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| Máximo Castex (izqda) y Adriana Fernández, una de las querellantes originales del franquismo, junto con Carlos Slepoy y Ana Messuti (ADP) |
La justicia argentina observa
impotente, una vez más, cómo se dilatan los tiempos en la única
causa que investiga los crímenes del franquismo. Hace seis meses
que la jueza instructora del caso, María Servini de Cubría, aguarda
una respuesta al exhorto que envió a España para poder viajar a
Madrid entre el 21 y 27 de octubre e interrogar al
exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa.
“Lo cierto es que ese exhorto se
libró finales de abril y se cursó a principios de mayo para que la
jueza pudiera viajar, pero hasta el día de la fecha no hay
respuesta del juzgado español que supuestamente está
interviniendo en ese exhorto”, afirma a este diario el principal
abogado de la querella argentina, Máximo Castex.
Gran impulsor junto al
fallecido Carlos Slepoy de esta causa que comenzó hace ocho
años, Castex no oculta su frustración por el enésimo obstáculo
que llega desde España.
“Partimos de que ese exhorto se
libró con varios meses de anticipación y estamos a menos de una
semana de la fecha estipulada para realizar el viaje y no tenemos
respuesta”, constata. “A todo el mundo, incluido el juzgado de
Servini, hace pensar que este viaje no se va a poder hacer, y
por lo tanto, tampoco la medida que se requiere en este exhorto”.
Lo curioso es que el propio Martín
Villa pidió declarar ante la magistrada para aclarar su
responsabilidad en la represión del
3
de marzo de 1976 en Vitoria en la que fueron asesinados
cinco trabajadores a manos de la Policía Armada, cuando él era
ministro de Relaciones Sindicales. “De aquí en adelante qué puede
pasar dependerá de la respuesta del juzgado, porque este pedido en
particular fue realizado por el propio Villa, él quiso declarar”,
recuerda Castex.
En una entrevista
concedida a Público, la jueza Servini de Cubría aclaró que no
puede realizar interrogatorios a distancia en
virtud de la legislación argentina y del tratado bilateral de
extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y
Argentina en 1987.
La falta de información es tal que ni
siquiera la querella argentina sabe a ciencia cierta qué juzgado ha
dejado sin responder el exhorto de la magistrada.
“Lo único que
sabemos por instancias del propio defensor de Villa es que
debe intervenir el juzgado nº 5” aclara Castex.
El titular de ese juzgado
de instrucción, dependiente de la Audiencia Nacional, es José de La
Mata. “Pero no hay una
respuesta oficial de que sea ese juzgado nº
5, sólo hay
un escrito del abogado de
Villa diciendo que se está tramitando en ese juzgado”.
En consecuencia,
“a día de hoy no hay
respuesta y no dan los tiempos para
que la
audiencia indagatoria de
Servini se realice en
Madrid”, lamenta el
representante
de la querella. Con
la falta de colaboración de las autoridades españolas “se
desvirtúa la medida que se pretende celebrar. Aunque se responda el
exhorto en el mes de
noviembre, ya va a resultar
extemporáneo”.
Paciencia puesta a prueba
La justicia española no tiene
reparos en diferir los plazos todo lo que puede. Sucedió
con el primer exhorto que envió Servini vía
diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en
el nacimiento
de la investigación, el 14 de octubre de 2010,
para averiguar si se estaban
investigando en España los
crímenes de lesa humanidad del franquismo. La respuesta de la
Fiscalía General del Estado llegó casi un año después,
el 28 de junio de 2011.
La propia magistrada recordaba
en otra entrevista que son incontables los exhortos
que a lo largo de este tiempo han sido diferidos, dejados sin efecto
o sorteados.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró hace una
semana en el Congreso que su cartera dará trámite a “todas las
peticiones de auxilio internacional que se ajusten a la legalidad
internacional”, dado el convenio de cooperación judicial suscrito
por Argentina y España en 1987.
Hace
cuatro años, Servini ordenaba
la captura internacional de
Martín Villa y de otros 19 imputados
originales en el expediente, de los cuales ya fallecieron cinco.
En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones
para interrogar a Martín Villa y a otros represores de la dictadura
por crímenes de lesa humanidad, que sin imprescriptibles.
Al insistir en su
voluntad de declarar ante la magistrada, el exministro franquista
logró que un tribunal de segunda instancia de Argentina garantizara
el año pasado su exención de prisión en caso de que pisara suelo
argentino. Por eso la jueza insistió este año en concretar la
declaración indagatoria de Martín Villa.
Con la expectativa
de que esto suceda se encuentran todas las víctimas de la dictadura,
incluido el primer querellante de la causa, Darío Rivas. Tiene ya
98 años.
* Artículo publicado el 18 de octubre de 2018 en el diario Público.
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