Estados Americanos, José Miguel Insulza, se ha encargado de tirar por tierra la exigua confianza que trató de granjearse su institución en la crisis de Honduras. Después de las elecciones ilegítimas del 29 de noviembre rechazadas por la inmensa mayoría de los países de América Latina – excepto Colombia, Perú, Costa Rica y Panamá-, Insulza no ha podido seguir más con el juego de la diplomacia que le permitía hasta ahora quedar bien con todo el mundo.Se celebraron los comicios en Honduras con la oposición del presidente legítimo Manuel Zelaya y con una abstención que en los primeros días se anunció como espectacular –entre el 65 y 70%– y que ahora según el Tribunal Supremo Electoral se sitúa en menos del 40%. Zelaya no sabe ya cómo gritar que es un fraude más que se presenta ante la comunidad internacional con todos los ropajes de una legalidad de la que carece: “No se dejen engañar por este proceso de elecciones que deja libre al golpe de Estado”, dijo.
Y en este momento tan frágil, ha venido Insulza a ningunear la postura de la mayoría de sus miembros, que no reconocen las elecciones, para alinearse con Estados Unidos. Eso es al final lo importante. En vez de actuar como representante de una OEA en la que existe se entrada una discrepancia, el secretario general ha dicho que “el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, está en la "mejor posición" para “reiniciar la restauración” de la democracia y “separarse” del golpe de Estado.
Luego se contradice a sí mismo y dice que la OEA no tiene un “veredicto definitivo” sobre los comicios porque no ha enviado observadores. Entonces, ¿cómo se permite el dar por válido el resultado? ¿Por qué no ha estallado un escándalo de aúpa por sus declaraciones?
Hay algo que no se debería perder de vista en todo este conflicto que se ha prolongado por casi medio año. Los medios en general ya ni lo comentan, sea por malicia o cansancio. Primero, que las elecciones eran parte del Acuerdo de Tegucigalpa/San José, firmado el 30 de octubre, por el que entre otras condiciones el Congreso debía restituir a Zelaya en el poder. Pero la Cámara votó en contra.
Exactamente, en el punto 5 de aquel pacto fallido se decía lo siguiente: “el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. 
Lo que hizo el Congreso es punible. “El Congreso Nacional no tiene ninguna facultad legal para suplantar la soberanía popular y destituir al presidente. Al contrario, esto es un acto tipificado como delito de alta traición a la patria, el cual es imprescriptible”, recordó Zelaya.
Pero no hay que olvidar una segunda parte. Este acuerdo al que Zelaya se rebajó convertía a los representantes de Micheletti en interlocutores válidos, como si no tuvieran legitimidad para estar en el Gobierno pero por arte de magia sí gozaran de ella para firmar un acuerdo. ¿Pero no era que no se podía negociar con los que perpetraban un Golpe de Estado porque era admitir una legalidad de la que carecen?
El secretario de la OEA, con Estados Unidos a la cabeza y con los acólitos latinoamericanos de faldón –entre los que no podían faltar los países de Álvaro Uribe y Alan García– se ha pasado estos dos aspectos por alto. Peor aún, Insulza ha dejado de disimular y ha mostrado por qué la OEA, con Estados Unidos dentro, no sirve para representar a una América Latina soberana. Siempre tendrá que dar explicaciones al supremo. El resto son cuestiones secundarias. Hasta los golpes de Estado.
