Argentina se asoma al abismo de una nueva crisis

Los indicadores económicos y sociales auguran que este 2018 concluirá como uno de los peores años que afronta el país sudamericano desde 2002, mientras el Gobierno de Mauricio Macri prepara un nuevo ajuste fiscal para recibir más ayuda del FMI.

Fiel a su historia, Argentina se halla una vez más en un período de incertidumbre económica y política que vuelve a dejarla en una situación de extrema vulnerabilidad. La continua depreciación de la moneda local desde hace cuatro meses en una nación que piensa en dólares y cobra en pesos ha llevado al Gobierno de Mauricio Macri a huir hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la consecuente espiral de ajuste y recesión que no hace más que acelerarse.

“Argentina tenía algunos problemas estructurales con un déficit de cuenta corriente, es decir, con más necesidades de dólares de los que ingresaba”, contextualiza en diálogo con Público Mara Ruiz, economista del Instituto de Trabajo y Economía. “Pero un pequeño movimiento de capitales en abril generó una estampida y una corrida hacia el dólar que lleva casi 90 días hábiles, y que ha llegado a este punto porque el Gobierno lo ha manejado mal al no mantener una postura firme y no mostrar adónde quería llegar”.

Tras una actitud errática para contener el tipo de cambio, el Ejecutivo se escabulló en los brazos del FMI. La entidad crediticia accedió en junio a otorgarle en tres años 50.000 millones de dólares, el mayor préstamo que entrega el organismo financiero en toda su historia, con un desembolso inicial de 15.000 millones. A cambio, Macri se comprometió a reducir el déficit fiscal y pactó una serie de metas que a estas alturas han quedado en papel mojado.

“El Gobierno se ató de manos cuando acudió al FMI, cuya visión es que el dólar esté donde el mercado quiere, lo que en Argentina tiene costes sociales y económicos altos”, razona Ruiz. “Las recomendaciones del Fondo no son lo mejor para países emergentes como el nuestro, donde el dólar es una moneda importante, dado que cualquier movimiento se traslada a precios y a los servicios públicos”.

El contexto internacional, como la subida de las tasas de interés de EEUU, repercutió en varios países emergentes, pero ninguna moneda sufrió un impacto de tal magnitud como la argentina.

“Los mercados le quitaron el visto bueno a Macri y la ayuda del FMI no ayuda a restablecer la confianza”, añade la economista. “El Fondo es un prestamista de ultima instancia, uno va cuando no le queda otra. Y cuando uno espera que el dólar siga subiendo, es una profecía autocumplida. Todo el mundo compra dólares, las empresas retiran dólares y los sacan afuera y los inversores se van”.

Confusión en el Ejecutivo

Estupefacto por el fracaso económico que acumula en el tercer año de su Gobierno, y a uno de las elecciones presidenciales, Macri llegó a anunciar la semana pasada que el FMI accedía a acelerar el calendario de pagos, lo que fue desmentido horas después por el órgano multilateral, dado que todavía están en fase de negociaciones.

Arrastrado en ese desconcierto, el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, descartó a continuación que el Gobierno afrontara “un fracaso económico”. La bolsa respondió dejando que el peso argentino se hundiera el jueves un 24 %, de acuerdo al dólar de referencia del Banco Central, que a su vez reaccionó elevando la tasa de interés al 60 %, la más alta de todo el mundo.

El susto fue tal que algunas distribuidoras de alimentos suspendieron la reposición de sus productos en los supermercados ante la duda de cuál sería el precio final del dólar. “Fábricas y proveedores especulan y han aumentado un 20 % los precios sólo en un día. Si el dólar baja, en este país nunca va a bajar nada. Si sube el dólar, sí suben las cosas”, cuenta Manuel Park, dueño de una empresa de lámparas. “En el rubro alimenticio se notará más porque la subida del dólar afecta el transporte y el combustible, y la avivada de la gente hace que suba más todavía. Debería haber un ente que regule a las grandes empresas y a las pyme”.

Impacto en la sociedad

Agosto ha cerrado con una depreciación del peso del 35 %. Si sigue en el cargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará este lunes nuevas medidas en pos de un ajuste fiscal más severo, como la reducción de ministerios y cambios de nombre en el gabinete. Por la noche viajará a Washington para presentarle los nuevos objetivos a la titular del FMI, Christine Lagarde, con la esperanza de que el organismo apresure sus préstamos y así calmar la turbulencia financiera.

Esto puede ser entendido como un acto de fe muy fervoroso ante un mercado cambiario como el argentino, que está completamente liberalizado de modo que capitales pueden entrar y salir a voluntad. Macri, que pensaba que su gestión sería respaldada por los mercados, ha visto cómo se desmoronaba cada uno de sus dogmas mientras tiene cada vez menos margen de maniobra ante las fluctuaciones del tipo de cambio, debido a las restricciones que implica la asistencia del FMI.

La actividad económica, entre tanto, se desplomó en junio un 6,7 por ciento interanual, la peor cifra desde 2009, y en el primer semestre se destruyeron 106.200 empleos registrados, según el Ministerio de Trabajo. La mayor central obrera del país, la Confederación General del Trabajo, ha convocado una huelga general para el 25 de septiembre, la tercera que afrontará el Gobierno de Macri. Extenderán ese paro la dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

“Estas corridas del peso son una maniobra del Gobierno y de las transnacionales que hace que se derrumbe la capacidad de compra del peso argentino”, explica a este diario Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general adjunto del sector autónomo de la CTA. “Aumenta el valor de toda la producción, la inflación se disparará a más del 40 %, y se forzará un ajuste cada vez mayor que implica el despido de trabajadores y el cierre de programas del Estado que atienden a los sectores más necesitados de la población”.

En total, 3 millones de argentinos trabajan en el Estado, sea a nivel nacional, provincial o municipal. “Las provincias concentran la mayor cantidad de trabajadores, con 1,8 millones de empleados. Sumados a los 800.000 que trabajan en los municipios, estos son los sectores más ligados a los servicios públicos como salud, educación y justicia, los cuales se verán aún más deteriorados al reducirse el presupuesto”, afirma el sindicalista.

En cuestión de semanas, 15 de los 44 millones de personas que viven en el país se encontrarán sumidas en la pobreza, agrega Godoy, también secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que tiene 310.000 afiliados.

La única fórmula que obsesiona al Gobierno como respuesta a la crisis es reducir el déficit fiscal, según exige el FMI. El déficit financiero, en cambio, aumentó en julio un 90,6 por ciento, y la balanza comercial alcanzó un déficit histórico, mientras en paralelo se dispara el endeudamiento y el pago de intereses, que engulle cada vez más ingresos.

* ARtículo publicado el 3 de septiembre en el diario español Público.