Las cartas de cuatro expresidentes españoles en apoyo al exministro franquista Rodolfo Martín Villa

 

Aquí están las cartas de los cuatro expresidentes españoles que intentan presionar a la jueza argentina María Servini ante la indagatoria que realizará este jueves la magistrada al exministro franquista Rodolfo Martín Villa en el marco de la única causa del mundo que investiga los delitos del franquismo.

Martín Villa está imputado como responsable de doce asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad en un contexto de crímenes de lesa humanidad durante el período de la Transición, entre otros delitos.

La primera carta la envió el expresidente Mariano Rajoy (2011-2018) el 2 de marzo de este año.

 

En ella desprecia las “múltiples inexactitudes y falsedades en la que se sustenta la acusación” y defiende la Transición como “un proceso ejemplar de generosidad y afán de concordia” que “fue sólo posible a la indeterminación incuestionable de una generación de personas comprometidas con la plena democratización de España, entre las que se encontraba Martín Villa”.

Rajoy también destaca al exministro por “la reorganización de las antiguas fuerzas de seguridad del régimen franquista”, y observa que “los hechos que se le imputan son falsos, contrarios a toda verdad y abiertamente contradictorios con su ejemplar ejecutoria durante ese tiempo”.

Se permite además la sugerencia de invitar a la jueza “a proceder contra quienes de forma torticera han vertido acusaciones infundadas contra la persona del Sr. Martín Villa y han intentado menoscabar la imagen de España poniendo en duda su carácter plenamente democrático”.

 

La carta del expresidente José María Aznar (1996-2004) fue escrita el 29 de junio.

El expresidente del PP anticipa en el inicio que debe superar “el asombro de que un procedimiento judicial considere que pudo haber genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Transición española”, y a continuación se indigna por las “falsedades” achacadas al exministro.

Aznar no se priva de comentar que uno de los factores del “fracaso del proceso democratizador de la Segunda República había sido el desorden en las calles y la creciente violencia”.

Le comenta su deseo a Servini de que “tuviera la misma posición” que los tribunales españoles al rechazar las comisiones rogatorias, y aunque admite que “hasta junio de 1977 en España no hubo democracia plena”, afirma que los gobernantes bajo la presidencia de Suárez “actuaron como políticos demócratas”, entre los cuales incluye al rey emérito Juan Carlos I.

 

La siguiente misiva fue la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que la firmó el 1 de julio, dos días después que la de Aznar.

 

En ella asegura que España escogió con la Transición “su propia forma de acabar con episodios dictatoriales o autoritarios y dar paso a la democracia” y le recuerda la Ley de Amnistía como “elemento central del Pacto de la Transición (sic)”.

En su definición de Martín Villa, Zapatero lo describe como “uno de los jóvenes políticos que (…) con más convicción y eficacia contribuyeron (…) a afianzar el nacimiento de la democracia” y como una “persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de derecho”.

La carta de Felipe González (1982-1996), fechada en un vago julio, observa que ha conocido “con asombro e incredulidad” la causa judicial que instruye Servini, y sugiere que no sólo el caso debería ser archivado, sino que “se deberían depurar responsabilidades de los que (…) de mala fe lo instalaron sobre bases falsas y sin sentido” con una frase que no debió releer.

 

De Martín Villa dice que fue “impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho” y le recomienda de nuevo que “depure las responsabilidades que correspondan de los responsables de estas denuncias temerarias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa”.

El exministro franquista es uno de los quince españoles de los 20 originales que imputó Servini en octubre de 2014 en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad y de genocidio perpetrados durante el franquismo, período que abarca desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

El caso se asienta en el principio de justicia universal, del que España era referencia hasta que lo eliminó con la reforma de la Ley Orgánica el 15 de marzo de 2014. Esta figura reconocida en el derecho internacional permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.

Desde el inicio de la causa España se ha negado a colaborar con la justicia argentina y ha dificultado cualquier posibilidad de que Servini tome declaración a los acusados bajo la justificación de que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977.

“Depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del franquismo, reconoce presiones en sus intentos por que declare el exministro Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados en la causa sobre el que pesa una orden de extradición.

La jueza María Servini de Cubría, durante la entrevista (Ana Delicado Palacios).

Desde su despacho en los tribunales federales de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría asiente en silencio mientras su secretaria federal, María José Iglesias, enumera la retahíla de exhortos que se han enviado a España para prosperar en un caso que reúne siete años de investigación.

Ya se tratara de imputaciones, pedidos de exhumación, o recolección de testimonios, casi todas las resoluciones de la magistrada han sido resistidas, dejadas sin efecto o esquivadas por la Fiscalía, por la Audiencia Nacional, y por el propio Gobierno de Mariano Rajoy.

Uno de los casos más emblemáticos que ha surgido durante el proceso ha sido el de Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años recién cumplidos aterrizó en Buenos Aires en 2013 para testificar ante la jueza y pedir por los restos de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Guadalajara.

“Cómo no nos vamos a acordar de ella”, rememora Servini. “Estábamos en otro despacho, y había unos 30 españoles que habían venido a declarar. Ella se paró y se puso a llorar”, cuenta.

La jueza remitió tres exhortos en 2014, 2015 y 2016 a los juzgados de Guadalajara para secundar el pedido de Ascensión Mendieta. En enero de este año, finalmente, comenzaron los trabajos en una de las fosas del cementerio. Timoteo no estaba, pero sí los huesos de otras 22 personas.

Tras retomarse las labores de búsqueda en una segunda fosa del camposanto, la magistrada pidió por correo electrónico el pasado 15 de mayo que las muestras de ADN se realizaran directamente en España “para que no se demorara más el proceso”. Veinticinco días después, Ascensión encontraba a su padre enterrado junto a los restos de otras 27 víctimas.

“No te imaginas la alegría que teníamos todos al enterarnos, fue como una fiesta para nosotros”, relata Servini. “Muy feliz me sentí, muy satisfecha. Me hubiera gustado estar allá para poder abrazar a Ascensión y estar con ella”.

La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 está ahora al tanto de las intenciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobierna el PP, de cobrar 2.057 euros por unas tareas de exhumación en las que ni siquiera intervino. “Es una injusticia”, sentencia la magistrada.

Martín Villa

 

Acompañada de su subsecretario administrativo, Alfredo Mangano, la jueza reconoce las dificultades que entraña su determinación por conseguir la declaración indagatoria del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados que quedan en la causa, tras la muerte de otros cinco acusados, sobre el que pesa una orden de extradición desde octubre de 2014.

“Hay un problema ahí”, admite Servini. “Nosotros teníamos que viajar, pero España ha rechazado todos los pedidos para que podamos ir”.

La jueza intentó desplazarse a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los represores de la dictadura, entre los que se encontraba Martín Villa, el exministro José Utrera Molina (fallecido este año) y el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

“Hay mucha presión sobre el tema de Martín Villa. Sabemos que hay presión”, dice lentamente. “No sé con quién tiene relación, sé que con el anterior embajador argentino (Carlos Bettini), que se ve es amigo de él”, desliza.

El abogado de Martín Villa, mientras tanto, insiste en que su cliente declare a través de una videoconferencia.

Servini tiene potestad para incorporar al sumario los testimonios de los querellantes que se acerquen a los consulados argentinos, pero no puede realizar una declaración indagatoria a la distancia. Lo prohíbe la legislación argentina y el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

“Estamos viendo si podremos viajar de nuevo, estamos trabajando en eso. Ahora nos hemos centrado en el asunto de Villa. Si insiste en que quiere declarar, podemos ir a tomarle la indagatoria, y de paso, ver si quieren declarar los demás imputados. Pero para eso, tienen que abrirnos las puertas los juzgados españoles”, sostiene.

La Fiscalía, contra Servini

 

Los impedimentos que se ha encontrado la magistrada a lo largo de la causa se han acentuado desde septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado, a través de un documento interno, instruyó a sus fiscales para que los juzgados provinciales dejaran de colaborar con la querella argentina.

“Hasta que la Fiscalía se expidió, teníamos cierto margen de acción para ir allá y aunque fuera, tomarle declaración a todos los imputados”, reconoce Servini.

Después llegó la orden del Ministerio Público, y la jueza nunca pudo concretar su viaje a España. “Ahora depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”, afirma.

En su juzgado interpretan como una “amenaza encubierta” las afirmaciones de la entonces titular de la Fiscalía, Consuelo Madrigal, que comparó su proceso con el del juez Baltasar Garzón, y que además acusó a la magistrada de seguir un caso “inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”.

 

“Demasiado dura ha sido esa fiscal, porque a nosotros ya nos dejaron ir a España en 2014 para tomar las declaraciones de los testigos”, acota Servini. “La Fiscalía se da cuenta de que tenemos razón, de que vamos avanzando bien, y por eso quieren parar y cortar”.

La investigación judicial de esta magistrada argentina, basada en el principio de jurisdicción universal, ha tenido un impacto sin precedentes. Gracias al testimonio de centenares de personas, la causa cuenta con pruebas fehacientes de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el franquismo. “No pensaban desde España que íbamos a avanzar tanto”, dicen en el juzgado de Servini.

Hay algo que todavía llama la atención de la jueza: el miedo que desde hace décadas arrastran muchos querellantes al momento de declarar.

“Esas víctimas han estado mucho tiempo amenazadas. Yo he hablado con gente que tuvo que aprender a leer y escribir a través de la madre, o de la tía. No sólo no podían estudiar, sino que no podían ni trabajar. Y al no poder trabajar, no tenían qué comer”, lamenta.

La falta de colaboración de España es hoy absoluta. Tras admitir una querella presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el juzgado ha vuelto a reiterar un pedido de información a la jefatura de Policía de Madrid sobre la detención y posterior asesinato del poeta Federico García Lorca. Hace dos meses de aquello. Todavía esperan una respuesta.

* Entrevista en exclusiva publicada en el diario español Público.

El último relato del PSOE

La abstención que acaba de otorgar el comité federal del PSOE para que gobierne el PP de mano de Mariano Rajoy no debería ser una sorpresa. Fiel al histórico reparto de poderes con el que se vienen alternando PP y PSOE desde hace 36 años, con su recíproco apoyo parlamentario a las medidas que más importaban (las económicas), el PSOE no podía permitir que su secretario general respetara lo que los militantes habían expresado en diciembre, esto es, que NO querían un Gobierno de Rajoy.

Con total impunidad, el PSOE decidió descabezarse a sí mismo en un golpe de mano para que luego una gestora, partidaria de la abstención a Rajoy, boicoteara cualquier posibilidad de que sus militantes volvieran a pronunciarse en un congreso. Hecho lo más difícil, sólo le quedaba convocar a ese comité federal que acaba de acordar, por 139 votos a favor y 96 en contra, su abstención en bloque e incondicional, es decir, sin pedir nada a cambio, a fin de que Rajoy siga en la Moncloa.

De los tres partidos principales del Parlamento, sin contar el PP, dos se tragaron sus palabras, y después de cacarear durante meses, durante sus campañas electorales, que lo peor que le podía pasar a España era continuar con un Gobierno con Rajoy al frente, optaron por apoyarlo para que continúe cuatro años más, eufemismos aparte.

Uno de ellos lo hizo, además, desobedeciendo lo que habían exigido sus bases, y cargándose al primer líder de su historia que fuera elegido por sus militantes.
Seguirán con su NO a Rajoy los socialistas catalanes, y algún que otro díscolo. La crisis en el PSOE sólo acaba de comenzar.

Sus militantes y los demás no deberíamos olvidar, nunca, la mayor traición que ha pergeñado el PSOE a sus siglas y al resto de España.

Garzón defiende incluir la fuga de capitales y los fondos buitre en la justicia universal

BUENOS AIRES- El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero la fuga de capitales que puede ocasionar la quiebra de un país no lo es. La tortura es un delito imprescriptible, pero no así la extracción indiscriminada de minerales en países de África. Ésta es la contradicción que el juez Baltasar Garzón quiere resaltar para ampliar los horizontes del principio de jurisdicción universal.


"Hay crímenes económico-financieros que responden a políticas agresivas y que afectan a países completos, a millones de personas", planteó en Buenos Aires el exmagistrado de la Audiencia Nacional. "También hay crímenes contra el medioambiente que afectan a productos básicos para la subsistencia humana".

Acompañado de su par argentino Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garzón propuso "abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos" sobre la justicia universal –la aptitud de un juez para investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en otro territorio–y que "en unos años va a ser una realidad".

El juez español reconoce que la justicia universal ha sufrido un retroceso en varios países. Fue inevitable mencionar a España. En marzo de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fulminó prácticamente este principio.

Garzón aseguró que de seguir el PP en el Gobierno, será imposible juzgar los crímenes de la dictadura franquista, y que por tanto, se modifique el régimen de impunidad. Reclamó, por ello, que cada partido detalle en los programas electorales las políticas que llevarían a cabo sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

"Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra", alegó el juez español.

Algunos de los delitos con efectos atroces que quedan impunes fueron mencionados: "La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores", detalló Garzón.

"Desarmar un país produce muertos"

"El concepto de delito de lesa humanidad va variando", señaló junto a él Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina. "Lesa humanidad son conductas macro-estafatorias que pueden desarmar países. Por otro lado, lesa humanidad es aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Es también muertes masivas, o genocidios por goteo".

"Desarmar económicamente un país produce muertos y el recalentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos teniendo catástrofes en el mundo en estos quince años es mucho más alta que antes. Si legamos a pasar los dos grados centígrados de calentamiento global, eso no tiene retorno, y no podemos calcular las consecuencias, son imprevisibles", alertó el magistrado.

Garzón encabezará en Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, al que asistirán en septiembre juristas y referentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó a trabajar hace dos años en torno a los nuevos principios que debían guiar la jurisdicción universal. En 2014, Madrid acogió el I Congreso Internacional, y ahora han decidido cerrar este ciclo en Argentina "porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", en palabras del juez.

Luego comenzará otra fase, en la que participarán otras organizaciones, para que el principio de jurisdicción universal no se desentienda de tantos delitos sociales, económicos, financieros y medioambientales que en la actualidad prevalecen sin ser juzgados.


* Artículo aparecido el 20 de agosto de 2015 en el diario español Público.

Slepoy: "España da un bochornoso espectáculo de impunidad con la causa del franquismo"

BUENOS AIRES.- Los representantes de las víctimas del franquismo han difundido un comunicado de repudio a la decisión del Consejo de Ministros este viernes, que denegó la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina de ocho exministros franquistas y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad.

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

* Artículo aparecido el 14 de marzo de 2015 en el diario español Público.

Interpol reclama la detención de 19 dirigentes franquistas

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. 

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE

Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.

En la eterna espera

"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".

Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.

Procesos estirados en el tiempo

Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo.  

* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

Las cifras de Rajoy, en su primer aniversario

A un año de su mayoría absoluta en las elecciones que le dieron la presidencia de España, todos los números del balance general de su Gobierno son negativos, salvo uno.

Crédito foto: Reuters

Tras dos huelgas generales, un rescate a la banca, una reducción del presupuesto público, un descenso de la inversión social, una disminución en tiempo y dinero de las prestaciones por desempleo, y una bajada del gasto en educación y sanidad, Rajoy observa los números que han quedado tras los recortes, y desde el palacio de Gobierno, La Moncloa, admiten que no están para “celebraciones”.


Desde que ganara las elecciones en noviembre de 2011 ha subido el desempleo, tanto general, como femenino y juvenil; ha aumentado la prima de riesgo y la deuda pública. También hay bajadas: la de la Producto Interior Bruto (PIB) y la del crecimiento, todo en aras de conseguir un dato positivo: que el bono a 10 años baje.



  Los datos del PIB se corresponden a los del tercer trimestre para poder realizar la comparativa.


En la calle tampoco están para mucha fiesta. El malestar social también ha ido a peor. No llega al nivel de Grecia, en donde ya han celebrado 25 paros generales en tres años, pero la rabia va en aumento.

Rajoy tiene el triste consuelo de haber conseguido varios hitos en el primer año de su Gobierno. Ha realizado el mayor tijeretazo al presupuesto público que se registre en democracia: 13.400 millones. Ha sufrido dos huelgas generales, algo de lo que no puede presumir ningún otro mandatario. Y ha encabezado el mayor ajuste a las cuentas públicas desde que terminara la dictadura de Franco (65.000 millones en dos años).

Y para poder hacer todo eso, ha tenido que romper con todas las promesas que realizó precisamente hasta hace un año, cuando estaba en la oposición frente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y durante su campaña electoral.

“Cuando gobierne bajará el paro”. “Meteré la tijera a todo, menos a pensiones, sanidad y educación”, “No subiré el IVA”. “No habrá un banco malo”. “Daré la cara ante las dificultades sin esconderme”. Fueron en su día grandes titulares que dio Rajoy a la prensa española.

El ajuste en 10.000 millones en sanidad y educación, el copago sanitario (el pago extra por el uso de ciertos servicios) o la decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin documentos en regla pasaron a sustituir en los medios de comunicación los grandes títulos que ofreció el presidente español. La troika, conformada por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea avalaron el rescate financiero a España.

Luego llegarían la subida del IVA o los recortes a funcionarios públicos, pensionistas y trabajadores dependientes, y el coletazo final llegó con los presupuestos de 2013, en los que se reducía las ayudas a servicios sociales, cooperación al desarrollo, cultura, infraestructuras e incluso las ayudas a estudiantes con dificultades.

“Usted me pregunta por qué después de las medidas no hay crecimiento ni creación de empleo", se dirigió Rajoy a un periodista durante una conferencia de prensa que compartió este lunes con la mandataria brasileña Dilma Rousseff. "Yo le podría devolver la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado estas medidas?”, repreguntó.

Entonces, ¿alguna conclusión de este año que ha pasado? "Las medidas que tomamos hacen daño a la gente, pero son imprescindibles", sentenció.

* Artículo publicado en Infobae América el 20 de noviembre de 2011

España: drama e hipocresía sobre los desahucios

Análisis sobre los desahucios en España y los repentinos gestos que han venido desde la Asociación Española Bancaria (AEB) y desde el Gobierno del PP y el partido del PSOE ante el último suicidio de una mujer por la ejecución de un desalojo.

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* Análisis del 12 de noviembre de 2012 en el programa Esquina Libertad de Radio Cooperativa, en Argentina.