Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.

Argentina juzga por primera vez el robo de bebés

Por primera vez, Argentina juzga la apropiación de niños durante la dictadura que padeció el país entre 1976 y 1983. El pasado lunes comenzó un nuevo proceso por crímenes de lesa humanidad y entre los imputados se encuentra el exdictador Jorge Rafael Videla, que ya acumula dos cadenas perpetuas en su historial judicial, y el exgeneral Reynaldo Bignone, el último representante del régimen militar antes de la llegada de la democracia.

Los acusados, esposados, escucharon impertérritos los cargos que se leyeron en la primera jornada del proceso. Fue insólito ver incluso cómo Videla se dormía durante ciertos momentos mientras la Fiscalía leía la acusación. No perdieron detalle las familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la dictadura que acudieron a la sala.

Junto a Videla y Bignone, cinco miembros del Ejército, la Armada y la Prefectura y un médico están acusados de "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad" de 34 menores de 10 años que nacieron durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención, los espacios de los que se sirvió la dictadura para torturar y asesinar a 30.000 desa-parecidos y para sustraer a unos 500 recién nacidos.

Aunque en 1986 y en 1987 se dictaron las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que protegían a los militares de los crímenes de lesa humanidad, la organización Abuelas de Plaza de Mayo intentó que el plan sistemático del robo de bebés fuera considerado por la Justicia como un delito al margen de la protección que daban las leyes de impunidad.

El punto de partida fue una denuncia que presentaron el 30 de diciembre de 1996, y que ha culminado, 14 años después, en el proceso que ha sentado en el banquillo a Videla y a Bignone.

"No se trata de una causa más", señaló durante el juicio el fiscal federal encargado del caso, Federico Delgado, al definir la época de la dictadura como "uno de los episodios más oscuros de la historia argentina".

Entre los 34 casos de sustracción de menores que se abordan en este proceso se encuentra el de Macarena Gelmán, la nieta del poeta argentino Juan Gelmán, que descubrió su verdadera identidad a los 24 años, y el nieto de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuyo paradero sigue siendo todavía desconocido.

102 nietos encontrados

Según la Fiscalía, a partir del secuestro de mujeres embarazadas "se redefinió el plan originario" del régimen, que entonces instaló "maternidades en algunos centros clandestinos estratégicamente elegidos".

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que hasta ahora han encontrado a 102 nietos robados durante la dictadura, luchan en la actualidad por recuperar la identidad de otros 400 jóvenes.

Está previsto que, durante los ocho meses que dure el proceso, desfilen por el tribunal más de 300 testigos.

Entre uno y tres: 3

* Artículo aparecido el 02 de marzo de 2011 en el diario español Público.

Pena de 25 años para el último dictador de Argentina*

El último dictador de Argentina pasará el resto de sus días en una cárcel común. La Justicia condenó el pasado martes al ex general Reynaldo Bignone, de 82 años, a 25 años de prisión por secuestrar y torturar entre 1976 y 1978 a 56 personas en el régimen militar Campo de Mayo, donde funcionaba uno de los centros clandestinos de detención más crueles de la dictadura (1976-1983), y por el que pasaron al menos unas 5.000 personas.

Bignone no estuvo presente durante la lectura del fallo, pero sí reconoció ante los jueces, antes de ser condenado, que durante el régimen militar habían desaparecido 8.000 personas. También admitió el robo de bebés durante la dictadura, aunque indicó que no llegaban a 30. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, cifran en 30.000 las personas desaparecidas y en unos 500 los niños apropiados por los militares. Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 101.

Junto al ex dictador han sido condenados a la misma pena el ex comandante Santiago Omar Riveros y el ex jefe de departamento de inteligencia Fernando Verplaetsen. Otros tres ex militares fueron sentenciados a 17,18 y 20 años de prisión, que también deberán cumplir en una cárcel común. Sólo uno de los imputados durante el juicio fue absuelto.

Éste la primera condena que recibe un ex presidente de facto argentino desde que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003. Hasta ahora más de 600 personas han sido procesadas por delitos de lesa humanidad en Argentina, aunque sólo 59 tienen un juicio abierto en curso.

* Artículo aparecido el 22-04-2010 en el diario español Público.

Argentina juzga su último dictador*

“Sí, acá estoy, hijo de puta”. Después de tres días de juicio, sólo uno de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en el juicio del regimiento Campo de Mayo se dignó a abrir la boca. El ex general Fernando Verplaetsen, que según su defensor “no comprende preguntas y no recuerda nada de la época”, reaccionó de esta manera cuando la acusación se refirió a él y dijo que podía prestar perfectemente la atención a lo que pasaba en la sala. “Hijo de puta”, le repitió el militar de 84 años a un abogado de la querella. “La puta que te parió”.

No están tan sueltos de palabra el resto de los inculpados en un proceso que por primera vez sienta en el banquillo a un ex presidente de facto desde que se anularan en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Su nombre es Reynaldo Benito Bignone, y está acusado de secuestrar, torturar y asesinar a 56 personas entre 1976 y 1978 en el cuartel militar Campo de Mayo, el mayor lugar de torturas y exterminio que funcionó por aquellos años. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas. Los que sobrevivieron no pasan de 50.

Por eso el proceso judicial que comenzó el pasado lunes (día 2) tiene especial importancia. “Se trata de uno de los juicios mas esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos”, ha señalado el ministro de Justicia, Julio Alak. Junto a Bignone, y además de Verplaetsen, que además fue el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, son imputados a su vez otros cinco militares retirados y un ex comisario.

Pabellones del horror

La escasez de testigos que pudieran dar cuenta de lo que sucedió en la jurisdicción de Campo de Mayo fue uno de los principales obstáculos que se encontraron para comenzar con el pleito. Aunque esta instalación no se ha hecho tan famosa como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un campamento de torturas ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, no le queda atrás en lo que a brutalidad y ensañamiento se refiere.

Aquel predio que trató de pasar desapercibido en las afueras de la capital emprendió uno de los más cruentos planes de aniquilación de toda la dictadura. Funcionó de 1976 a 1980, y quien estuvo al mando gran parte de ese tiempo fue el ex general Santiago Omar Riveros. Él es uno de los procesados en esta causa y ya ha sido condenado a cadena perpetua, en agosto pasado, por el homicidio en 1976 del militante político Floreal Avellaneda en lo que fue el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo.

Allí funcionaron, de 1976 a 1980, al menos cuatro centros de tortura y muerte. También existía un hospital que sirvió como maternidad clandestina destinada a las prisioneras embarazadas. Una vez daban a luz (muchas veces tras un parto provocado) les quitaban a los recién nacidos, que eran entregados a aquellos militares que no podían tener hijos con sus parejas.

Bignone ante la Justicia

El ex general Bignone fue colocado en el poder por los militares después de que perdieran ante Reino Unido en su lucha por las Islas Malvinas. Durante su periodo como presidente de facto (1982-1983), y antes de que los últimos coletazos de la dictadura cedieran a la transición democrática, Bignone ordenó la destrucción de archivos que comprometían al régimen que él por entonces personificaba.

Al poco de ceder el poder a Raúl Alfonsín (1983-1989), que fue el primer presidente elegido democráticamente en las urnas, Bignone fue declarado culpable de los crímenes de Campo de Mayo. Se salvó porque su sucesor implantó las leyes del perdón para proteger a los representantes de la represión. Ahora el ex dictador, de 81 años, se enfrenta de nuevo a los tribunales por terrorismo de Estado.

Se han identificado 98 nietos que la dictadura arrebató a detenidas

En la parte querellante del proceso judicial contra Bignone y los otros represores se encuentran representadas las Abuelas de Plaza de Mayo, que durante 32 años han persistido en la búsqueda de hijos de personas desaparecidas y que están presentes en este juicio dado que entre las víctimas se encuentran seis mujeres embarazadas y sus parejas. En estos días, además de celebrar el comienzo del juicio de Campo de Mayo, festejan también la identificación del nieto número 98, llamado Martín Amarilla Morfino.

Su caso es peculiar porque sus familiares biológicos ni siquiera sabían hasta hace unos días que la madre, Marcela Morfino, estaba embarazada antes de ser secuestrada. “Es una alegría, una fiesta”, declaró a Público la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Es como el nacimiento de un chico robado durante la dictadura”, manifestó.

Pero el camino, como ella mismo confiesa, es largo. “Todavía estamos buscando a 400 chicos”, reconocía a este periódico. “Algunos procesos están estancados porque no hay datos para aportar, pero hay otros que están moviéndose”. El final que se espera, en cualquier caso, siempre es el mismo: rescatar la identidad de aquellos que nacieron en una de las épocas más sombrías de la historia argentina. Así hacen honor a las palabras que una vez pronunció el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, las mismas que las Abuelas se encargan de recordar todavía hoy: “Creían que nos mataban, y nos estaban sembrando”.

"En Campo de Mayo no dejaron casi testigos"

Entrevista al abogado Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio

¿Cuál es la relevancia de este proceso?

Es altísima. Por primera vez Mignone, que fue el ultimo presidente de la dictadura, está ahora imputado por crímenes de lesa humanidad, y junto a él, toda la cúpula responsable del lugar clandestino de detención más grande del país.

Entonces ¿están satisfechos?

Nos hubiera gustado que fueran procesados también los que ejecutaron las órdenes. La Justicia no fue eficaz en identificar y llevar a juicio a quienes estaban en las salas de torturas. Con la cantidad tan grande de víctimas que hubo no pueden ser responsables sólo unos cuantos militares.

¿Tendrán lugar otros juicios?

Sí, pero no existe todavía una identificación de los autores directos de los crímenes. Se prevén otros juicios con los mismos imputados.

¿Por qué es tan famoso como campo de concentración la ESMA (La Escuela de Mecánica de la Armada) y no tanto el Campo de Mayo?

La ESMA es mas conocida porque simbólicamente es el centro en el cual hay más sobrevivientes. Por otra parte, impacta mucho que este campo militar estuviera ubicado en la ciudad de Buenos Aires, tan cerca de por donde la gente pasaba todos los días. En cambio el Campo de Mayo está situado en la provincia, a bastantes kilómetros de la capital.

¿Cuántos gente salió viva del Campo de Mayo?

No se sabe exactamente. Por allí pasaron muchos detenidos en distintas circunstancias. Pero lo que se conoce de El Campito, el principal centro clandestino dentro del predio de Campo de Mayo, es que los supervivientes no llegaron a 15.

¿Por qué la imputación de Bignone ha causado tanto revuelo?

Fue el hombre que seleccionaron los militares para ser el personaje de transición, y se lo eligió porque parecía desvinculado de lo más sanguinario de la dictadura. Ya se está viendo que no es así.

* Artículo para el diario español Público (domingo 8 de noviembre de 2009)