresé al baño donde estaba el doctor Nisman. Apenas me asomé para mirar".

La actuación policial también está siendo cuestionada. Nisman había citado a los diez agentes de custodia que debían protegerlo a las 11 a.m. del domingo. Los oficiales tardaron más de 10 horas en ingresar al departamento, cuando el fiscal no había respondido a los llamados durante todo ese tiempo.

Pruebas a la luz

La Justicia allanó este martes el despacho de Nisman en la Fiscalía. Su colega Viviana Fein ha solicitado ya el registro de llamadas de todos sus teléfonos. “Se van a evaluar las comunicaciones de hasta cinco días antes”, confirmó la mujer, en coincidencia con el tiempo que estuvo Nisman en Buenos Aires después de volver precipitadamente de un viaje que estaba haciendo con su hija por Europa.

También se revisarán las cámaras de seguridad cercanas al departamento del fiscal, ubicado en un edificio lujoso en el barrio de Puerto Madero, uno de los más caros de Buenos Aires.

Entre tanto, se ha identificado al propietario del arma calibre 22 que fue hallada junto al cadáver de Nisman. Se trata de un empleado de su Fiscalía, el informático Diego Lagomarsino, que aseguró haberle entregado el revólver a Nisman el sábado, un día antes de su muerte, después de que éste se lo pidiera por razones de seguridad.

La investigadora Fein informó hace unas horas que “lamentablemente dio negativo” el barrido electrónico realizado al fiscal para detectar si había pólvora entre sus dedos. No obstante, “al ser un calibre 22 y no un arma de guerra, usualmente éste provoca que el barrido electrónico no arroje resultados positivos", explicó.

Nadie se explica, por el momento, por qué Nisman iba a suicidarse a solo un día de la que sería la jornada más importante de su carrera, cuando presentara ante el Congreso las pruebas que decía tener contra una Jefa de Estado a la que acusaba de encubrir a Irán en el peor atentado de la historia del país.


* Artículo aparecido el 21-01-2015 en el diario español Público.

Argentina hace balance de su lucha contra la impunidad*

“No hay marcha atrás”. Ésta es una de las conclusiones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, que el pasado miércoles presentó un informe sobre el curso de los juicios que desde hace cuatro años investigan en este país los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura (1976-1983), en la que desaparecieron unas 30.000 personas.

“Podemos decir que estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad más importantes del mundo”, sostuvo Lorenzetti. Su afirmación se asienta en los resultados que ofrece el informe: desde 2006 hasta julio de 2010 se han concluido 26 juicios, entre los que se incluye el del último dictador argentino, Reynaldo Bignone, que fue condenado a 25 años de prisión por imposición de tormentos a 56 víctimas entre 1976 y 1978.

Hay otros 11 juicios en trámite, como el que ha procesado al ex dictador Rafael Videla o como el que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron más 5.000 personas y de las que apenas sobrevivió un centenar.

El informe recoge también los detalles de siete juicios más que ya tienen fecha de comienzo para este año. “Esto es el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado en el marco del Estado de derecho”, afirmó el presidente del máximo tribunal. “Ha sido una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás porque es una idea que ha madurado, y no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo”.

Horas más tarde, la presidenta Cristina Fernández alabó como “ejemplo de independencia” a la Corte Suprema, cuyos integrantes, con el apoyo del Senado, fueron designados por el ex presidente Néstor Kirchner durante su mandato (2003-2007).

“Tengo la tranquilidad que el camino de la democracia es éste, no es el de la venganza”, aseguró la mandataria durante un acto. “Esta cuestión no era propiedad de ninguna ideología, no era cuestión de izquierda o derecha, sino que en una sociedad democrática los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y juzgados por los jueces con las garantías que la Constitución otorga”.

Durante la presentación del informe, el presidente de la Corte Suprema estuvo acompañado por el juez español Baltasar Garzón, el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, e integrantes de las asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La presencia de Garzón en Argentina no ha pasado desapercibida en estos días. Desde que llegara el pasado lunes, se ha comprometido a colaborar con el Gobierno en la creación de programas relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, y el martes viajó a la ciudad de Córdoba (centro del país) para asistir a una de las audiencias del juicio en el que Videla y otros 30 represores están acusados de torturar y fusilar a 31 presos políticos.

Su asistencia al proceso no fue sin embargo bien recibida por algunos de los familiares de los represores, que lo abuchearon a la salida de los tribunales federales. “Vivan los cristianos de España, vivan los falangistas, vaya [a] por los terroristas de ETA”, le increparon.

Garzón no fue el único agredido. Alberto Aprea, portavoz de uno de los procesados en este juicio, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, le propinó un golpe en el rostro a un periodista de Radio Nacional de Argentina, Aldo Blanco, cuando éste se aproximó con su cámara para fotografiar a los que insultaban a Garzón.

El Ejecutivo argentino, a través de su ministro de Justicia Julio Alak, repudió más tarde el incidente que atribuyó a “grupos minúsculos que no se resignan a la política permanente, inexorable y ejemplar que desde 2003 lleva a cabo el Gobierno nacional”.

Nobel a las Abuelas

Tras haber acudido a la presentación del informe de la Corte Suprema, Baltasar Garzón se dirigió al Senado para respaldar la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. “Las Abuelas y las Madres ya tienen el premio ganado”, señaló Garzón. “Ya es tiempo de conceder el premio Nobel a aquellos que luchan desde la indefensión y el desamparo más absoluto para que se haga justicia”.

Junto a él se encontraba la senadora Isabel Allende, que también acudió a Buenos Aires para apoyar esta propuesta. “Las Abuelas son un referente moral a nivel universal”, dijo la hija del ex presidente chileno Salvador Allende. “En esta búsqueda de los niños secuestrados, de sus nietos, [las Abuelas] han creado en el mundo entero conciencia sobre estos hechos deleznables que nunca más deben repetirse”.

Esta organización humanitaria ha podido hasta ahora recuperar la identidad de 101 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los militares durante el régimen de represión. Las Abuelas esperan identificar todavía a otros 400 nietos que nacieron en cautiverio durante la dictadura.

* Artículo aparecido el 13-08-2010 en el diario español Público.